En el uribismo consideran que muchos uniformados se declararían culpables por una conducta en la que no incurrieron, con tal de obtener la libertad

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Fue polémica la versión que rindió esta semana en la JEP el general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, porque hizo una escueta referencia al asunto de los falsos positivos, frente a lo cual se reafirmó en que no tiene ninguna responsabilidad, a pesar de varias investigaciones que tiene en la justicia ordinaria. Ello fue interpretado por organizaciones de víctimas como una burla al dolor que cargan por haber perdido a sus familiares producto de esta práctica que adelantaron algunos uniformados hace años. Por ello pidieron la expulsión del oficial (r) de esta Jurisdicción. Este caso da pie para preguntarse si quienes se presenten a la misma están obligados a aceptar delitos.

La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) es producto del acuerdo de paz que el anterior gobierno suscribió con las Farc, con la intención de sancionar los delitos graves ocurridos en el conflicto armado. Por ello tienen la obligación de presentarse los desmovilizados de la hoy extinta guerrilla.

En tanto que voluntariamente se pueden acoger los integrantes de la Fuerza Pública, agentes del Estado no combatientes y terceros civiles que participaron en el conflicto armado.

Se decidió que la JEP estuviera dentro de la órbita de la justicia transicional, por lo que las sanciones que aplica son restaurativas pues la intención no es castigar con muchos años de prisión la conducta delictiva, como sí ocurriría en la justicia ordinaria, sino el propósito es que haya justicia, conocer la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

La JEP está en capacidad de extinguir la responsabilidad penal de los comparecientes, conceder la libertad condicional, y además en el caso de los exguerrilleros decretar indultos y amnistías.

Por ello esta Jurisdicción es atractiva también para uniformados, agentes del Estado y terceros civiles ya condenados o procesados por delitos cometidos en el conflicto, de acogerse y lograr beneficios.

Sin embargo desde un principio, críticos de la JEP, como el uribismo, han señalado que además de supuestamente no garantizar un proceso justo a los uniformados, los beneficios que brinda serían un incentivo perverso para que muchos se declararen culpables de delitos que no cometieron, con tal de obtener la libertad.

Vale recordar que el Centro Democrático no logró hacer aprobar un proyecto de ley en el que insistió que creaba una sala especial fuera de la JEP para los militares, aunque conservando para ellos beneficios como obtener la libertad mientras que se definía su situación jurídica.

En esa oportunidad la senadora Paloma Valencia dijo sobre esta iniciativa “está circunscrito a lo que tiene la JEP y reconocen la existencia de esta, pero tiene magistrados diferenciados que serán elegidos por el Presidente de la República. Tiene un procedimiento que no favorece la confesión como mecanismo para obtener los beneficios. A un soldado le decían: confiese el delito y queda libre, pero si usted no lo confiesa, entonces, consiga un abogado, defiéndase y si llega a perder lo vamos a meter 20 años a la cárcel. Eso obligaba a los miembros de la Fuerza Pública a confesar delitos, aunque no los hubiera cometido, para poder garantizar su libertad”.

Clave es la verdad

 El director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano Villamarín, amplio conocedor del funcionamiento de la JEP, dijo a EL NUEVO SIGLO “hay que tener en cuenta que ciertamente cuando se acude a la JEP se va en busca de unos beneficios”.

Sin embargo puso de relieve que a cambio el compareciente “tiene que comprometerse con la JEP a decir la verdad, a comparecer a los llamados de la Jurisdicción y obviamente a reparar las víctimas”.

En ese sentido Burbano explicó los escenarios que se podrían dar: “Que haya personas que para mantener unos beneficios jurídicos se sometan a la JEP, cumplan con el régimen de condicionalidades, aporten a la verdad, se comprometan a reparar las víctimas, a no repetir sus crímenes y a concurrir al sistema. Entonces les van aplicar un sistema de sanciones que se llama propias”.

Añadió que las respectivas penas para éstos son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

Otra situación, dijo, es que el compareciente ante la JEP no reconozca en un comienzo su responsabilidad, pero más adelante sí lo haga antes de que se produzca la sentencia. Aquí la sanción que recibiría sería alternativa y posiblemente privativa de la libertad entre 5 y 8 años.

Finalmente explicó Burbano “puede ocurrir que haya personas que no reconozcan la verdad ni responsabilidad y sean halladas culpables por la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Las penas podrán ser de hasta de 20 años”.

Burbano dijo que “no se puede ir a una audiencia en al JEP, cuando se tienen varios procesos abiertos, causas criminales, y decir allá que no se sabe cuál es la verdad, que se olvidaron los hechos, porque no hay una contribución efectiva, y lo que va a pasar es que quienes son víctimas pues obviamente van a señalar que la persona no está contribuyendo con la verdad. Y le tocará entonces al Tribunal hacer esa valoración, atender el llamado de las víctimas, de cuál es el camino que se va a tomar”.

En este punto si la JEP determina de entrada que el compareciente no quiere decir la verdad, lo puede excluir luego de desarrollar un debido proceso en este sentido y, como consecuencia su expediente será retomado por la justicia ordinaria. Si por el contrario el proceso ha surtido sus distintas etapas y esta Jurisdicción lo encuentra culpable, la sanción sería de hasta 20 años de prisión.

Expulsados de Farc

Hasta el momento la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, de la JEP, ha expulsado a siete miembros de las antiguas Farc por incumplir sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Los expulsados son Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (‘El Paisa’); Iván Luciano Márquez Marín (‘Iván Márquez’); Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich’); Henry Castellanos Garzón (‘Romaña’); José Manuel Sierra Sabogal (Zarco Aldinever); José Vicente Lesmes (‘Walter Mendoza’); y Leyder Johany Noscué Bototo (‘Mayimbú’).

Vale recordar que varios de ellos, liderados por ‘Iván Márquez’, anunciaron en agosto pasado a través de un video que retomarían las armas por supuestos incumplimientos del gobierno Duque con el acuerdo de paz.