La Jurisdicción Especial para la Paz denunció el recrudecimiento de las acciones armadas del grupo ilegal Ejército de Liberación Nacional (Eln) en los municipios donde actualmente opera, convirtiéndose no solo en graves violaciones a los derechos humanos sino en el mayor obstáculo para las diligencias forenses y de exhumaciones que realizan las entidades de la Justicia Transicional.
Así está contenido en el documento ‘Monitoreo de riesgos de seguridad’ que analiza el período comprendido entre el 25 de enero y el 7 de febrero de 2021, y realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
El documento afirma que no se trata de una situación fortuita sino que refleja una tendencia que se ha venido acentuando desde la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 ya que “muchas de las zonas priorizadas por esta jurisdicción coinciden con los planes criminales de control o recuperación territorial” que tiene el Eln.
Entre las conclusiones del monitoreo se advierte: “Hay 10 municipios donde se presenta una alta confrontación armada del Eln con otros grupos criminales y la Fuerza Pública; 22 municipios que fueron retaguardias históricas y donde intentan recuperar el control; 10 municipios que son nuevas zonas de incursión; 26 municipios con presencia de subestructuras urbanas (del Eln) y, finalmente, 228 municipios con presencia estable del Eln donde hay grados relativos de control territorial”.
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La JEP también dice en su informe que en 15 municipios priorizados por la Jurisdicción, donde actualmente avanzan las labores de exhumaciones y diligencias forenses, se presentaron 17 hechos violentos en el periodo analizado, que pusieron en riesgo a las comunidades, su derecho a la verdad y a la no repetición.
En este, segundo Monitoreo de Riesgos de Seguridad de 2021 de la UIA de la JEP se señala que hay una tendencia hacia la reactivación del conflicto en las zonas a las que ha llegado ese grupo armado al margen de la ley debido a los enfrentamiento con otros grupos ilegales como el ‘Clan del Golfo’ y ‘los Caparros’ con los que se disputa a sangre y fuego el control de los territorios.
Zonas estratégicas
El documento dice que la desmovilización de las antiguas Farc en la Serranía del Perijá y la sabana araucana constituyó algunos de los primeros puntos geográficos que ocupó el Eln y no el Estado.
“El Eln se abrió camino en medio de la ausencia de una política integral por parte del Estado para consolidar la paz territorial. Esa presencia, incluso, se da en zonas donde había perdido su influencia hace más de tres décadas”, señala el informe de la UIA.
Agrega que Hato Corozal, La Salina y Paz de Ariporo, en Casanare, son otros ejemplos del interés que tiene esa guerrilla por intentar recuperar el control de zonas históricas que perdieron a finales de la década de 1990 y principios del 2000.
La estrategia también se concentra en municipios como Barrancabermeja, Mistrató, Socotá y Toledo, en Santander, donde el repertorio de violencia han sido las amenazas, los enfrentamientos armados y las extorsiones.
Impacto en la JEP
El informe agrega que solo en el Catatumbo, durante 15 días, 250 personas se desplazaron y un líder social fue asesinado cada cuatro días, además de emboscadas, combates y atentados terroristas que amenazan la seguridad de las comunidades.
Además, se dio cuenta de una alerta temprana incluida en el documento de la UIA: la intención del Eln de realizar un ‘paro armado’, una forma de mostrar poderío militar y reaccionar ante la ofensiva del ‘Clan del Golfo’ y ‘los Rastrojos’.
En el suroccidente del país, donde el Eln mantiene desde 2019 una disputa por el Cañón del Micay, el 4 de febrero se presentó una masacre.
“En esta región el recrudecimiento de la violencia se convierte en obstáculo para la realización de diligencias forenses por parte de la JEP, pues algunos comparecientes han manifestado el interés de esclarecer los lugares donde enterraron clandestinamente cuerpos de víctimas en esta convulsionada zona”.
La UIA agrega que durante el mismo periodo 300 familias del Resguardo Amparradó del Pueblo Embera se confinaron en Dabeiba y Frontino (Antioquia) por los combates entre grupos ilegales, y en Murindó permanecen en confinamiento 2.000 indígenas de los Resguardos Ríos Murindó y Chajeradó debido a la presencia de minas antipersona.
Justamente fue en Dabeiba donde la JEP reportó 71 hallazgos forenses que facilitaron la identificación de cinco personas en el marco de los casos 03 conocido como el de ‘falsos positivos’ y el caso 04 que priorizó la región de Urabá.