El ministro Botero señaló que los incentivos a los uniformados están reglados por la ley. Pidió investigación a la Fiscalía sobre presiones

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Durante una rueda de prensa realizada ayer, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en compañía del alto estamento militar, se refirió al artículo publicado el sábado por The New York Times que señala que el Ejército impulsa una nueva estrategia para “duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados” y, para ello, existen presiones e incentivos a los uniformados.

El Ministro, que señaló que existen “imprecisiones” en el texto, afirmó que no tiene reporte sobre presiones y solicitó una investigación a la Fiscalía General de la Nación para determinar si estas se han presentado. “El día de ayer (domingo) le solicité a la Fiscalía para que investigue si efectivamente existen personas de la Fuerza Pública que están siendo presionadas para dar muerte a algunos, que lo denuncien y lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes. Aquí se actúa siempre con honorabilidad”, sostuvo.

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Señaló que el Ejército “nunca sanciona por resultados operacionales. El Ejército Nacional sanciona cuando se viola la ley o los estándares de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

Aseguró, además, que en las operaciones se privilegia, en primer lugar, la desmovilización, en segundo lugar, las capturas y, en tercer lugar, la muerte en desarrollo de operaciones militares. “En la Directiva 300-28, que hace referencia a las normas para el análisis, diagnóstico y medición del impacto de los resultados operacionales de las FF.MM., se privilegian las presentaciones personales sobre las capturas y se privilegian las capturas sobre las muertes en desarrollo de las operaciones militares, siempre acompañados de las autoridades judiciales y en el marco de la Constitución y la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, reafirmó.

Y añadió: “Lo ideal, lo que promueve la Fuerza Pública, es que las personas se desmovilicen. Aquellos que no se quieren desmovilizar serán capturadas y las personas que se resistan a las capturas o que, de alguna manera, ataquen la Fuerza Pública pueden ser dados de baja en combate”.

En relación con los incentivos, manifestó que “están reglados por la Ley 1862 de 2017. Allí está claramente establecidos cuáles son los incentivos y los comandantes se ciñen a lo allí dispuesto. No hay ninguna pretensión por cambiarla”. El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, afirmó que el Artículo 65 de la ley describe cuáles son los estímulos que se deben hacer a las tropas.

Reacciones

De acuerdo con el general (r) Luis Ernesto Gillibert, exdirector de la Policía Nacional, en el artículo del periódico estadounidense hubo “mala interpretación del espíritu de la orden” que dio el general Martínez. Esta orden es un documento de una página, que fue enviado por el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, a generales, el pasado 19 de enero, y que se titula ‘Planteamiento de objetivos 2019’. El documento consta de tres columnas: el objetivo, los resultados operacionales de 2018 y las Afectaciones (proyección) para 2019. En el texto se explica que “las afectaciones son la suma aritmética de presentaciones voluntarias (desmovilizaciones), capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares”.

Según Gilibert, “hay que entender que siempre ha existido en las Fuerzas Militares la motivación en bien del servicio, de manera que muchas veces los comandantes motivan a sus hombres con diferentes argumentos. Exigir resultados frente a las responsabilidades no es un delito sino por el contrario es una obligación”.

“Le quieren dar un enfoque diferente a una situación que es totalmente normal. Que un Comandante les pida a sus hombres resultados frente al cumplimiento de su deber en defensa de la ciudadanía, en defensa de la soberanía y en defensa de la democracia no puede convertirse en un motivo de escarnio ni en un motivo de sorpresa”, añadió.

Sobre la decisión del Ministro de solicitar investigar si han existido presiones, señaló que “cuando los miembros de la Fuerza Pública caen en delito en razón del servicio o sin razón del servicio tienen que ser investigados para esclarecer los hechos y luego deben ser objetos de la sanción o del relevo de la responsabilidad. Hay que ser muy conscientes. Yo lo que veo es que están desenfocando las cosas, dándole un viraje negativo y tratando de estigmatizar la Fuerza Pública”.

El general (r) Jaime Ruiz, director de Acore, calificó el articulo como parte de una “campaña mediática”. “Este es un hecho que es parte de una campaña mediática insistente y agresiva que viene desde hace un tiempo y que ha liderado el señor (José Miguel) Vivanco desde Human Rights Watch. Él ha venido atacando continuamente las entidades castrenses respecto a violaciones de derechos humanos”, sostuvo.

En el mismo sentido de Gillibert, manifestó que en el texto publicado por el periódico estadounidense se malinterpretan las directrices. “Lo que hacen es malinterpretar una norma institucional, unas directrices operacionales que da el comandante del Ejército. Las quieren utilizar como unas supuestas órdenes o instrucciones para repetir los mal llamados falsos positivos. Bajo ninguna circunstancia se puede pensar que un comandante va a producir directrices en ese sentido”, sostuvo.

“Son documentos públicos, no son documentos reservados ni secretos. Están a la vista de todo el mundo. Lo único que dice el comandante ahí es que necesitan resultados operacionales contra las distintas amenazas. Y las amenazas son el narcotráfico, la minería ilegal, las acciones contra la población civil, el secuestro, la extorsión”, manifestó.

Política riesgosa

Jorge Restrepo, director del Cerac, señaló que no se debe confundir la producción de seguridad con metas cuantitativas. “Hay una nueva política que valora las metas cuantitativas en número de capturados, desmovilizados y muertos en operaciones del Ejército y esa política, que es únicamente del Ejército, es riesgosa, genera riesgos de seguridad para los civiles y confunde la producción de seguridad con la producción de metas cuantitativas”, afirmó.

“Me parece que el Gobierno debe revisar lo antes posible la concordancia de esa política del Ejército con los objetivos de su política de seguridad y asegurarse que esos riesgos desaparecen. Los riesgos no son solamente de tipo humanitario sino de tipo legal y político”, agregó.

Por su parte, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, señala que los incentivos se deben centrar en los desmovilizados y no en las bajas. “Que los incentivos tengan una correlación con las bajas es lo delicado. La Vicepresidenta ayer decía que los indicadores para este Gobierno tenían que ser otros. Ella decía: tienen que ser frente a desmovilizados, pero no frente al número de bajas que es un tema aleatorio. Ella lo que decía es cierto”, afirmó.