* Racha de violencia contra niños y adolescentes

* Reforzar el aparato institucional de protección

 

La masacre de cinco menores de edad en zona rural de Buga, en el Valle del Cauca, impactó a la opinión pública. No solo porque se trata del sexto asesinato colectivo en las escasas semanas corridas de este 2021 sino porque, una vez más, los adolescentes terminan siendo las víctimas de este pico de violencia regional y local que se está presentando en el país.

El móvil y autores materiales del múltiple crimen aún están por establecer. Hay varias hipótesis en estudio, una recompensa millonaria por información que permita identificar y capturar a los homicidas así como un equipo multidisciplinario de investigadores de la Policía y la Fiscalía con la misión de esclarecer rápidamente el macabro hecho. Los testimonios de los allegados y familiares de los adolescentes asesinados, cuyas edades oscilaban entre 17 y 18 años, señalan que se trataba de estudiantes que no habían reportado ningún tipo de problema y simplemente se encontraban departiendo en la finca en la madrugada del domingo cuando un comando armado los atacó. Dada la prioridad que se le ha dado al caso, se espera que en pocos días se pueda dar con los criminales y conocerse toda la verdad.

Aunque en Colombia se viene presentando una reducción de homicidios en los últimos años, llegando a tasas que no se veían hace décadas, lamentablemente los menores de edad continúan en la mira de los violentos. Por ejemplo, según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, en 2019 sobre un total de 11.880 homicidios que se registraron en el país, 84 correspondieron a niños entre 10 y 14 años, 570 a jóvenes entre los 15 y 17 años, 764 a adolescentes entren los 18 y 19 años así como 2.328 a personas entre los 20 y 24 años.

Pero no solo están los casos graves en donde los menores de edad pierden la vida. También es alarmante el número de atropellos y lesiones causadas a estos. Por ejemplo, solo el año pasado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió más de 24.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niñas, niños y adolescentes, de los cuales 12.724 fueron por violencia sexual. También hubo un aumento de casos de violencia intrafamiliar por causas asociadas a las largas cuarentenas que se dispusieron para enfrentar la pandemia. Este año, al tenor de la masacre ya anotada, el panorama no parece cambiar. Es más, con corte a mediados de este mes, ya se habían presentado cinco casos de niños y niñas fallecidos por hechos violentos. Incluso entre las masacres más graves del año pasado estuvieron las perpetradas en una vereda de Samaniego (Nariño) y en un corregimiento de Cali, en donde la mayoría de las víctimas eran niños y jóvenes. A todo lo anterior debe sumarse el creciente número de menores que se ven involucrados en delitos o terminan reclutados por organizaciones criminales de distinto espectro, teniendo el narcotráfico y el microtráfico como telón de fondo en no pocas ocasiones…

¿Qué está pasando en Colombia? ¿Cómo entender que continúe la sangría sobre los más pequeños y los adolescentes? ¿Acaso nuestro país no tiene una de las legislaciones más drásticas contra quienes agreden a los menores de edad? ¿Qué está fallando en el aparato interinstitucional que tiene como principal objetivo la protección de infancia y juventud? No hay que olvidar, por ejemplo, que el año pasado se aprobó la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños, que está pendiente de reglamentación.

Como ya se dijo, detrás de los crímenes cometidos contra esta población hay múltiples causas. El perfil de los victimarios también es muy variado y no asoma ningún tipo de sistematicidad en los ataques, salvo un completo desconocimiento de la prevalencia de los derechos de los niños y adolescentes.

Siendo claro que nuestro país tiene un conjunto normativo y una compleja estructura de entidades dedicadas a la protección de la infancia y la juventud, se impone una revisión del funcionamiento de ese sistema integral para encontrar qué flancos se deben reforzar para hacerlo más eficiente. Por el momento, no queda más que acompañar a los familiares de las víctimas de estos nuevos hechos de violencia y exigir de las autoridades una investigación rápida y certera que permita poner a los asesinos a custodia de la justicia para que reciban el máximo castigo posible.