UN NUEVO escollo se presentó en la política de paz del Gobierno al anunciarse en las últimas horas que suspende de manera unilateral el cese el fuego bilateral que había adoptado con el Estado Mayor Central desde el 31 de diciembre pasado, debido a la masacre en Putumayo de cuatro menores de edad indígenas que se atribuye a esta organización. La medida aplicará en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
Sin embargo, el Ejecutivo mantiene el cese bilateral el fuego con esta organización, disidente del Acuerdo de Paz que firmó en 2016 la entonces guerrilla de las Farc, en otras regiones del territorio nacional en donde considera que se ha respetado la medida y que se ha generado distensión.
Según comunidades indígenas, los menores de edad fueron reclutados por el Estado Mayor para integrarlos a sus filas, aunque ellos, posteriormente lograron escapar y retornar a sus territorios.
En días pasados, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denunció que integrantes del Estado Mayor buscaron a los menores y los asesinaron el pasado 17 de mayo.
Este hecho provocó la indignación en todo el país y críticas al Gobierno porque se produce en medio del cese el fuego bilateral que se pactó con el Estado Mayor Central, por el cual se obliga junto con el Ejército a no desarrollar acciones ofensivas entre sí. Además, este grupo delincuencial queda comprometido a no afectar a la sociedad civil.
El presidente Gustavo Petro fue enfático en que “matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo”.
Añadió el jefe del Estado que “un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto: cese el fuego significa cese de hostilidades a la población civil, entrada del estado civil a la zona para transformar las economías no legalizadas en economías prósperas para el campesinado, acuerdos de sostenimiento de las tropas en conflicto”.
Por su parte la Casa de Nariño señaló en un comunicado que “se conoció el asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, en el departamento del Putumayo. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”.
Agregó que el “Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022”.
Indicó que para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-Farc en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir.
“En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Estas actuaciones serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La decisión se hará efectiva en las próximas 72 horas”, señaló la Presidencia de la República.
- Le puede interesar: ¿Por qué prevalece inseguridad en Bogotá? Concejales responden
Responde el Estado Mayor
El autodenominado Estado Mayor Central reaccionó en un comunicado al anuncio del Gobierno de que suspende el cese el fuego bilateral en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.
“El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, advirtió este grupo al margen de la ley.
Agregó que “este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese el fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno”.
En cuanto a la masacre del Putumayo, señaló el grupo delincuencial que “los hechos que se nos acusan nunca fueron verificados e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”.
Por su parte el fiscal General, Francisco Barbosa, dijo a Semana que “la torpeza en el manejo de la paz es total, pone en peligro a los ciudadanos y afecta la labor de la Fiscalía”.
Añadió que “el cese al fuego con las disidencias se constituyó en una causa para que se produzcan estas tragedias en Colombia. No había delimitación geográfica”.
Por su lado el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al Derecho Internacional Humanitario que habrían sido cometidas por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc a lo largo de este año”.