Frenan asentamientos humanos y ganadería en la Amazonia | El Nuevo Siglo
Foto cortesía Mindefensa
Martes, 25 de Febrero de 2020
Agence France Presse

En un intento por frenar la deforestación y las quemas de bosques nativos, la justicia ordenó medidas cautelares de protección en parques naturales de la Amazonia, informó ayer la Fiscalía.

Las determinaciones obligan a las distintas autoridades a detener los asentamientos humanos, limitar la ganadería y suspender créditos estatales para proyectos agropecuarios en los parques naturales de Tinigua y Los Picachos, indicó el organismo en un comunicado.

 

Estas zonas protegidas se encuentran ubicadas en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, además hay una "acelerada pérdida de bosque nativo y quemas”, agregó.

"Queda prohibido el ingreso, movilización y comercialización de ganado en los parques naturales de la región, entre otras medidas para frenar los asentamientos humanos y la destrucción del área protegida", reza el texto.

Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía ante jueces del Caquetá en medio de audiencias de judicialización a 20 personas señaladas de invadir zonas de reserva y deforestar en cinco años, más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar proyectos agropecuarios.

El comunicado de la Fiscalía precisó que “la contundencia de los elementos probatorios y los argumentos presentados por los fiscales adscritos a la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos fueron suficientes para que los jueces impartieran órdenes a diferentes instituciones con el propósito de restablecer los derechos de los parques naturales de la Amazonia y garantizar su conservación”.

Entre las órdenes están las impartidas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que, según sus competencias, deberán suspender los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en Los Picachos y Tinigua.

Por su parte, los alcaldes de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La Uribe (Meta) deberán dejar de emitir certificaciones de colonos y tampoco podrán autorizar la permanencia temporal de personas en los parques naturales. Esta medida pretende detener el crecimiento poblacional y los asentamientos humanos en las zonas protegidas.

Entre tanto, el Banco Agrario dejará de aprobar créditos a personas que quieran desarrollar proyectos agropecuarios en los parques de la Amazonia y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía avanzará en la identificación de las cabezas de ganado en Los Picachos y Tinigua con el fin de imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

Con una extensión de 447.740 hectáreas, el parque Los Picachos es considerado uno de los sitios "más completos y biodiversos" de Colombia por conectar Los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Su ecosistema incluye páramos, bosque húmedo andino, selva húmeda y bosque inundable, según el estatal Parques Nacionales.

El Tinigua, en tanto, comprende un área de 214.362 hectáreas de bosque inundable y selva húmeda en el departamento del Meta.

En 2018, se deforestaron más de 197.000 hectáreas de bosque en Colombia, principalmente en la Amazonia.

Además de la tala indiscriminada, asociada principalmente a la ampliación de la frontera agrícola, la minería ilegal y el cultivo de coca acechan la riqueza natural.

Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el lunes que la Fuerza Pública endurecerá sus acciones en esas zonas protegidas luego de que el fin de semana un incendio destruyera unas 700 hectáreas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

Trujillo responsabilizó de ese "crimen contra el medioambiente" a las disidencias de las Farc.

Según la versión oficial, los grupos armados queman bosque para sembrar coca. La ofensiva se suma a la Operación Artemisa, anunciada por el presidente Iván Duque el año pasado para combatir la deforestación.

Casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos que había en Colombia hasta 2018 estaban en áreas protegidas, según cifras oficiales. El país es el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume principalmente en Estados Unidos y Europa.