Se han acostumbrado las sociedades a tolerar su insatisfacción con los órganos representativos, como expresión del desgaste de la política y de la apatía ciudadana. Los indicadores de desfavorabilidad impactan principalmente a los congresos, lo que entraña un riesgo para la estabilidad de la democracia, pues en esa instancia se adoptan las decisiones colectivas.

Ello ha contribuido a la creciente intervención de los tribunales constitucionales, retomando vigencia las discusiones sobre la denominada objeción democrática, respecto a decisiones judiciales que dejan sin efecto decisiones políticas adoptadas por mayoría legislativa. Experiencias como las de Sudáfrica y Canadá, así como posturas orientadas a un mayor diálogo entre las ramas legislativa y judicial resultan de interés, para facilitar un constitucionalismo democrático y una democracia deliberativa.

La transición presidencial en Colombia implica una amplia propuesta de reformas que deberá resolverse por el Congreso.

Alejados afortunadamente de la tentación reformista de la Constitución, se asume que esta es un espacio adecuado para desarrollar materias de orden social que demandan una audaz implementación. Consolidar la carta política a través de leyes, antes que cambiarla, es una ruta razonable, que evita riesgos de mayor división como los que viven otros países de la región.

El país transita por lo que Ackerman identifica como “momento constitucional”: espacio histórico en que la movilización social deja de lado la “política normal” y se provocan transformaciones institucionales sustanciales.

Implementar la reforma rural integral y el acuerdo por el cual se terminó el conflicto con las exFarc, buscar una paz total -incluidos caminos legítimos para erradicar organizaciones criminales y garantizar la convivencia ciudadana-, realizar una reforma tributaria adecuada y progresiva y adoptar un plan de desarrollo conforme las propuestas alternativas de quien ganó la Presidencia, son tareas de hondo calado.

En paralelo, y en forma ambiciosa, se pretende reformar la fuerza pública, transformar la policía y dar un giro a las políticas en materia de lucha contra la corrupción, al tiempo que se plantea una pretensiosa reforma política, que entre otros aspectos impacte la financiación de las campañas y el esquema de voto preferente.

En lo social, se avanzaría en primer término en la construcción del ministerio de la igualdad, lo que implica su articulación con sectores como los de prosperidad y protección social. No obstante, para siguientes legislaturas quedarían temas esenciales por una sociedad más incluyente: el estatuto del trabajo y la formalización laboral, la reforma al sistema de pensiones y la transformación de la salud.

Esta amplísima tarea legislativa se daría a la par con una reforma a la operación del Congreso, en temas como austeridad, eficiencia y régimen de sus miembros, con la que se procura ganar en legitimidad y confianza.

Tiene el Congreso una oportunidad única en sus manos. El acuerdo de unidad nacional logrado ha de ser un camino hacia la deliberación razonada y la identificación de transformaciones necesarias y concertadas para consolidar una visión estratégica de país, dentro de la cual quepan las diferentes opciones políticas, tanto como la alternancia, que a partir de ahora deje de ser esquiva en Colombia.

La tarea demanda inteligencia, generosidad y respeto. La bulla del debate no puede confundir la dignidad del propósito, ni la profundidad de los cambios que se persiguen.

Avanzar requiere trabajar de cara al país, ¡más allá del Capitolio! Implica estructurar amplios esquemas de diálogo ciudadano, mesas de trabajo, audiencias, un Congreso digital, de tal forma que el cambio sea y se sienta construido por una sociedad anhelante de futuro. Es la hora de una política ciudadana, el Congreso tiene la palabra.