Cuando se dio el primer paso de la reforma agraria emprendida por el Gobierno, al firmarse un acuerdo con Fedegán el pasado 6 de octubre de 2022, entre el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, cabeza del gremio ganadero y uno de los críticos acérrimos del mandatario, se abrió la posibilidad de la compraventa directa de tierras por parte del Gobierno a propietarios que voluntariamente deseaban venderlas. La meta es de tres millones de hectáreas, como lo había prometido el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en noviembre de 2016.

Fue así que empezó la negociación. A la fecha los ganaderos pertenecientes a Fedegán han ofertado al Gobierno 370 predios que suman 275.542 hectáreas para su compraventa directa.

Sin duda este año será retador para ver el aterrizaje de esas compras y también que esa tierra termine efectivamente llegando a los campesinos sujetos de la reforma agraria.

El Gobierno también  puso en marcha la utilización de los predios de origen del narcotráfico incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), porque en el país hay miles de hectáreas de tierras en procesos de extinción de dominio y terrenos baldíos.

De otro lado, y dentro del trámite legislativo de la reforma, se encuentra la creación de una Jurisdicción Agraria, que consistirá en un grupo especializado de jueces que se dediquen específicamente a atender conflictos sobre propiedad agraria.

El presidente Gustavo Petro definió que el Ministerio de Hacienda debe estudiar la mejor manera de financiar la reforma agraria, con los 3 millones de hectáreas para distribuir a campesinos que hoy no tienen títulos sobre algún predio.

Primera fase

Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que empezará con una primera fase de negociaciones con recursos que ya hay, y confirmó que se hará con la compra de 500 hectáreas, por las cuales se pagará un promedio de $20 millones por hectárea.

La ministra explicó que "la compra de tierra se hace con recursos públicos, el Minhacienda debería buscar esa fórmula, cuánto con deuda y cuánto con presupuesto". Sin embargo, resaltó que por el presupuesto de 2023 "tenemos $4 billones para el Ministerio de Agricultura", así que es de estos recursos donde habrá un punto "para buscar 500 hectáreas a $20 millones"; eso quiere decir que por lo menos $10.000 millones del presupuesto del Minagricultura de la vigencia 2023, pagarán los primeros negocios de la reforma agraria.

Sin embargo, todavía queda la pregunta de cómo se financiará la compra de 3 millones de hectáreas. Además, se debe tener en cuenta que con un promedio de $20 millones, lo que pagaría el Estado por cada hectárea a sus propietarios privados, se necesitarían hasta $60 billones para adquirir esos predios.

López dice que todo saldrá de recursos del Estado, pero el Minagricultura en 2023 tiene apenas más de $4 billones para su presupuesto total como cartera (es decir, su funcionamiento y todos sus planes de inversión en el campo), por eso está pendiente una definición del origen de los recursos.

Sin embargo, la jefa de la cartera agropecuaria volvió a poner una cifra, esta vez a la "primera tanda" de la compra de tierras. La funcionaria explicó que ese grupo serían 500.000 hectáreas, las cuales podrían estar en hasta $20 millones cada una "eso es casi la mitad de la reforma tributaria", haciendo referencia a que esa cantidad en ese precio equivale a por lo menos $10 billones.

• Le puede interesar: Fondos privados: reforma a pensiones debe tener mayor equidad y ahorro

Financiamiento

En su momento, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que si bien la reforma tributaria podría financiar los objetivos del Gobierno no será su totalidad para la compra de tierras, aunque defendió que "la reforma agraria está asegurada y está en los planes del Gobierno".

Con actualización catastral a 2022, y con el presupuesto de $20 millones por hectárea, el Gobierno solo podría comprar terrenos en Meta, departamento en el que la tierra más barata está en $20 millones y no es la mejor. De hecho, el promedio de precios por esta área (Meta) está entre $40 a $50 millones, con las características propias que el Ejecutivo ha dicho son requisitos indispensables para llevar a cabo el negocio, es decir, con vías de acceso, buenas tierras y agua.

De otro lado, la ministra de Agricultura entregó un balance de la implementación de la reforma agraria y el avance de otras acciones para beneficio de la población rural impulsadas por el Gobierno.

López reiteró que la reforma es una realidad y está avanzando firmemente con las normas que tenemos vigentes y agregó que el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras han recibido propuestas de venta de 1.756.000 hectáreas correspondientes a 3.420 predios ofertados.

De ese total, hay 420 predios (284.000 hectáreas) que provienen de ganaderos afiliados a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).

En la Región Caribe y el Magdalena Medio, donde el Gobierno decidió empezar la compra de tierras, hay 58.000 hectáreas ofertadas por los ganaderos como parte del acuerdo firmado por el Gobierno nacional y esa agremiación.

Sobre el proceso de adquisición, la ministra Cecilia López detalló que “solo se pueden comprar tierras altamente productivas, que no se inunden y que hayan sido adquiridas legítimamente por sus actuales propietarios”.

Entregas

La ministra precisó que las entregas se harán de forma colectiva, acompañadas por grandes proyectos productivos. “Una vez que se tenga la tierra y sepamos qué se produce en esa área hay que agrupar a la gente. Tenemos 115.000 solicitudes para adjudicación, pero hay que ver quiénes son, dónde están y cómo los agrupamos”, dijo.

La compra y adjudicación de predios permitirá atacar el problema estructural de la concentración de la tierra y garantizar el acceso a la propiedad de miles de campesinos, indígenas, afrodescendientes y en general a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Desde el inicio del Gobierno se aceleró la titulación de tierras, alcanzando la cifra récord de 919.397 hectáreas formalizadas en cuatro meses, es decir, el 13% de la meta de los siete millones de hectáreas que hacen parte de los compromisos del Acuerdo de Paz.

Superar los problemas de informalidad en la propiedad de la tierra abrirá las puertas al desarrollo rural a muchos campesinos que se están convirtiendo en propietarios y podrán acceder a todos los programas del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas.

Simultáneamente, se ha avanzado en la creación de cuatro Zonas de Reserva Campesina, beneficiando a más de 16.000 habitantes, así: Sumapaz con 22.765 hectáreas; Puerto Rico (Meta) con 33.694 hectáreas; La Macarena con 163.906 hectáreas; y Santa Rosa (Cauca) con 176.000”.

Con la puesta en marcha de esta figura, que reconoce el ordenamiento y la delimitación del territorio, se brindará atención prioritaria para los pobladores que recibirán toda la oferta institucional del Estado.

Las tierras del Caribe

La ministra López dijo que su objetivo está en la compra de tierras en el Caribe y en el Magdalena Medio, regiones que son hoy predominantes por la titulación en manos de ganaderos, los cuales estarían en el pacto de venta de hectáreas al Gobierno. El problema es que los reportes también hablan de precios desde $45 millones en esas zonas.

Teniendo en cuenta esto, las tierras que la jefa de la cartera de Agricultura podría estar negociado estarían en Meta, Casanare y Antioquia, los departamentos en los que, en promedio, puede estar costando $30 millones la más barata.

Las otras zonas en las que el presupuesto no alcanzaría serían el Eje Cafetero, Buga, Santander y Casanare, lugares en los que la tierra está avaluada en $50 millones por hectárea.