Tras hundirse en la Corte Constitucional la Ley 2075 del 2021, que mejoró los honorarios de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y sexta categorías, aduciendo vicios de forma, estos servidores públicos insistieron en un nuevo proyecto porque más del 90% de esos funcionarios, en todo el país, devengan menos de un salario mínimo.
Así lo refirió Édgar Polo, director ejecutivo de Fenacon (Federación Nacional de Concejos).
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué acciones tomaron los concejales después de que la Corte tumbara esta Ley?
ÉDGAR ALBERTO POLO DEVIA: La Corte Constitucional violó por completo los derechos de los concejales, una retribución digna porque estábamos por debajo del salario mínimo. Solamente alcanzamos a durar, con la expedición de la Ley 2075 de 2021, un año y dos meses con una asignación promedio mensual para más del 91% de municipios del país sobre $1.300.000, $1.400.000, pero con la caída de la misma Ley volvemos a menos de un salario mínimo. Es decir, el promedio mensual hoy en día de más de 10 mil concejales de los 12 mil que hay en Colombia, está sobre $800 mil, cifra que es completamente irrisoria para un servidor público que tiene una representación del Estado y el Gobierno nacional a nivel local.
A nosotros, de una u otra forma, la Constitución nos da ese reflejo de ser un servidor público, pero un servidor público sin garantías con qué ejercer esa loable labor de ser concejal.
ENS: ¿Entonces insisten en ese proyecto de ley?
EAPD: Actualmente estamos en el Congreso, la Ley se cayó el 3 de marzo, el día 4 amanecemos ya sin nuestros honorarios a la suma que nos traía la 2075, y el 16 de marzo, una vez comenzó el Congreso a sesionar este período, radicamos un proyecto de ley bajo iniciativa de la bancada del Partido Conservador, de un representante a la Cámara por el Partido de La U y como coordinador ponente y autor además está un representante a la Cámara por Cundinamarca.
ENS: Entre otras razones, la Corte tumbó esta Ley porque dijo que no contó con el estudio de impacto fiscal. ¿Corrigieron eso en el nuevo proyecto?
EAPD: Eso tiene tanto de largo como de ancho. Siempre nos hemos cuidado en los estudios de impacto fiscal porque sabemos que es un requisito que exige la norma. La Corte dijo que no lo colocamos en la exposición de motivos.
Cuando personalmente me reuní con el entonces Viceministro de Hacienda, hablamos del estudio de impacto fiscal y se hizo una evaluación. Cuando hay un aval del mismo Gobierno nacional, que se atrevió a sancionar la ley, es porque efectivamente estábamos seguros de que cumplíamos con todos los requisitos.
¿Hoy en día qué hicimos? Lo aportamos dentro de la exposición de motivos, lo expusimos dentro del mismo texto del proyecto de ley para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes y se nos vaya a caer por un supuesto vicio de forma.