EL NUEVO flanco de crisis en la política de “paz total”, generado tras la decisión del gobierno Petro, el domingo en la noche, de suspender el cese el fuego que había pactado con la banda criminal de alto espectro ‘Clan del Golfo’, no resultó sorpresivo. Por el contrario, se veía venir, al punto que desde la propia coalición de gobierno y sectores afines a la Casa de Nariño se venía advirtiendo que era insostenible el cese de operaciones con la organización delincuencial.

¿Qué pasó? Al decir de analistas e incluso en medio de un alud de reacciones de congresistas y otros sectores, se pueden identificar algunas causas principales que podrían explicar la razón de este revés en el proceso de acercamiento entre el ‘Clan del Golfo’ y la Oficina del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.

De la forma en que se maniobre para tratar de corregir esas falencias dependerá si hay opción de reactivar el proceso en el corto plazo, más aún porque si algo está claro es que Ejecutivo y ‘Clan del Golfo’ no dan por roto o acabado el acercamiento e insisten en sacarlo adelante, ahora sin cese el fuego de por medio.

1. UN ‘CLAN’ MULTIFORME Y DIFUSO: para varios expertos y analistas uno de los flancos más débiles en el proceso entre Gobierno y las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (como se autodenomina el ‘Clan del Golfo’ y el Ejecutivo acepta ese nombre), es que no existe claridad sobre qué tan grande es la estructura criminal, cuáles son sus líneas de mando, cuántos y quiénes son sus lugartenientes, la caracterización de sus bases y en dónde operan exactamente. Ese desconocimiento, como bien lo advirtieron expertos cuando Petro anunció el último día del 2022 que iniciaría un cese el fuego con esta banda, hace imposible, aquí y en cualquier país, verificar el nivel de cumplimiento de una tregua entre un Estado y una facción irregular, amorfa, sin localización territorial específica, que no tienen régimen cerrado castrense, insignias ni uniformes distintivos.  De hecho, para no pocos expertos, el ‘Clan del Golfo’ no es una organización como tal, sino una estructura armada, con unos pocos cabecillas reconocidos, fuertemente ligada al narcotráfico, que opera como un cartel y en la cual hay muchas facciones de delincuencia organizada y común que no tienen ningún nivel de subordinación ni identificación con la señalada cúpula. Son bandas territoriales que trabajan al mejor postor, que no están interesadas en desarmarse ni en ser identificadas por el Estado, como tampoco en renunciar a las millonarias ganancias de las economías ilícitas. Así las cosas, no tener claro qué es el ‘Clan del Golfo’ y qué no lo es, termina siendo una falla crucial en el proceso. De hecho, algo parecido ocurre con las disidencias y reincidencias de las Farc, sobre las cuáles tampoco hay una idea clara de quién es quién.

2. EL RETO DEL ‘PARO MINERO’: es evidente que, aunque desde semanas atrás gobernadores, alcaldes, Fiscalía y otras instancias venían advirtiendo que “estructuras” del ‘Clan del Golfo’ seguían narcotraficando, extorsionando, asesinando y continuaban involucradas en minería criminal y otros múltiples delitos, violando claramente el cese el fuego, el Gobierno, por no tener clara esa estructura real de la banda, no contaba con elementos objetivos para determinar si se estaba cumpliendo o no la tregua. No hay que olvidar que hay muchas bandas de delincuencia común y organizada que utilizan el nombre del ‘Clan’, los grupos residuales de las Farc, el Eln y hasta del ‘Tren de Aragua’ para meterle más miedo a sus víctimas y lograr sus cometidos criminales. En el ‘paro minero’ que arrancó a comienzos de marzo en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño así como en el sur de Córdoba, la situación fue distinta, ya que es sabido que el ‘Clan’ maneja en la zona operaciones de minería criminal a gran escala. También ha sido más que evidente que sus estructuras armadas están presionando y financiando a miles de mineros que han salido a protestar y bloquear vías como fórmula para evitar que las Fuerzas Militares y la Policía continúen destruyendo dragas y maquinaria amarilla que se utiliza para sacar grandes cantidades de oro en la zona, siendo obvio que no se trata de mineros “ancestrales” ni “informales”. Igual es claro que acciones violentas como la quema de vehículos y ataques a la Fuerza Pública no fueron perpetradas por los manifestantes sino por personal fuertemente armado. Paradójicamente el ‘Clan’ dijo ayer que no está detrás del ‘paro minero’ y que, en realidad, es el Eln, que también opera en esa zona y compite por los millonarios recursos aurígeros ilegales.

