Después que el 30 de marzo de 2016 la Fiscalía General la condena de 18 años impuesta al exalcalde Samuel Moreno Rojas, privado de la libertad desde hace cinco años, ayer el Tribunal Superior de Bogotá resolvió aumentar la pena a 24 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Mientras se realiza el trámite para que el exmandatario sea trasladado a la cárcel La Picota, donde se encuentra su hermano Iván Moreno, también condenado, el fiscal Néstor Humberto Martínez informó que arranca la segunda fase en la investigación del carrusel de contratos y que serán investigados por el delito de lavado de activos porque los recursos de la corrupción se invirtieron en Estados Unidos.

“No vamos a permitir que los corruptos se queden con esos patrimonios ilegales después de las exacciones que le hicieron a la capital. En este empeño tenemos el compromiso de Estados Unidos. Si con ocasión de esas actividades ilícitas se pudo cometer delitos en jurisdicciones extranjeras, que podrían llegar a ocurrir el lavado de activos, pues las autoridades podrán iniciar acciones judiciales correspondientes”, explicó el Fiscal.

Sobre el aumento de la pena al exalcalde Moreno, el jefe del ente acusador dijo que estaban complacidos porque a solicitud de la Fiscalía se ha generado la máxima condena posible por encima de los 24 años. “Es un mensaje claro para disuadir a todos los corruptos. La corrupción no puede seguir ganando espacio en Colombia”.

Entonces, la sentencia al exalcalde de la capital queda con una pena de 298 meses de prisión, una multa de 361 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas a perpetuidad, como determinador de la conducta de interés indebido en la celebración de contratos en concurso con cohecho propio.

La Fiscalía demostró que el exmandatario fue el responsable de la entrega de comisiones por más de $6.000 millones, en medio de la adjudicación del contrato de ambulancias en el año 2009, cuyo costo fue de $67.000 millones.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá, en el denominado carrusel de la contratación se evidencia que el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, “desde una posición de privilegio acordó con las principales fuerzas políticas de la ciudad una repartija de cargos, contratos e instituciones que resultó ser punible, consiguiendo así satisfacer la voracidad y los intereses particulares o individuales de esas colectividades, particularmente de los cabildantes pertenecientes a diferentes partidos políticos”.

Así mismo aclaró que en el presente asunto se observa la ejecución de conductas extremadamente graves, actos que implicaron bochornosas actuaciones en perjuicio de la administración capitalina por cuenta de Moreno Rojas.

Sobre la apelación de la Fiscalía para que fuera aumentada en seis años la pena al exalcalde, el delegado sustentó que se trató de un acuerdo criminal de una organización de cuello blanco que se insertó en la administración distrital, al mando del entonces mandatario capitalino en la época que tuvo vigencia el plan de Desarrollo de Bogotá Positiva.

Por su parte, el juzgado al proferir la sentencia advirtió “que se trató del trabajo ilícito de un club ignominioso el cual permitió la adjudicación de forma delictiva del contrato 1229 de 2009 de suministro de servicios de salud y ambulancias para Bogotá”.

De la misma manera, el fallador acogió el dicho de la Fiscalía en el que se indica que el exjefe de la administración distrital abusó de su posición privilegiada y de la confianza de sus electores, al desbordar sus funciones y omitir el deber que tenía de proteger los recursos públicos.

Para la Fiscalía, el mandatario pretendía llenar sus arcas y la de sus amigos mediante acuerdos con particulares para repartirse, como si se tratara de una en una feria económica, los recursos del erario aportados por todos los ciudadanos.