SIN solución a la vista sigue el paro minero, que completa 14 días en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, así como en algunas partes del sur de Córdoba. El presidente condicionó continuar los diálogos a que se suspenda la violencia y anticipó que analizará el cese bilateral el fuego con el Clan del Golfo, al cual responsabiliza por los desmanes que se han presentado.

Lo cierto es que el manejo que le ha dado el Ejecutivo a esta crisis ya le está pasando una costosa factura política, sobre todo porque desde los sectores de oposición, así como de otras instancias económicas, sociales e institucionales se está advirtiendo que lo ocurrido con el Clan del Golfo evidencia las debilidades de la política de “paz total” al tiempo que reitera los vacíos en la estrategia para conservar la seguridad y el orden público en las regiones de alta conflictividad social.

En cuanto a la estrategia de paz, se recuerda que el Ejecutivo acordó un cese bilateral el fuego con las organizaciones que tiene más adelantados los acercamientos con miras a negociar:  las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, los Pachenca y el Clan del Golfo, desde el pasado primero de enero y hasta el 30 de junio próximo. 

En el marco de ese acuerdo el Gobierno ha ordenado a la Fuerza Pública no perseguir ni atacar a estos grupos, a no ser que los encuentre realizando actividades criminales o afectando a la población civil. 

Sin embargo, durante el cese el fuego se han presentado algunas situaciones por parte de los diferentes grupos armados que ameritan, por parte del sistema de monitoreo, revisar si constituye un incumplimiento, como secuestros de uniformados y ataques a la Fuerza Pública. 

También el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció hace unas semanas que sujetos armados de las disidencias realizaban patrullajes en algunos municipios del departamento, aprovechando que la Fuerza Pública no los perseguía. Ante esta situación, el Gobierno expidió un protocolo del cese el fuego bilateral con esta organización, en el que prohibió su presencia en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil. 

Ahora lo ocurrido en el paro minero sería para los que creen que el Clan del Golfo está metido de lleno instigando la protesta y los hechos de violencia, el hecho más grave para algunos de incumplimiento al cese bilateral el fuego, al tiempo que responsabilizan al Gobierno.

Este paro afecta más de 300 mil personas en 12 municipios de Antioquia y al menos cinco en Córdoba. El bloqueo de vías está generando escasez de alimentos y medicinas, mientras que la actividad comercial funciona con restricciones.

El presidente Petro anunció ayer que el Gobierno se apresta a someter a examen los avances del cese al fuego bilateral pactado con algunas organizaciones armadas al margen de la ley.

Consideró que “hay otras circunstancias que ameritan un examen”, como “lo que ha acontecido alrededor del Clan del Golfo, que está detrás del paro minero”.

Al respecto dijo el Mandatario que “ahí esa circunstancia ya demuestra un hecho contundente, y es que usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal, y eso no es posible”.

Agregó que “si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentado progresivamente la economía ilegal, estás es acumulando riquezas para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia, y eso es lo contrario a un proceso de paz”.

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Reacciones 

El senador cordobés Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, dijo a EL NUEVO SIGLO que “el paro minero del Bajo Cauca se ha salido de control. Se debe seguir dando la lucha contra la minería ilegal que atenta contra nuestros ecosistemas y el Gobierno Nacional no puede permitir que estructuras armadas infiltren y deslegitimen la protesta social. El paro se ha convertido en un problema social que afecta a toda una región, causando un considerable impacto económico y social.  Se necesitan soluciones inmediatas para atender a la población perjudicada”.

Por su parte el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, indicó a este Diario que “esta profundización de la violencia la advertimos desde el momento en que conocimos la apuesta del Gobierno de sometimiento”.

Añadió que “una vez el Gobierno anunció un esquema para ofrecer beneficios políticos y jurídicos a los mafiosos, a los ‘narcos’, a los delincuentes; y adicionalmente planteó un cese bilateral, en donde básicamente renunció al uso del monopolio de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, pues evidentemente lo que terminaba haciendo era profundizando la violencia en los territorios y abandonando por completo a la ciudadanía”.

Por su lado la también senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo sobre la violencia generada en el paro minero, “este es el resultado de su idea de darle segundas oportunidades a los criminales con los que firmó un supuesto cese bilateral. Si los persiguiera y sometiera a la Ley, no estarían atacando a los ciudadanos en ningún lugar del país”.

La protesta social

Otro efecto político que podría darse de la situación caótica que se presenta con el paro minero sería en la forma como el actual Gobierno concibe intervenir la protesta social cuando se torne violenta. 

El Gobierno ha señalado que es respetuoso y garantiza la protesta social pacífica, y cuando se sale de ese marco privilegia el diálogo para controlarla, dejando el uso de la fuerza como el último recurso. En ese sentido el presidente Petro ordenó ajustes al Esmad de la Policía, que pasaría a llamarse Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública.

Vale recordar que el entonces senador Petro y su sector político criticaron la forma como el gobierno Duque afrontó el paro nacional del 2021.

El exsenador y experto en seguridad Alfredo Rangel Suárez le dijo a este Diario que “creo que, en el paro minero, como en el caso de las protestas de los indígenas, el Gobierno ha fallado en el uso oportuno de la fuerza para evitar el escalamiento de los actos violentos en ese tipo de manifestaciones”.

Añadió que no es un secreto para nadie que “esas zonas en donde se desarrollan esos movimientos están muy permeadas y controladas por grupos criminales. Así que cuando no se actúa de manera rápida, de manera eficiente, pues se da la ocasión para que los grupos criminales hagan de las suyas y alteren el orden público, impidan la movilidad de los ciudadanos, enfrenten y acorralen a la Fuerza Pública, como ha sido el caso de los indígenas”. 

Agregó que el Gobierno en su concepción ideológica considera “que el uso de la fuerza por parte del Estado es ilegítimo. Lo que es legítima es la protesta social, así se manifieste mediante actos de violencia, de vandalismo y de ataques contra la Fuerza pública”.