Un trancón de reclamaciones que dificulta que se cumplan las metas de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado en Colombia, reveló ayer el primer informe del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.

El Observatorio, que integra a investigadores de cinco universidades, es dirigido por Francisco Gutiérrez Sanín, quien en rueda de prensa en la Universidad del Rosario, presentó las conclusiones del Primer Informe del Sistema de Alerta de Riesgos (SAR).

Gutiérrez advirtió que el modelo de la atención por ventanilla a las víctimas está generando un represamiento en las solicitudes, lo que hará que el Gobierno no pueda cumplir las metas que se estableció para los próximos 10 años en materia de devolver los predios a los despojados.

"La Ley 1448 y su implementación ha tenido efectos positivos, pero el diseño de restitución, estilo ventanilla, está creando cargas prohibitivas sobre el Estado por lo que no hay la menor posibilidad de que se cumpla el plazo de 10 años. Eso implicaría pensar el rediseño de la política", señaló el profesor. De seguir esta situación, la restitución tardaría cientos de años.

El informe precisa que a los reclamantes que el Gobierno estimó atender, se suman desplazados que no habían solicitado su derecho y las víctimas que se han originado después de la entrada en vigencia de la norma.

Explicó el catedrático que "la cola de la restitución es bastante compleja y está constituida al menos por dos grandes procesos anidados: los municipios haciendo fila para la microfocalización y los reclamantes de los municipios microfocalizados haciendo fila para ser atendidos".

El Director del Observatorio añadió que en el caso de los municipios de los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre, región que se tomó como zona de investigación, la fila es en promedio de 3.330 personas, con una tasa de atención de 0.75 personas.

"No se trata de un problema de desempeño institucional sino del diseño que lo impacta, y es por esto que es fundamental hacer ajustes, ya que esta es una política extraordinariamente importante para el país y necesita ser preservada y desarrollada a toda costa", enfatizó Gutiérrez.

Responde la Unidad

En respuesta a esa advertencia del Observatorio, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, dijo que el Gobierno tenía presupuestado la ejecución de la norma en medio del conflicto armado, por lo que de antemano se conocían las consecuencias que esto iba a traer.

"La Ley se aprobó para implementarla en un lapso de diez años y en medio del conflicto. Implementarla así implica unos desafíos. De haber un acuerdo de paz y de pasar a un posconflicto, el escenario será mejor, pero mientras el conflicto siga, será muy difícil llegar a muchas zonas del país", enfatizó.

Sabogal dijo que el proceso colectivo protege los derechos de las víctimas sobres sus propiedades, por lo cual debe hacerse caso por caso.

"Con respecto del proceso colectivo, respetuosamente recibimos el comentario, pero el proceso de restitución, por tocar el derecho de propiedad, reviste una importancia suprema, en donde no se puede jugar con los derechos de propiedad de los campesinos", señaló el alto funcionario.

Frente al sistema de ventanilla Sabogal expresó que "la experiencia que hemos tenido determina que se conozca el caso a caso. Nosotros no podemos decir que en una misma zona todas las personas fueron despojadas de igual manera. La evidencia dice que en algunos casos procede la restitución y en otros no".

La Unidad informó que ha recibido alrededor de 50.000 reclamaciones que ascienden a 400.000 hectáreas. De ellasestán en trámite 13.000. El programa se ejecuta en 18 departamentos y se han resuelto más de 800 casos.

"Para nosotros es un grupo muy grande teniendo en cuenta que para poder tramitar una reclamación debe hacerse con todas las condiciones de seguridad del predio", concluyó Sabogal.

Recomendaciones

Las siguientes son las recomendaciones del Observatorio, compuesto por cinco universidades: El Rosario,  Nacional, Norte, Arboleda y Sinú:

·       Diseñar una política nacional contra el desplazamiento forzado;

·       Reconsiderar la restitución predio a predio y modular el principio de gradualidad con el de masificación, correspondiente a las especificidades del despojo (ampliamente documentadas) que tuvo lugar en Colombia;

·       Desarrollar una amplia labor de información y diseminación entre la población desplazada acerca de la ley y desarrollar mecanismos de evaluación del número de desplazados que efectivamente perdieron tierra;

·       Retornar la política de restitución al primer lugar de la agenda en la política pública; y

·       Reacomodar las expectativas y demandas financieras al tenor de la experiencia que se ha tenido con la restitución realmente existente.