El mensaje que le dejó al país la presentación por parte del ministro Ocampo del plan financiero 2023 fue tranquilizador. El ministro de Hacienda debe utilizar siempre el modo optimista. Y eso es lo que ha hecho exactamente en esta ocasión.

En realidad, el conjunto de cifras que aparecen en el plan financiero son halagüeñas: para el año que comienza el gobierno espera cerrar con un déficit fiscal del 3,8% (inferior inclusive al que exigen los parámetros de la regla fiscal);  piensa concluir el 2023 con una inflación que empieza a declinar del 7,2%; con una perspectiva de crecimiento modesta  pero positiva del 1,3% ( aunque en declaración posterior el ministro Ocampo dijo que podríamos llegar al 2,5%); con un déficit de cuenta corriente que empieza a moderarse del 4%; con un superávit primario en las cuentas fiscales del 0,6 % del PIB; y con unos ingresos públicos fortalecidos no solo con la reforma tributaria sino por los mayores recaudos atribuibles a una mejor gestión de la Dian, a la factura electrónica, y a la productividad de ciertos impuestos como el IVA y las aduanas estimulados los primeros por los mayores precios que la inflación refleja en los precios de los productos gravados con este tributo, y los segundos como efectos de la mayor tasa de cambio.

En cuanto a los gastos el ministro fue más cautelosos en sus anuncios: informó que el 2023 se ajustará estrictamente a las disponibilidades fiscales, y repitió -nuevamente- que se cumplirá a rajatabla con la regla fiscal. No de otra manera se puede interpretar la perentoria afirmación de que el déficit público disminuirá al 3,8 del PIB en el año que empieza.

Y es acá donde surgen las mayores dudas: ¿será factible mantener las riendas ajustadas del brioso corcel del gasto público en el año que comienza? La respuesta a este interrogante la empezaremos a tener al escudriñar el detalle del presupuesto adicional que se presentará en algunas semanas.

Las presiones, y sobre todo los anuncios de nuevos programas de gasto público que se anuncian en los frecuentes trinos presidenciales, hacen pensar que los buenos propósitos del ministro Ocampo chocarán más temprano que tarde con rotundos y variados deseos de gasto público que se escuchan desde la casa de Nariño.

La famosa pregunta: en qué se van a gastar los ingresos de la nueva reforma tributaria, fue respondida de manera cautelosa y muy general por el ministro de Hacienda en la rueda de prensa que acompañó la presentación del plan financiero del 2023. Dijo simplemente que aún no hay una discriminación detallada de estos gastos, que todos se llevarán a gastos primarios (es decir, que no se utilizarán para disminuir deuda), y que las prioridades serán la reforma rural, salud, educación, programas de paz y vivienda social.

No hay que ser adivino para entender que al interior del gobierno se libra una dura lucha entre la ortodoxia fiscal que encarna el ministro Ocampo (que exige moderación en el gasto) y el resto del gobierno encabezado por el propio presidente Petro.

Esta es la principal disyuntiva fiscal del año que comienza: ¿qué prevalecerá: ¿el esmero fiscal para hacer realidad los buenos propósitos que se vislumbran en el plan financiero presentado por el ministro Ocampo? ¿O los vientos huracanados de nuevos programas de gasto público que diariamente rugen desde los trinos del presidente Petro?

Comienza este año con el anuncio de que se ha convenido un cese al fuego bilateral, de seis meses, entre el gobierno y otros cuatro grupos de la delincuencia de alto impacto. Y aunque el Eln desmintió un acuerdo en tal sentido, dijo que se abordará en la mesa de negociación. La noticia es buena y alentadora. Pero faltan aún muchas clarificaciones como, por ejemplo: ¿se trata de una propuesta gubernamental o cuenta con la aquiescencia de los grupos mencionados? Si es así: ¿por qué el anuncio lo hizo unilateralmente el gobierno y no a través de documentos firmados también por los grupos con los que se va a pactar el cese bilateral como ha sido la usanza?

Deberá además divulgarse información mucho más completa de la que se ha suministrado hasta ahora, como: ¿quién va a supervisar dicho acuerdo y cómo se le hará la auditoría del caso?  Hay que evitar caer en ingenuidades que conduzcan a que los partícipes en este acuerdo multigrupal terminen fortaleciéndose.

El esquema de un cese a varias bandas es novedoso. La clave radicará en precisar cómo funcionará la verificación del acuerdo anunciado. Acá no pueden caber improvisaciones ni ingenuidades. Recordemos que un cese al fuego no entraña la obligación para las fuerzas militares de reprimirse en su función constitucional de combatir el orden público y la seguridad ciudadana. Un cese al fuego bilateral como el anunciado es una operación extremadamente compleja.

Ojalá todo salga bien y que el cese al fuego con el que empezamos año se convierta en una autentica puerta hacia la paz total y no en un mero volador pirotécnico para recibir año. Todo dependerá de los dientes y cuidado que se le ponga a su verificación.