Uno de los temas más complicados para Colombia es la lucha contra el narcotráfico. En pleno arranque de la campaña presidencial la Universidad de los Andes reunió ayer a algunos de los precandidatos presidenciales en un conversatorio sobre política antidroga.

Los aspirantes respondieron una pregunta base: ¿cuál sería el objetivo y los principales componentes de la política de drogas que implementaría en caso de ser presidente?

El aspirante independiente, exministro y exrector de ese claustro, Alejandro Gaviria, contestó: “Tengo una propuesta que tiene tres componentes principales. El primero tiene que ver con las posibilidades de desarrollo en buena parte de Colombia, que es la única manera de combatir los cultivos de uso ilícito en el largo plazo. En el fondo nosotros estamos confundiendo un problema de desarrollo con un problema de cultivos ilícitos, y para que tengamos una solución a esos problemas de desarrollo debemos tener presencia integral de Estado y tenemos que buscar proyectos productivos, tal vez como lo plantea el mismo proceso de paz”.

“Lo segundo tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y tiene que ver con el control de los insumos, el lavado de activos, la inteligencia para el desmonte de organizaciones criminales. Allí es donde se tiene que poner el énfasis, no metiendo campesinos a la cárcel o atacando al eslabón más débil de la cadena”, agregó.

Finalizó indicando que “el tercer componente de la política tiene que ver con los aspectos más regulatorios y de salud pública”.

A su turno el candidato independiente pero de origen conservador, Juan Carlos Echeverry, expresó: “¿Dónde está el dolor de Colombia? Está en 146 mil familias que producen coca. Está en 130 mil personas que son adictas y sobre todo está en 7,2 millones de niños entre 10 y 20 años que están sujetos a que les ofrezcan, les vendan, los vuelvan adictos, se vuelvan comercializadores de sustancias y que se vuelvan alimento del crimen. Ahí está el problema. No tenemos un Estado eficaz para enfrentar estas problemáticas”.

“¿Por dónde tenemos que empezar? Hay tres frentes de guerra. Siempre hay que mirar las familias que están en las zonas de producción; segundo las familias donde están los 7,2 millones de niños, que son dos y medio millones de familias; y tercero, la economía que está en la mitad. Esta es una guerra económica y la perdimos, y la perdió esta economía y difícilmente está economía puede salvar esta guerra”, explicó el exministro de Hacienda.

Luego se preguntó “¿qué hay que hacer para cambiar la economía? Para cambiar la economía hay que ofrecer lo que ofrece la coca. ¿La coca qué ofrece? Agricultura por contrato, la única forma de ir a Nariño es ofrecer unas circunstancias tan buenas o mejores que las que ofrece la coca. Ellos (los narcos) ofrecen agricultura por contrato, es una forma de capitalismo, y tenemos que ofrecerla igual o mejor si queremos que los 140 mil campesinos cambien. Tenemos que cambiar la eficacia de la Policía en las calles, donde hay varios niños jugando fútbol y en la esquina cinco muchachos dispuestos a ofrecerles droga…”.

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La idea de Petro

De otro lado, el candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro afirmó que enmarcaba su política antidroga “dentro de dos grandes conceptos. Uno es la mitigación del daño, fue lo que practicamos muy balbuceantemente en Bogotá. Lograr que se pueda vivir más y mejor alrededor de una política antidroga”.

“Y dos, el concepto de narcotráfico en Colombia es diferente al resto del mundo. El narcotráfico en Colombia tienen poder político y esto significa control sobre sectores amplios de la población, sea por el lado del consumo, de la producción, o sea por el lado del Estado. Voy a referirme a este tema del narcotráfico con poder político: una de las poblaciones que tiene control del narcotráfico es un sector del campesinado colombiano, 150 mil familias en unas regiones específicas. ¿Ellos están por voluntad propia, por crecimiento demográfico del país? No. Por un proceso político y social de hace siglos estimulado por el Estado es que ese campesinado está allí, porque lo llevaron, expulsado en muchas ocasiones con métodos violentos. Ese campesino está en la selva, donde debería haber selva, mientras en las tierras fértiles hay ganadería donde debería haber agricultura. Un absurdo uso irracional de la tierra en Colombia”, explicó.

Puntualizó que “no hemos modernizado nuestro campo y la víctima de eso, a través de métodos violentos, generados desde el Estado mismo, es el campesinado. A pesar que los campesinos en Colombia son el 30% de la población, no tienen visibilidad ante el Estado, han sido atacados por el Estado. El resultado de esa dejación del campesinado, el resultado de décadas de abandonar una política de reforma agraria de acceso a la tierra fértil, es un grupo bastante grande de campesinos arrinconado en las selvas de baja productividad. Quitarle el poder al narcotráfico es una de las esencias de una política antinarcóticos, quitarle el poder político significa quitarle población”.

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Otras propuestas

La precandidata y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, sostuvo que “nosotros tenemos un deber con los campesinos que siembran coca, que es buscarles alternativas productivas que les permitan salirse de ese negocio y que no regresen. ¿Y por qué regresan? Porque siempre las alternativas productivas que hay en Colombia rinden menos que la coca, la gente se empobrece y retorna a este cultivo”.

A su turno, el precandidato de la Coalición de la Esperanza, Juan Manuel Galán, propuso que a los campesinos hay que darles “una inyección presupuestal. Establezcamos programas de Obras por Impuestos con los batallones de ingenieros militares. Hacer obras de infraestructura social en esas zonas afectadas por la guerra contra las drogas, la violencia y los grupos armados ilegales, construye confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades, permite generar empleo a corto plazo. Y así las comunidades más interesadas podrán tener una carretera para poder sacar sus productos, para poder transportar los insumos, para poder tener oportunidades de seguridad y de comunicación”.

El precandidato de la Alianza Verde Camilo Romero manifestó que “partir de un fracaso, del fracaso de la lucha antidroga en el mundo, es partir de un reconocimiento de que Colombia no puede seguir pagando los platos rotos. Debe haber corresponsabilidad a nivel internacional y es urgente y necesario una interlocución que vaya desde Colombia para sacudir todo lo que ha ocurrido”.  

De otra parte, el precandidato del Centro Democrático, Rafael Nieto, dijo que “tenemos que jugar con la idea de que la cocaína seguirá prohibida internacionalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos a revisar qué fue lo que empezamos a hacer tan mal desde el 2014, que nos ha llevado a lo que tenemos hoy”.

“Creo que hay que hacer varias cosas. Sin duda hay que plantearse una estrategia integral que no se centre solo en el eslabón débil, que son los campesinos que siembran coca, hay que pegarle a las organizaciones y sobre todo a las finanzas, y en eso hay que hacer un trabajo sofisticado, que no estamos haciendo”.