¿Quien paga las consultas populares?, sigue incertidumbre

Foto archivo El Nuevo Siglo

La realización de consultas populares en el país quedó de nuevo en entredicho en las últimas horas después de que Registraduría Nacional del Estado Civil se viera en la necesidad de suspender, por falta de recursos, la jornada para que los ciudadanos se pronunciaran a favor o en contra de la creación del Área Metropolitana del Centro Sur de Caldas.

El Ministerio de Hacienda, según lo manifestado por la Registraduría Nacional, no entregó los recursos para hacer esta consulta argumentando que la financiación de este mecanismo está a cargo de las entidades territoriales y no de la Nación.

La Registraduría Nacional considera lo contrario y de esta forma se revive una polémica que tuvo origen a finales del 2017 y que como efecto ha derivado en que van más de dos años que no se hace una consulta popular en Colombia.

La consulta popular es uno de los siete mecanismos de participación ciudadana que estableció la Constitución del año 91, y que desde entonces su realización  había sido costeada con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar en 2017 para las consultas populares por la explosión de iniciativas que surgieron en diferentes regiones del país por parte de ciudadanos preocupados por los efectos de la minería y la explotación del petróleo en el suelo, el agua y el aire.

De un momento a otro la consulta popular pasó de un mecanismo poco conocido y utilizado a un asunto que se puso en el centro de la opinión pública, ante la incertidumbre del sector minero y el propio Gobierno, pues en la mayoría de estos ejercicios ganó el No al desarrollo de esa actividad en los territorios.

Sin embargo en octubre de 2017, el Gobierno emitió una comunicación en que advirtió que no tenía más plata para financiar en lo que restaba de ese año las consultas populares y las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores, y que por ello municipios y departamentos tendrían que meterse la mano al bolsillo.

A través de la Resolución 3582 de 2020, el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, suspendió la convocatoria de la consulta popular que pretendía crear el Área Metropolitana del Centro Sur de Caldas.

En el acto administrativo, la entidad argumenta que “es la Registraduría Nacional del Estado Civil competente para dirigir y organizar los mecanismos de participación ciudadana, tanto de origen nacional como territorial. Por lo tanto, es con los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a esta entidad que se deben sufragar los costos inherentes a la realización de un mecanismo de participación ciudadana del orden territorial”.

En dicha Resolución la Registraduría Nacional da cuenta que mediante una comunicación del 20 de marzo pasado, la Directora General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda reitera que con fundamento en lo prescrito por los artículos 33 de la Ley 1757 de 2015 y 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, corresponde a la autoridad nacional –Presidente de la República- o territorial –gobernador o alcalde- encargado de expedir el decreto de convocatoria a la consulta popular, contar con el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal para atender los gastos del evento popular.

La mayoría de municipios del país no estaría en condiciones de sufragar los costos de las consultas populares porque son exiguos sus presupuestos, como sucede con las entidades de cuarta, quinta y sexta categoría.