SENADO APROBÓ PONENCIA PARA CUARTO DEBATE
La reforma a la justicia ya no tiene reversa

Corte Suprema

Después de varios intentos que se han hecho en los últimos años para reformar la justicia, todo apunta a que el actual proyecto estatutario, que acumula iniciativas del Consejo Superior de la Judicatura, del Gobierno y del Congreso, será aprobado después de que ayer en la plenaria del Senado se le dio visto bueno a la ponencia positiva para el cuarto debate de la iniciativa y se inició su votación.

La ponencia positiva para seguir el debate de la reforma fue aprobada en la Plenaria del Senado con 66 votos de los partidos mayoritarios de la coalición de gobierno e independientes, contra 17 votos que solicitaron su archivo, entre los que se cuentan los sectores de oposición con los partidos Alianza Verde, Comunes, Polo Democrático, Lista de la Decencia, entre otros.

De igual manera, la plenaria del Senado negó las modificaciones que se hicieron en la ponencia a los artículos 2, 10, 12, 13, 14, 15, 67 de este proyecto, y que el coordinador ponente para el cuarto debate, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, invitó a sus colegas que acompañaran.

Asimismo, previo a iniciar el cuarto debate de la reforma estatutaria a la justicia se sometieron a votación 51 impedimentos presentados por causales como investigaciones en curso y parentesco, de los cuales tan solo uno fue aceptado.

Esta iniciativa para su trámite legislativo acumula el proyecto No. 295 de 2020 Cámara, de autoría del Consejo Superior de la Judicatura; el proyecto No. 430 de 2020 Cámara, de origen parlamentario; y el proyecto No.468 de 2020 Cámara, presentado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.

El Ministro de Justicia dijo que uno de los temas clave de esta reforma es el componente tecnológico y digital que sería adecuado a la administración de la rama.

“Buscamos facilitar herramientas flexibles al Consejo Superior de la Judicatura para tomar medidas de descongestión y agilidad en los procesos bajo criterios de demandas de justicia, estudios de conflictividad y con rendición de cuentas claras”, dijo Ruiz Orejuela.


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Añadió que “otro punto que no podemos dejar por fuera es adaptar la administración de justicia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital que todo el país conoce, como fue el préstamo del BID a nuestro país, buscando la eficiencia y efectividad en tiempo en costos para el Estado y el ciudadano”.

Respaldo Corte Suprema

Este proyecto adecúa el gobierno y administración de la Rama Judicial a la arquitectura constitucional establecida en el Acto legislativo 02 de 2015, Reforma de Equilibrio de Poderes, y el precedente de la Corte Constitucional.

En ese sentido, la iniciativa, entre otras, adapta la conformación autónoma y funcional del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial; y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como órgano técnico y administrativo ejecutor.

De igual forma en el proyecto de reforma se determina la función constitucional del Consejo Superior de la Judicatura para ubicar y distribuir los despachos judiciales de acuerdo con la conflictividad social y la demanda de justicia a nivel local y rural, permitiendo la creación de juzgados itinerantes.

De otra parte, la Corte Suprema de Justicia calificó ayer a través de su presidente, magistrado Luis Antonio Hernández, este proyecto como un paso adelante.

En su intervención en el último debate del proyecto, el Presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria pidió la aprobación de la iniciativa, al tiempo que advirtió la inconveniencia de disposiciones como la homologación de experiencia en otras profesiones y disciplinas distintas para ocupar cargos propios del Derecho.

El magistrado Hernández Barbosa expuso algunas de las observaciones y propuestas que fueron objeto de consenso en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, enviadas en días pasados al Senado de la República.

En general, la Corte manifestó su satisfacción con el proyecto. Señaló que, aunque no es una gran reforma, es “un paso adelante en el mejoramiento de las condiciones de la justicia del país”.


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El Presidente de la Corporación destacó el contenido de la iniciativa en materia presupuestal. Compartió la afirmación de varios congresistas en el sentido de que el artículo que mejora el presupuesto de la Rama Judicial vale esta reforma.

Solo si se mantiene esta disposición valdría la pena “el esfuerzo que ha hecho el Congreso de la República en sacar adelante este proyecto de ley”, subrayó el magistrado Hernández, agregando que el aumento de presupuesto judicial se traducirá en mejorar el acceso a la justicia.

“Se nos pide que produzcamos más, más compromiso con el conflicto que nos corresponde resolver cotidianamente, pero el país está muy lejos del estándar internacional en materia de jueces”, señaló.

Sin embargo, el presidente de la Corte expuso algunos de los cambios que la Corporación propuso. Uno de ellos tiene que ver con el parágrafo 2o. del artículo 67 del proyecto, que ha sido objeto de críticas públicas porque plantea que para ser magistrado de Alta Corte, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Procurador o juez de la República se valga la experiencia profesional adquirida en disciplinas como ciencia política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública.

Así, por ejemplo, de aprobarse esta propuesta podrían aspirar al cargo de juez penal municipal abogados con experiencia de tres años en administración de empresas. Eso es “totalmente inconveniente y, por lo tanto, le solicitó al Senado que no sea aprobada”, expresó el magistrado Hernández Barbosa.

En materia de gobierno de la Rama Judicial, el Presidente de la Corte defendió la reconfiguración de la Comisión Interinstitucional, lo que explicó no significa que los presidentes de las Altas Cortes vayan a coadministrar ni a celebrar contratos.

“La Comisión Interinstitucional, como está planteada en la proposición y que no cuenta con el Fiscal General de la Nación, va a intervenir en ciertos temas que interesan a los jueces porque hacen parte de su responsabilidad misional”, precisó el Magistrado al aclarar que se busca es su participación en ese diseño, lo cual para la Corte es supremamente conveniente, “en lugar de mantener una Comisión Interinstitucional que no tiene ninguna responsabilidad”.