Contando esta semana, restan 11 para que finalice el primer período de la legislatura, que para el paquete del Gobierno deja un saldo que no era el esperado, pues la mayoría de iniciativas no tienen ponencia para primer debate. Se salvan la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación y la reforma política.
Este balance desde todo punto de vista es contrario a lo que espera el Gobierno, pues la ruta que marcó el presidente Gustavo Petro desde el primer momento a sus ministros es avanzar con prontitud en las reformas legales que requiere para el cambio en el país que se ha planteado en su mandato.
En el discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, Petro dijo que “nos toca trabajar desde mañana, el tiempo es un bien escaso. Tenemos poco tiempo, tenemos que aprovechar con intensidad y al máximo el tiempo, no tenemos tiempo”.
En la reforma tributaria, que fue el primer proyecto que radicó el Gobierno el pasado 8 de agosto, y además le dio mensaje de urgencia, vienen trabajando en forma en su discusión el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y los ponentes de las comisiones económicas, por lo cual está cerca de presentarse la ponencia para primer debate.
Sin restarle valor a los demás proyectos, la reforma tributaria es para el Gobierno la más importante de las iniciativas que ha radicado hasta el momento, pues la fuerte inversión social que se ha puesto como meta depende de los $25 billones que espera recaudar.
En tanto que con la reforma política se busca implementar aspectos del Acuerdo de Paz en esta materia, y el Gobierno pretende también que se apruebe antes de las elecciones regionales del 2023, introduciendo cambios como la paridad de género y la eliminación de la lista abierta. Como se dijo, fue aprobada en primer debate la semana anterior en la Comisión Primera del Senado.
Sin embargo, esta reforma tiene el tiempo en contra porque debe rendir los tres restantes debates, correspondientes a la primera vuelta, antes del 16 de diciembre próximo, o se hundirá por tratarse de una reforma constitucional.
Asimismo el Presupuesto General de la Nación para el próximo año fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas, aforado en $405,6 billones.
No obstante, esta iniciativa no cabe incluirla en el balance que hace EL NUEVO SIGLO sobre cómo le va al paquete legislativo del Gobierno, pues de por sí el Congreso tiene que ‘correr’ con el proyecto debido a que por ley debe aprobarse a más tardar el próximo mes.
Vale anotar que las condiciones para que se dé el trámite de la agenda legislativa del Gobierno se supone que en este momento son ideales, esto porque su coalición cuenta con las mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara.
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Por ello para la administración Petro es necesario en este primer año de mandato, como el propio Jefe de Estado lo ha manifestado, lograr aprobar las reformas que ha radicado y otras que vienen en camino en 2023, en salud, pensional, trabajo y de educación, entre otras.
De igual forma se espera esta semana que sea radicado el proyecto de sometimiento colectivo de los grupos armados organizados a la justicia, como parte del objetivo del Ejecutivo de alcanzar una paz total, pues por otro lado la Casa de Nariño se apresta a iniciar una mesa con el Eln con miras a una negociación, pues le reconoce a esta guerrilla estatus político.
En dicha iniciativa de ley se establecen las condiciones para que grupos como el ‘Clan del Golfo’ se puedan acoger a un sometimiento colectivo a la justicia, así como los compromisos que adquieren en materia de desarme, verdad, reparación a las víctimas, a cambio de algunos beneficios penales.
Los proyectos que no despegan
En la Comisión Primera del Senado está pendiente de la designación de ponentes para primer debate del proyecto de reforma al Código Electoral, el cual fue radicado el pasado 8 de agosto por el Gobierno, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
El Gobierno tiene la expectativa de que un nuevo Código Electoral se estrene en los comicios regionales de octubre del 2023. La iniciativa contempla el voto anticipado, transporte gratuito a los sitios de votación, al igual que incentivos a los jurados y al elector, acumulando los descansos compensatorios con las vacaciones.
Introduce reglas sobre las encuestas electorales para evitar manipulación de datos, al tiempo que establece que quien quede segundo en votación en las elecciones presidenciales, a gobernador y alcalde, debe declararse en oposición.
Asimismo en la Comisión Primera del Senado está pendiente la designación de ponentes para primer debate del proyecto que prorroga la Ley 418, o de orden público, que radicó el Gobierno el pasado 30 de agosto.
Esta normativa es vital para el Gobierno dentro de su política de paz total, pues la requiere para negociar, tanto con la guerrilla del Eln, como con los otros grupos armados organizados.
Tampoco ha avanzado en la Comisión Quinta del Senado el proyecto que presentó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por el cual se prohíbe el fracking así como la exploración y producción de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
La iniciativa cuenta con ponentes designados para primer debate, pero aún no han entregado el respectivo informe.
En la Comisión Primera de la Cámara apenas comienza a dar señales de vida el proyecto de reforma constitucional que presentó el Gobierno el pasado 31 de agosto, por el cual se establece la jurisdicción agraria y rural, para resolver los litigios que se presenten en este sector.
El próximo jueves, en la Comisión Primera de la Cámara se realizará una audiencia pública sobre este proyecto.
En tanto que no ha tenido trámite en la Comisión Primera del Senado el proyecto de acto legislativo radicado el pasado 17 de agosto por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, que busca garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección constitucional y su acceso a una vida digna en el campo.