Una cruzada nacional

  • Todos contra la explotación sexual de menores
  • Mantener ofensiva cuando pase pico informativo

 

El abuso sexual de menores en Colombia es un flagelo indignante y que evidencia hasta qué punto ha llegado la degradación en algunos sectores de la sociedad. Las cifras que en las últimas semanas han dado la Procuraduría, Fiscalía, Bienestar Familiar y otras entidades frente a la creciente cantidad de víctimas y modalidades de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ponen de presente que, lamentablemente, no estamos ante hechos aislados sino que, por el contrario, se trata de un fenómeno que en medio de la clandestinidad ha aumentado, no solo en las ciudades en donde hay una tendencia marcada al mal llamado ‘turismo sexual’ -que en realidad encierra un escenario delictivo de extrema gravedad-, sino también en municipios de menor tamaño.

Operaciones como las realizadas por las autoridades en Cartagena semanas atrás, que han tenido un fuerte eco mediático, dejaron patente que la explotación sexual de los menores de edad en Colombia tiene redes de complicidad internacionales, mueve millonarias sumas e implica agresiones tan graves a las víctimas que, incluso, rayan en la esclavitud, según lo encontrado en las pesquisas de la Fiscalía. Pero este caso es apenas la punta del iceberg. La Procuraduría advertía esta semana, por ejemplo, que cada día en nuestro país son abusados sexualmente más de cien menores. De otra parte, en desarrollo de las medidas cautelares del Instituto de Bienestar Familiar para proteger a los niños, niñas y adolescentes victimizados, se ha encontrado que, en un hecho aberrante, hay muchos casos en donde son los propios familiares del menor los agresores o los cómplices de este tipo de ataques.

¿Cómo enfrentar esta situación tan grave? En el Congreso se insiste en el agravamiento de penas como principal fórmula. Las organizaciones que defienden a las víctimas de la explotación sexual recalcan que la ofensiva de las autoridades no solo debe enfocarse en procesar y condenar a las redes de proxenetismo en todos sus niveles sino, también, a los ‘clientes’ de estas, pues a sabiendas de que se trata de una actividad ilegal incurren en ella para satisfacer sus aberrados instintos. También están las fundaciones y estudios sociológicos que advierten que mientras el Estado no sea capaz de detectar e intervenir a tiempo en los casos de grave vulnerabilidad de niños y jóvenes, será imposible evitar que ellos, en medio del desespero y un amplio índice de necesidades básicas insatisfechas, terminen siendo ‘presa fácil’ de la explotación sexual…  

Hay muchas otras ópticas sobre cómo combatir este flagelo, como por ejemplo la creación de un registro nacional de agresores sexuales; un plan más agresivo de extinción de dominio a hoteles, discotecas y otros establecimientos en donde se desarrolla el también mal llamado ‘comercio sexual’; una estrategia de intervención integral en las zonas conocidas como de ‘tolerancia’, pues allí a la sombra de la prostitución de personas adultas se esconden casos de pederastia, pornografía y otras afectaciones a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.

Como se ve, hay un amplio menú de alternativas para combatir la explotación sexual de menores de edad. Algunas de las mencionadas tienen una aplicación más práctica y efectiva que otras. Lo importante, en todo caso, es que el Estado colombiano, en todos sus niveles y desde los tres poderes públicos y sus respectivos brazos ejecutores, active una renovada política pública de protección a la niñez y adolescencia. Una política que combine elementos preventivos y sancionatorios eficaces. Una política que establezca responsabilidades a todo nivel y, de paso, castigos a los funcionarios de entes públicos y privados que no sean diligentes en la lucha contra esta grave problemática. Y, sobre todo, una política de largo aliento, que no corresponda única y exclusivamente a la reacción el publicitado e indignante caso de la ‘madame’ en Cartagena. Sólo en la medida en que todo lo actuado en recientes semanas se convierta en una estrategia de acción permanente, Colombia podría ir saliendo de esta tragedia que desdice de la capacidad del Estado para proteger a los más vulnerables y, por ende, con derechos más prevalentes. Esa debe ser una cruzada nacional.