Mientras Colombia y Guatemala arreciaron en sus posiciones y llamaron a sus respectivos embajadores a consultas, Estados Unidos condenó la persecución de exfuncionarios anticorrupción en Guatemala en respaldo de las decisiones que en su momento tomó el actual ministro de Defensa nacional, Iván Velásquez, cuando fue director de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en el país centroamericano.
El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo en su cuenta de twitter: “Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala. Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo Nichols.
Al conocerse las acusaciones contra Velásquez, una de las decisiones inmediatas del presidente Petro fue llamar a consultas a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza. Así trinó el jefe de Estado: “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velázquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”.
Desde Davos (Suiza) el mandatario colombiano volvió a reafirmar el apoyo por su ministro: “Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, señaló el presidente Petro sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Lo vamos a respaldar, es un hombre justo”.
¿Cordura?
Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó a la cordura a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y le aclaró que el Ministerio Público guatemalteco está investigando al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y en ningún caso se trata de una “persecución penal”.
“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir”, dijo Giammattei en una entrevista con EFE en Madrid, España.
Por su parte, ayer se conoció que el Gobierno de Guatemala decidió llamar a la embajadora del país centroamericano en Colombia, Reagan Vega, en “reciprocidad” a la decisión del presidente Gustavo Petro de llamar a consulta a su embajador.
“En atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca”, se lee en el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.
Decisiones
Agrega que “lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.
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En el documento también se lee que, en ese sentido, “hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, al día de hoy, no ha recibido ninguna nota del Ministerio Público al respecto”, señala en comunicado.
El comunicado concluye con que “Guatemala reitera el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo”.
La Cancillería guatemalteca aclaró que llamar a consultas a un embajador es una manera diplomática de expresar molestias sobre un asunto entre dos países. Señaló que eso no significa romper relaciones, pero es una manera de marcar el terreno de una inconformidad.
Añadió que se espera que la embajadora de Guatemala en Colombia se movilice en las próximas 48-72 horas, dependiendo de temas logísticos y que eso también debería ocurrir con la diplomática colombiana.
¿De qué se le acusa?
Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de forma ilegal, los acuerdos de "colaborador eficaz" de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, dijo el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.
Velásquez dirigió hasta 2019 la Cicig, un ente adscrito a la ONU que junto al Ministerio Público (Fiscalía) reveló varios escándalos de corrupción.
El de mayor impacto fue el que involucró el expresidente Otto Pérez (2012-2015), al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas, y fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.