* Preocupante debate presupuestal para 2023
* Apenas si se construye borrador de reforma
El sistema de salud tiene falencias estructurales, muchas graves y sobrediagnosticadas, sobre todo en materia de sostenibilidad financiera del esquema de aseguramiento, barreras de acceso a los servicios, deficiencias en la calidad y oportunidad de los mismos así como altas cargas de mortalidad y morbilidad. Eso nadie lo discute. Pero también ha avanzado de forma superlativa en una mayor cobertura poblacional en los dos regímenes (subsidiado y contributivo), correctivos para mejorar gradualmente la atención a los pacientes y aumentar la eficiencia en entrega de medicamentos, nuevas tecnologías y tratamientos. De hecho, en medio del plan de contingencia por la crisis pandémica, algunos vacíos estructurales en talento humano, asistencia a nivel territorial y eficiencia institucional pudieron ser medianamente solventados.
Así las cosas, que el Gobierno insista en la necesidad de una reforma a la salud no resulta sorpresivo. Sin embargo, como ocurre con el tema pensional y otros ajustes prometidos en campaña, el problema radica en que no existe un borrador que aterrice la plataforma de cambios a implementar. Por el contrario, semana tras semana desde el Ejecutivo se ponen sobre la mesa propuestas puntuales e inconexas. Por lo mismo, en reiteradas ocasiones el Ministerio del ramo ha debido precisar, aclarar o corregir la interpretación sobre el alcance de esas ideas y declaraciones. A hoy lo único claro es que el proyecto para reformar el Sistema General de Seguridad Social apenas se encuentra en construcción y el borrador será presentado en octubre o noviembre.
Esa ambivalencia ha llevado a un escenario confuso. Las cambiantes afirmaciones ministeriales en torno a si debe extinguirse o no el modelo de aseguramiento basado en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y la red de prestadores de servicios públicos y privados han dado lugar a múltiples polémicas entre los actores del sistema y la opinión pública. No es posible tampoco diferenciar las posturas institucionales de la hoy ministra Carolina Corcho de las que defendía en sus tiempos de beligerante activista del sector sanitario.
Pero no es el único problema. Esta semana hubo una fuerte controversia por la asignación de recursos al sector salud en el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2023. De un lado, se acusa a Corcho de pedir una rebaja en la partida proyectada por el gobierno anterior, lo que la alta funcionaria niega y, por el contrario, advierte de un déficit estructural no menor a 5,5 billones de pesos. En el Congreso, de otra parte, varios senadores y representantes a la Cámara insisten en que sí se pidió bajar la destinación de recursos pero el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios viabilizaron, por el contrario, una adición de 1,3 billones de pesos. A su turno, el Consejo Gremial, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, voceros de las clínicas y hospitales así como sindicatos, agrupaciones de pacientes y centros de estudios económicos advierten de un alto riesgo de desfinanciamiento del sistema el año entrante, lo que generaría un escenario dramático sin precedentes. Incluso en el plano político se acusa a Corcho no solo de ideologizar al extremo la política estatal de salud, sino de querer propiciar intencionalmente una crisis de financiamiento y servicio para justificar así la procedencia de la reforma radical que defendía desde antes de asumir la cartera. Ella rechaza tal aseveración, pero insiste en que el actual esquema de aseguramiento debe ser corregido a fondo…
Como se dijo, nadie desconoce la necesidad de ajustar la estructura financiera del sistema, el modelo de aseguramiento, profundizar el enfoque preventivo del servicio, una mejora cuantitativa y cualitativa del talento humano, hacer más eficiente la cobertura territorial asistencial, elevar los estándares de calidad en la atención integral al usuario y otras modificaciones acorde con la ley estatutaria de 2015. Pero ese debate debe arrancar sobre un borrador de reforma concreto y la tesis objetiva y realista de construir sobre lo construido. Mientras ello no exista, el esquema de financiación del sector en 2023 no puede debilitarse, ya que un ‘salto al vacío’ en este campo, como lo han advertido muchos sectores, sería catastrófico.