“No podemos aceptar eso”, manifestó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, a propósito del aplazamiento del último debate al proyecto que elimina el beneficio de detención domiciliaria para procesados por corrupción.
La plenaria del Senado aprobó suspender la discusión hasta que la Corte Suprema de Justicia escoja al sucesor del saliente fiscal Néstor Humberto Martínez.
Se trata del proyecto de ley número 18 de 2018 Senado – 005 de 2017 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción y se dictan otras disposiciones”, radicado el 20 de julio de 2017 por Martínez y que fue acumulado con otras iniciativas parlamentarias.
“Algunos congresistas proponen que se vuelva a discutir cuando haya nuevo Fiscal. Creemos que no, porque eso dejaría al proyecto sin tiempos, que se hundiría si no está aprobado el próximo 20 de junio”, manifestó Lozano, que hace parte del grupo de ponentes (que es coordinado por Germán Varón, de Cambio Radical) y fue impulsora de la consulta anticorrupción que propició un acuerdo interpartidista para adelantar una agenda legislativa sobre la materia. De hecho, la iniciativa, aunque estaba radicada mucho antes de la votación (26 de agosto del año pasado), recoge el punto 2 que obtuvo el 99,54% de los 11.521.048 de los sufragios válidos: “¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?”.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué pasó con el proyecto de ley que contenía puntos de la consulta y que tenía el aval de la Fiscalía?
ANGÉLICA LOZANO: Este proyecto se aplazó. Algunos congresistas proponen que se vuelva a discutir cuando haya nuevo Fiscal. Creemos que no, porque eso dejaría al proyecto sin tiempos, que se hundiría si no está aprobado el próximo 20 de junio. No podemos aceptar eso.
ENS: Fue aprobado el proyecto de ley que hace obligatorio que los funcionarios públicos presenten su declaración de renta, ¿cómo funciona esa iniciativa?
AL: Se aprobó en tercer debate a este proyecto. Solo le queda un debate en plenaria de la Cámara, que esperamos que se discuta prontamente.
Este era el punto 6 de la consulta anticorrupción. Lo que pretendemos es que todos los personajes elegidos coloquen al escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflicto de intereses como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.
ENS: ¿Qué información van a tener estos documentos y qué información no van a tener?
AL: Se hace pública la declaración de renta completa de la DIAN. Se hace público el formato de bienes y patrimonio, protegiendo algunos datos sensibles; la dirección, por ejemplo, no aparece, ni la matrícula inmobiliaria y no se puede decir donde vive el congresista, sino cuánto tiene. Se publica el banco dónde está la cuenta, el monto, pero se protege el número de cuenta.
ENS: ¿Quién hace curaduría de lo que tienen estos registros de renta?
AL: La gente va a tener la posibilidad de leer estas declaraciones, va a ser la ciudadanía la que va a tener acceso a este registro público de transparencia. Los periodistas, los ciudadanos podrán ver esta información y encontrar irregularidades.
ENS: ¿Por qué se está hablando de nuevo del Estatuto de la Oposición?
AL: El presidente no está hablando en cadena nacional en directo, sino que les manda un video a los medios por los canales de distribución, pero no es emitido el mensaje en directo, lo que no nos da derecho a réplica.
Estamos en esa pelea jurídica con el CNE y la ANTV. Creemos que lo que quiere el Gobierno es evadir la réplica a la que tenemos derecho. Nosotros vamos a grabar un mensaje que será distribuido por nuestras redes sociales, una especie de réplica en Internet.