La política pública con relación a las víctimas del conflicto armado, que las entidades territoriales están formulando con respaldo del Gobierno Nacional, busca que se reflejen en los presupuestos ante las asambleas departamentales y los concejos municipales para que les aprueben las líneas de atención a esta población y sean ejecutados durante el año 2013.
Con esto presente, el Ministerio del Interior reiteró ayer, a través de un comunicado, que el 16 de diciembre de este año se cumple el plazo máximo para que alcaldes y gobernadores incluyan en sus Planes de Desarrollo los lineamientos que contemplen proyectos de prevención, protección, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
El plazo es fijado por medio del decreto 1725 de 2012 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que da cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta norma entrega una alta responsabilidad a las entidades territoriales en lo que hace referencia a la aplicación de los planes de acción de atención a las víctimas en cada región, según la oferta pública nacional y territorial.
A la fecha, el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad de Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, han realizado 54 talleres territoriales en los cuales han capacitado a 600 entidades territoriales.
El Gobierno Nacional tiene establecido dentro de su marco fiscal de mediano plazo 54 billones de pesos para atender a las víctimas del conflicto armado en un tiempo de diez años. Por ello, es importante que las entidades formulen sus proyectos para que los recursos puedan ser destinados de una manera focalizada y regionalizada a las necesidades particulares de las víctimas que están en cada una de las jurisdicciones municipales.
En marzo, la Federación Colombiana de Municipios les recomendó tener en cuenta la aplicación de la Ley de Víctimas en las tres etapas de la formulación del Plan de Desarrollo: alistamiento institucional, formulación del diagnóstico, elaboración de la parte estratégica y del plan plurianual de inversiones.