* Desmienten suspensión de comicios
* Fortaleza de la democracia colombiana
El próximo domingo más de 39 millones de colombianos deben asistir a las urnas para definir cuáles serán los dos candidatos que disputarán, en el balotaje final de junio, la Presidencia de la República.
Si bien es cierto, como lo hemos reiterado en estas páginas, que tras las graves irregularidades en los comicios parlamentarios del 13 de marzo la confianza en el sistema electoral sufrió un duro golpe, aspiramos a que no por ello se pueda poner en duda la validez y legitimidad de la democracia colombiana y la institucionalidad que la sustenta.
Hemos advertido que tanto la Registraduría Nacional, como el Consejo Nacional Electoral, el propio Gobierno y los entes de control y vigilancia deben redoblar, dentro de su respectivo rango de competencia, su gestión para garantizar que la cita en las urnas que definirá el relevo en la Casa de Nariño sea lo más transparente y fiable posible. Una labor crucial en la que las propias campañas, las organizaciones de veeduría nacional e internacional y la ciudadanía misma deben tener un rol muy activo y decisivo.
Es claro, por ejemplo, que faltó mayor diligencia en la contratación de una auditoría extranjera al sistema de preconteo y escrutinio de votos. Solo el fin de semana se concretó esta instancia. También pudo manejarse con más eficiencia la escogencia de nuevos jurados de votación y testigos electorales. Las polémicas frente a estos dos temas evidencian que no se socializaron suficientemente los correctivos. De hecho, buena parte de los partidos guardaron silencio ante los exabruptos en los registros electorales de las parlamentarias. Igual hubiera sido preferible que tanto la Fiscalía como la Procuraduría dieran mayor prioridad a las pesquisas sobre los escandalosos hechos del 13 de marzo, en donde de un insólito desfase inicial de medio millón de votos se pasó luego a un más gravoso e inexplicado descuadre de un millón de sufragios. Y, por último pero no menos importante, resulta innegable que el llegar a la primera vuelta de la contienda por la Jefatura del Estado sin conocerse todavía los resultados definitivos de la votación al Senado, es una mácula muy grande que impide resarcir el inmenso daño ocasionado a la credibilidad y transparencia del sistema electoral.
Sin embargo, una cosa es que persista el nivel de desconfianza en la eficacia del mecanismo de preconteo, escrutinio e información electoral, y muy otra que el candidato que lidera las encuestas llegue al extremo de advertir, sin prueba alguna, que el Gobierno estaría pensando en aplazar la cita a las urnas como parte de una tramoya para un presunto fraude a la voluntad popular y extender su permanencia en el poder. También habló de una supuesta intentona de ‘golpe de Estado’ y hasta de suspender a las instituciones de la organización electoral. Incluso el aspirante convocó a otros candidatos a una reunión urgente sobre la materia.
Hizo bien el Ejecutivo en desmentir de inmediato, calificando la tramoya de “absolutamente falsa” y llamando a los candidatos a no generar desinformación. Otros sectores políticos también descartaron que exista la posibilidad de aplazar los comicios y recriminaron que en medio de una campaña tan polarizada y con los ánimos tan encendidos en todo el país por la cuenta regresiva proselitista, se recurra a una afirmación tan escandalosa, sin presentar una sola prueba o evidencia. No faltaron tampoco voces que alertaron que ese tipo de señalamientos son muy irresponsables y pueden generar una escalada de protestas de alcances imprevisibles frente a los resultados de las urnas, sean cuales sean.
Tampoco tienen lógica alguna las voces de distintos sectores políticos que insisten en que se designe un Registrador Nacional ad hoc a estas alturas. Debió hacerse en su momento, hace más de dos meses. Una propuesta de ese calibre faltando escasos seis días para las elecciones carece de sentido común.
Es necesario, por tanto, llamar a las campañas a actuar con responsabilidad y ponderación. Si bien es entendible el nerviosismo propio de la cercanía de la votación, no se puede por ello propiciar escenarios de pánico entre la población ni tampoco generar, bajo un claro móvil electoral, un clima insano de presión a las autoridades así como de sospecha previa y generalizada sobre todo aquello que no beneficie a determinada tolda política. Ese proceder desdice y preocupa, pero sobre todo demuestra el grado de nerviosismo en que se encuentra esa campaña. O también que se están buscando fantasmas donde no existen.