En Colombia, parece que se nos olvidan muy rápido las complejas situaciones políticas del pasado; lo digo por lo que viene ocurriendo con los partidos políticos en el país.
Para el año 2002, eran cerca de 71 las organizaciones políticas existentes, se encontraba anarquizado el sistema político y las famosas microempresas electorales -a través de la operación avispa- gobernaban las mayorías del Congreso. La personalización de la política y los partidos de bolsillo eran el común denominador, amén de la participación soterrada del paramilitarismo en varias de esas organizaciones. Fue necesario entonces, aprobar una reforma política a través del acto legislativo 01 de 2003, creando figuras como el umbral, la cifra repartidora, las listas únicas y el voto preferente, tendientes a fortalecer las agrupaciones políticas, y, por tanto, reducir el número de partidos en el país. Como consecuencia de tan acertada reforma, para las elecciones del 2006 se redujo a 14 el total de agrupaciones políticas, creando mayor diciplina y estableciéndose con más rigor la reglamentación del régimen de bancadas.
Posteriormente, en el 2009, se aprobó una nueva reforma política que elevó el umbral necesario para el reconocimiento de personería jurídica a los partidos, lo que contribuyó de manera positiva al sistema electoral colombiano. Estas reformas fueron determinantes para corregir la grave crisis partidista que se vivía en el momento.
Actualmente va en aumento el número de movimientos políticos que cuentan con personería jurídica, atomizando el sistema de partidos y degradando la arquitectura electoral. Para el 2018 eran cerca de 18 las organizaciones vigentes, y, a la fecha, ya son 31 los partidos políticos reconocidos. Esta cifra puede aumentar, si se tiene en cuenta las múltiples solicitudes que cursan en el Consejo Nacional Electoral. De mantenerse esta situación, en pocos años volveremos a las épocas anteriores, en especial porque es posible que los partidos y movimientos que sumados hayan obtenido una votación no superior al 15% de los votos válidos, puedan presentar listas en coalición para el Senado de la República. Con esta norma, se permite que agrupaciones pequeñas, con poca fuerza política, se coaliguen con otros movimientos más fuertes, y con ello, mantener su personería jurídica vigente. Esta estrategia permitió que, en el proceso electoral del año pasado, todos los partidos conservaran su personería jurídica.
Es urgente adoptar medidas legislativas tendientes a limitar la cantidad de partidos que actualmente existen, garantizando que se mantengan los de mayor respaldo popular, de acuerdo a los votos que la Constitución exige para garantizar la personería jurídica. Lo anterior, puesto que vale la pena recordar que, mediante la figura del financiamiento estatal, los partidos políticos reciben dinero del Estado para sus tareas proselitistas y sus gastos de funcionamiento, en el entendido de que representan un número importante de ciudadanos.
Como quiera que en la actualidad cursa una reforma política en el Congreso que entre otros propósitos busca el fortalecimiento de los partidos políticos, sería una buena oportunidad para que se lleven a cabo los ajustes necesarios, tendientes a que en el futuro se evite la proliferación de organizaciones políticas tal y como ocurrió en el pasado.