La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló en su informe anual que durante 2020 documentó 76 masacres que dejaron 292 personas asesinadas, incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes.
El documento señala, además, que hay otros cinco casos de posibles masacres aún en documentación, y destaca que desde 2018 “el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”.
El informe, que será presentado mañana en Ginebra, Suiza, resalta la “grave situación de violencia que está afectando a algunos territorios, comunidades municipios y departamentos del país”, informó Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Igualmente, agrega que la Misión de Verificación de la ONU “constató el asesinato de 73 antiguos integrantes de las Farc, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016”, siendo Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, las zonas de Colombia más afectadas por el incremento de la violencia de grupos armados no estatales y criminales.
Según el análisis, “la falta de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita su capacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”.
Igualmente, De Rivero señala en el informe que la violencia en varios territorios habría causado en 2020 un total de 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, 76% de ellos en Antioquia, Chocó y Nariño. “Y 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales”, añade.
De hecho, se considera que durante la emergencia sanitaria por el covid-19 se realizaron 21.602 llamadas por violencia intrafamiliar a la línea 155 de orientación entre enero y agosto de 2020 –103% más que en 2019-, y la Defensoría del Pueblo activó las rutas de atención en 388 casos de violencia contra personas Lgbti.
Por otra parte, según la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en 2020 “la defensa de los derechos humanos en Colombia continuó siendo una actividad de alto riesgo”.
De hecho, dice De Rivero, la Alta Comisionada recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos; 67% de las víctimas fueron hombres, 26% mujeres; 2% pertenecían a la población Lgbti; además de 449 agresiones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas.
“Según nuestras cifras, actualizadas al 22 de febrero, en 2020 la oficina recibió información sobre 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales se verificó 90 casos, no se pudo verificar 18 y continuamos verificando 25 casos adicionales”.
Las recomendaciones
El informe destaca algunos avances en protección de los derechos humanos, como el Estatuto de Protección Migratoria y los esfuerzos del Gobierno en materia de protección a la población vulnerable durante la pandemia de coronavirus.
No obstante, expresa su preocupación por “las agresiones” a la Jurisdicción Especial para la Paz “y respalda integralmente el sistema integral de justicia transicional”, a tiempo que dice que “es muy importante que el Gobierno refuerce y acompañe ese mandato”.
Y exhorta al Ejecutivo a “redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz”, lo que “también significa desplegar una presencia integral del Estado en los territorios más afectados”.