PESE A OPOSICIÓN DEL GOBIERNO Y GREMIOS
A punto de ser aprobaba jornada laboral de 42 horas

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El proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral pasando de 48 a 42 horas semanales, que fue propuesto inicialmente por el expresidente Álvaro Uribe, está a punto de ser aprobado por el Congreso. La iniciativa, que no es avalada por el Gobierno y los gremios empresariales, está en manos de la plenaria de la Cámara.

Lo que se busca es que las horas semanales se reduzcan de manera progresiva y en ninguna etapa se afectarían los sueldos, es decir, no se disminuiría el pago por trabajar menos horas.

Asimismo, el texto que ya fue aprobado en tres debates, ha sido rechazado incluso por el Gobierno que argumenta que generaría más obstáculos para formalizar el empleo.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Bruce Mac Master, señaló que este cambio aumentaría costos para la creación de empleo. Además, según el análisis realizado por la agremiación, en promedio, las empresas tendrán que cargar con un costo semanal de $85.309 por persona para cubrir las ocho horas.

Según la iniciativa, se estima que las empresas contratarían más trabajadores, al mismo costo, para suplir las horas no laboradas, si se aprueba el proyecto de ley; pero, según los gremios, la probabilidad de que opten por pagar horas extra y recarguen de trabajo a los empleados es bastante alta.

Actualmente son 6,2 millones de personas las que trabajan más de 42 horas a la semana, el 81% del total, y el costo anual de las horas no laboradas tendría un impacto del 2,7% del PIB.


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La ANDI

En un análisis realizado por la ANDI, señala que, a pesar de los beneficios para los empleados, la medida afectaría gravemente la economía del país.

Según un documento de los empresarios, “para Alemania la reducción de la jornada laboral no tuvo efectos positivos en los 80′ y 90′. En Francia, debido a la reducción de 40 a 39 horas en 1982 se incrementó el desempleo. Igualmente, entre 2000 y 2002, se redujo la jornada de 19 a 35 horas laboradas, pero no significó ningún aumento en la taza de empleo del país europeo”.

Señala el análisis que los esfuerzos se deben centrar en controlar, efectivamente, “el respeto de las jornadas legales actuales”. Además, estas cifras, que no cuentan con el estudio profundo del impacto de la coyuntura, y el incremento sostenido del desempleo, le permiten a la ANDI asegurar que esta normativa agravaría significativamente la generación de empleo debido a los incrementos relativos de los nuevos costos laborales.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda envió su concepto negativo, los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara aprobaron el texto. Ahora corresponde a la plenaria de esta instancia su último debate y si es aprobado por la mayoría más uno de los representantes, empieza su trámite en Presidencia y luego en la Corte Constitucional para ser ley.

Debate

Sin duda, la reducción de la jornada laboral, que propuso el exsenador Álvaro Uribe Vélez, abrió un amplio debate y rechazo por parte de los gremios empresariales en el país, que señalaron que la medida no contribuye a la productividad de las empresas y podría afectar la generación de empleo.

Además de la postura de la ANDI, también Fenalco y Anato rechazaron la iniciativa y aseguraron que no es conveniente por la baja productividad de las empresas y la alta tasa de desempleo que provocó el aislamiento decretado para evitar los contagios de coronavirus en el país.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que “si esta reducción de la jornada laboral se llegara a dar en Colombia, significaría inmediatamente que las ocho horas de disminución de la jornada, que se van a necesitar en una gran mayoría de empresas industriales, comerciales, de turismo, actividades comerciales, etc. se incrementará en un costo del 20%, que en esta época de pandemia es absolutamente inconsecuente”, afirmó Cabal.

Por esa razón, según Cabal, se reduce la competitividad y la posibilidad de generar empleo, justamente en medio de la situación de recesión que vive el país. “Es totalmente inconsecuente lo que está haciendo el Senado de la República y esperamos la firmeza de todos los empresarios y el Gobierno nacional para oponernos a esta gravísima iniciativa”, puntualizó.

A su vez, la Asociación Colombiana de Agencias de Turismo (Anato) consideró que “no es prudente” impulsar la reducción de la jornada laboral en el país, porque incrementaría los costos de funcionamiento del sector turístico, uno de los más afectados por el aislamiento preventivo durante la pandemia de coronavirus.

“Esta iniciativa afecta no solo al sector turismo, sino también a todos los empresarios del país, toda vez que no es consecuente con la realidad actual, va en contra de la recuperación que se busca después de la recaída que ha tenido todo el país, afecta la generación de empleo y la competitividad”, manifestó Paula Cortés Calle, presidente de Anato.


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Impacto

Al igual que lo han señalado los críticos del proyecto, la reducción de la jornada laboral llevaría a que todas las empresas, incluidas las del sector turístico, se vean obligadas a tener un tiempo menor de servicio diario o contratar más personal que cubra las ocho horas que se eliminarían de la semana.

Si se aprueba, dicha reducción de la jornada sería paulatina y empezaría en 2021 con 47 horas laborales, en 2022 con 46 horas, en 2023 con 44 horas y en 2024 con 42 horas.

Gremios advierten que esta propuesta afectaría la contratación empresarial y tendría un alto costo en la economía, que, según cifras de la Andi, se estima en $14 billones.

Por su parte la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf), dijo que “esas propuestas no pueden ir en contra del bienestar económico de las empresas que son las que sostienen el mayor número de empleos en el país y a mediano o largo plazo impactarían las dinámicas de contratación debido al incremento en los costos de operación”.

Señaló Andigraf que “en la industria gráfica en particular, la operación productiva se impactará negativamente por interrumpir el funcionamiento de las máquinas, que incluye el alistamiento y fabricación en línea, lo que finalmente incrementa costos y acelera las necesidades de mantenimiento de los equipos al tener que forzar las maquinas a un mayor ritmo de trabajo”.

Explican que “la disminución de horas laborales, no reduce los ciclos de aprendizaje para asumir los cargos, ni tampoco habilita la disponibilidad de profesionales capacitados para suplir las vacantes especializadas, las cuales en la industria gráfica ya han sido impactadas según cifras del Ministerio de Educación, en donde tomando como ejemplo, los tecnólogos en diseño gráfico y afines disminuyeron en -28,7% y los graduados en tecnología en comunicación publicitaria disminuyeron -58,5%, para dar un muestra de la potencial falta de trabajadores en el sector ante una posible mayor demanda de estos”.

La jornada en otros países

Colombia es uno de los países de América Latina con la jornada laboral más larga, junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, que tienen establecidas 48 horas semanales, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

Por su parte, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador, junto a Chile, se ubican en el rango de 40 a 45 horas laborales a la semana. Chile, recientemente, debatió en el Congreso la reducción de la jornada a 40 horas, aunque la medida no se logró.

Según un estudio de la OCDE, a la que pertenece actualmente Colombia, publicado en 2015, México y Costa Rica son los dos países que más horas trabajan al año, entre las 38 naciones más desarrolladas, 2.246 y 2.230 horas anuales, que se traducen en cerca de 45 horas semanales en promedio.

En ese informe, la OCDE concluyó que los países más desarrollados del mundo, trabajan media hora menos en promedio con las demás economías. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo consideró en 2019 que en los países con altas tasas de informalidad laboral, como el caso colombiano, las medidas de control de la jornada no tienen efectos para garantizar los derechos laborales.