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3. UN GOBIERNO EN CRISIS: resulta ingenuo desconocer que en la crisis Gobierno-‘Clan del Golfo’ no influyó la complicada coyuntura del Ejecutivo. Retroceso en las encuestas, alud de escándalos al más alto nivel, crisis ministerial, creciente oposición a las reformas más importantes, ‘negociaciones’ obligadas de su alcance con varios partidos, desaceleración económica evidente, inflación disparada y, sobre todo, un innegable deterioro de la seguridad y el orden público en varias regiones (advertido por la Fiscalía, Procuraduría, gobernadores y alcaldes), sumado al agitado escenario del arranque de la campaña electoral para los cruciales comicios de marzo, tienen a la Casa de Nariño en medio de un escenario muy complicado. De hecho, desde sectores del Pacto Histórico y otros afines al Gobierno se está urgiendo una corrección del rumbo, ya que hay algunas políticas que no están funcionando, el impacto público ha sido más negativo que positivo, la oposición se está fortaleciendo y el ritmo del “cambio” es muy lento y amenaza con difuminarse. Tras el confuso episodio del secuestro de los 70 policías en el Caguán, el empeoramiento de la violencia en el ‘paro minero’ y las duras críticas al proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas como el ‘Clan del Golfo’ (considerado por la Fiscalía como una especie de indulto o amnistía disfrazadas a narcotraficantes y otros delitos graves), el Gobierno se vio en la obligación de poner un punto de autoridad y aplicar mano fuerte, sobre todo para lanzarle un salvavidas a su política más discutida y la que genera más división de opiniones a nivel nacional: la “paz total”. Al romper el cese el fuego con el ‘Clan’ y ordenar una arremetida en su contra en todo el país, Petro quiere enviar un mensaje al país: no dejará que su estrategia de pacificación sea aprovechada por los violentos para seguir delinquiendo y burlándose de su mano tendida. En otras palabras: zanahoria pero también garrote

4. VACÍOS DE LA “PAZ TOTAL”: si algo ha quedado evidenciado en estos siete meses largos de mandato, es que la estrategia para lograr la “paz total” parece estar bien intencionada pero hay improvisación e impericia en su implementación. La reforma en el Congreso a la ley 418 (marco normativo del proceso de paz) fue accidentada y hoy ya está, bajo trámite de “urgencia nacional”, en la lupa de la Corte Constitucional. La idea del Gobierno de dar beneficios a la ‘primera línea’ y a los invasores de tierra se estrelló con los criterios de la Fiscalía y los jueces. También hay muchas sospechas sobre acuerdos non sanctos para vender ‘cupos’ o ampliar los beneficios de la “paz total” a los narcotraficantes y extraditables, lo que incluso puso en el ojo del huracán al propio hermano del presidente Petro. El imprevisto anuncio de los cese el fuego no solo impactó al país, sino que luego el propio Eln desmintió al Presidente sobre un acuerdo en ese sentido. De hecho, esa misma guerrilla es muy crítica de incluir a las bandas criminales en la “paz total”. A ello se suma que el proyecto de sometimiento a la justicia para el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’ generó fuerte polémica, no solo por la amplitud de los beneficios y las gabelas a estas bandas, sino porque las mismas insisten en que buscan una negociación y no un sometimiento. Tampoco hay que dejar de lado que inicialmente se dijo que a las reincidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Márquez’, no se les daría estatus político pero ahora sí se les reconocería bajo la controvertida tesis del “entrampamiento”… Todo ello en medio de las denuncias sobre auge del narcotráfico, crisis de seguridad y orden público en medio de los cese el fuego y la polémica sobre las limitaciones al accionar de la Fuerza Pública, constatan que la política de “paz total” no tendría una estructura sólida y viable, lo que lleva a que semana tras semanas quede en medio de escándalos, coletazos y reversazos, como ocurrió ahora con el ‘Clan del Golfo’.