El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un nuevo llamado para que el Gobierno nacional atienda y facilite una solución a los diferentes conflictos sociales por la ocupación de tierras en el país. También señaló que es necesario que las comunidades involucradas entiendan que es a través del diálogo, la concertación y el respeto de la ley como pueden hacer sus reclamaciones y lograr reivindicaciones. 
 
El pronunciamiento se dio luego de que un grupo de indígenas iniciara una ocupación de tierras en la hacienda Maracaibo, municipio de Miranda (Cauca). La Defensoría del Pueblo ha reconocido en diversos escenarios la necesidad de tierras productivas para grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, en las que se encuentran víctimas del conflicto armado, indígenas, afrocolombianos y campesinos, que hoy exigen al Gobierno nacional su intervención.
 
“Es urgente que el Estado actúe y que el diálogo anunciado por el Gobierno se traduzca en hechos concretos. Por ejemplo, se requiere la definición de las rutas para atender las diferentes reclamaciones, sin que la inacción se entienda como una invitación a las ocupaciones”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

Para la entidad encargada de proteger los derechos humanos, el Gobierno también debe enviar un mensaje a las víctimas de las ocupaciones, en el que se destaque que sus derechos son y serán protegidos, indicándoles cómo y de qué manera. 
            
“Desde la Defensoría del Pueblo ratificamos nuestra voluntad y compromiso de continuar acompañando a las comunidades, facilitando diálogos, acercamientos y acompañando los esfuerzos del Gobierno para que se llegue a salidas negociadas para la protección y garantías de los derechos de todos”, señaló Camargo. 

Recientemente la Defensoría dio a conocer un informe de monitoreo sobre el fenómeno de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país. Allí se destaca que los departamentos con la mayor problemática son Antioquia, Atlántico, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca, Vichada y Cauca; en este último se presenta la tercera parte de los casos de ocupaciones de terrenos.

Del mismo modo, ante el inminente riesgo de una confrontación armada entre grupos ilegales que operan en el norte del Cauca, específicamente en la zona rural del municipio de Caldono, la Defensoría hizo un llamado a toda la institucionalidad del orden regional y nacional para que se implementen medidas urgentes con el fin de proteger a la población civil del municipio. 

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Tras los recientes combates en las zonas aledañas al municipio y la aparición de mensajes en redes sociales con el aviso sobre la pronta materialización de los enfrentamientos, además de la exigencia a las comunidades, particularmente de la zona rural, de resguardarse en sitios seguros, la Defensoría del Pueblo solicitó a los organismos competentes tomar medidas.   

En dicha alerta de inminencia se advierte un escenario de riesgo por la disputa territorial que se viene presentando entre grupos armados ilegales que operan en el norte del departamento del Cauca y han venido causando zozobra entre la población civil.

Por último, remarcó que es indudable la intención del nuevo Gobierno de orientar los esfuerzos para garantizar soluciones efectivas en materia de acceso a tierras, pero ese mensaje no puede malinterpretarse y ser usado como una ‘patente de corso’ para, mediante las vías de hecho, acceder a la tierra, lo cual constituye un claro desbordamiento de la legalidad.