* Insoslayable principio de legalidad
* Quince días de error tras error…
Desde los contradictorios decretos presidenciales del cese de fuegos emitidos hace un par de semanas el país entró en una confusión integral en materia de seguridad. Porque no está claro si lo que se pretende, en aras de una negociada pacificación total (hasta el momento tan solo adivinada en las nubosidades de un presunto resultado final casi automático), es utilizar las posibilidades que para los procesos de paz y el sometimiento a la justicia otorga la ley, con sus límites, diferencias concretas y formalidades estrictas, o lo que se quiere es el desmonte del Estado por la puerta de atrás.
Al menos es lo que se deja entrever frente a las obligaciones de las autoridades estatales, además de jueces y órganos de la justicia, también de las Fuerzas Militares y de Policía, cuyas omisiones funcionales o acciones por fuera de sus facultades podrían tipificarse ipso facto con el grave delito de prevaricato en caso de no tener un soporte claro y transparente en el principio de legalidad, para despojarse de sus atribuciones y responsabilidades constitucionales en relación con el Estado de Derecho y la seguridad.
De allí, sobraría decirlo, que se hayan dado nítidas reacciones oficiales formales ante las solicitudes presidenciales de excarcelaciones para supuestos voceros de la pacificación, sean de criminales de primera línea nacional e internacional o de los grupos vandálicos urbanos en prisión. Negativa que se ha dado precisamente por no encontrar asidero en el principio de legalidad que, de base, divide los delitos políticos de los comunes. Al igual que, de otra parte, se ha hecho público el profundo malestar que agobia a las instituciones militares y policiales por no saber a qué atenerse, con base en ese mismo principio de legalidad, frente a las órdenes gubernamentales de cesar sus actividades en los lugares donde la criminalidad arrasa con la vida y las libertades ciudadanas mientras se disputan ciertos territorios, definitivamente despejados de soberanía estatal y al vaivén terrorífico de cuál grupo pueda al final imponer su predominio bárbaro.
Al comienzo, ante los decretos presidenciales de Año Nuevo, vino la inmediata reacción del Eln al dejar en claro que el Gobierno vivía en un mundo de fantasía al dar por sentado un cese de fuegos bilateral que ni siquiera se había aproximado en la recién inaugurada mesa de diálogos. El Ejecutivo reculó ante su desatino, después de unas explicaciones que nadie entendió. Obvio que es un tema de la mayor envergadura, pero el más mínimo conocedor sabe que un armisticio no es cosa de un pálpito, sino que exige protocolos, coordenadas, tiempos y reglamentaciones precisas, acordadas entre las partes.
Posteriormente el comandante del Eln sostuvo, en extensa entrevista de esta semana dada a un blog recogido por los medios, que, en suma, no estaban en una jornada de pacificación, sino en un proceso de paz; nada tenían que ver con las consignas políticas gubernamentales sobre este tema; y lejos estaban de adelantar unos diálogos al estilo del M-19. Añadió que no cederían sus presuntos territorios a lo que definió como el narco-paramilitarismo, ni a los múltiples supérstites de las Farc, sugiriendo de paso que el cese de fuegos con el Estado no contemplaría instancias colaterales de esta índole.
De colofón, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el Eln estaba en la vía de seguir el camino de Pablo Escobar o el de Camilo Torres, no comprendiéndose muy bien el símil puesto que ambos resultaron muertos, pero tal vez dando a entender que tenían por delante el camino de la degradación delincuencial o de la revolución (lo que tampoco es muy entendible si se trata de llegar a una paz concertada). En fin, con ese abrebocas incendiario se instala la reunión extraordinaria del próximo martes para superar la crisis prematura, que más bien y probablemente lo que conlleva es una contradicción general en los conceptos y términos de la denominada paz total.
La misma contradicción, entre otras, que ha surgido sobre el sometimiento a la justicia de las bandas criminales que, en coincidencia fortuita con el Eln, la Fiscalía General de la Nación reputa oficialmente de legatarias del paramilitarismo. Por lo cual, el despacho pertinente denegó la avalancha de excarcelaciones y suspensiones de órdenes de captura solicitadas, con pretensiones de vocería de paz, tanto en cuanto no encontró principio de legalidad que pudiera aducirse de la reformada Ley de Orden Público, ni la condición de delincuentes no comunes exigido por la normatividad para ello, a más de ser los jueces, y no los fiscales, los competentes para el tema. También el próximo martes, en una reunión al más nivel presidencial con el Fiscal, se sabrá la suerte del embrollo.
Basta recordar que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento… desde luego en los términos perentorios de seguridad que la misma Constitución obliga.