Por más que se quiera disimular, hace algún rato, los colombianos no presenciábamos tan manifiesto acto despótico como el acaba de suceder; esto sucede cuando el gobernante actúa claramente contra la ley, cuando quien ejerce el poder abusa de los demás. Me refiero concretamente a la actuación de la Jefa de Gabinete del Gobierno, cuando somete a su empleada al polígrafo y un procedimiento de investigación criminal.
Nos enteramos por los medios de comunicación que a la referida funcionaria se le desaparecieron varios miles de dólares, que había recibido para viáticos en viajes con el Presidente de la República; dinero extraviado, al parecer en su propia casa y no se le ocurrió cosa distinta que sospechar de su empleada, la niñera de su hijo. Hasta allí todo suena lógico.
El problema, es que, prevalida de su poder como Jefe de Gabinete, consiguió que la policía de Palacio condujera a su empleada sospechosa, forzadamente al parecer, a instalaciones gubernamentales, Edificio Galán, al frente del Palacio de Nariño y la sometieran al polígrafo contra su voluntad y a un interrogatorio presionado, insinuante, denigrante y abusivo, según los dichos de la misma niñera.
Muchos interrogantes nos quedan después de dicho procedimiento que, en lo esencial, ha sido admitido por la funcionaria en declaraciones que ha dado a medios de comunicación, quien ha querido restarle valor, señalando que ella es la víctima, que no ha violado la ley y que ese mismo día puso la denuncia del hecho delictuoso ante la Fiscalía.
Lo primero, es que ningún funcionario del Ejecutivo, comenzado por el Presidente y continuando por su Jefa de Gabinete, puede investigar a nadie; eso corresponde por ley a la Fiscalía y a los jueces. Quien ordene investigar, interceptar, aplicar el polígrafo, investigar por la UIAF, etc, está actuando por fuera de la ley, es un déspota. La funcionara se debió quedar en la colocación de la denuncia. Lo demás es abuso de poder, constreñimiento, suplantación de funciones y secuestro, etc.
Y no se diga que es un asunto menor, que el país tiene otras cosas en que preocuparse. De menor, nada. Es la libertad de las personas, el despotismo haciendo de las suyas; el día que el país lo acepte, todo estará perdido para Colombia. Hay que investigar a la funcionaria por el rosario de posibles delitos cometidos; a los policías que dejan de cumplir su deber de salvaguardar a los ciudadanos, para ponerse al servicio de la arbitrariedad. Si esto ocurre en los linderos de palacio presidencial, ¿qué nos espera a los colombianos?
Y qué decir de los viáticos que no se gastan. Entonces por qué se cobran y se ahorran en efectivo. ¿Acaso el patrimonio público puede ser objeto de pagos por gastos no ocurridos, al punto que el funcionario público pueda conservarlos? Los viáticos si no se gastan, no se causan. Los cobran, cuando en realidad se están cubriendo directamente por el Estado de otra manera. Mucha explicación nos debe la funcionaria y los colombianos tenemos derecho a que las ofrezca.