La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la decisión de suspender por el término de 60 días a los señores César Alberto Peña Zuluaga y Luz Miryam Robledo Serna; y por 30 días a Carmen Susana Orozco, Yamid Adrián Agudelo, Diego Alexander Giraldo, María Etelvina Morales, Jesús Antonio Córdoba y Julio César Leal, concejales activos del municipio de Puerto Berrío (Antioquia).

En sesión extraordinaria llevada a cabo el 24 de abril de 2013 en el recinto del Concejo Municipal para aceptar la renuncia del presidente del Concejo de Puerto Berrío, los disciplinados eligieron y posesionaron al reemplazo del presidente de esta corporación, desconociendo que tal asunto no fue considerado en el acto administrativo que los convocó.

El Ministerio Público demostró que los corporados desconocieron el reglamento interno del Concejo, por cuanto debieron incluir en el orden del día el nombramiento del nuevo titular o esperar una nueva convocatoria para el desarrollo de tal propósito por parte del alcalde.

El órgano de control señaló que el actuar de los concejales se configuró en falta disciplinaria grave a título de culpa, al considerar que su actuar fue arbitrario y excedió los parámetros legales, pues desconocieron el procedimiento establecido para el trámite de las sesiones extraordinarias fijado en el acuerdo nro. 011 de 2012 e impusieron sin justificación su criterio a pesar de las voces de advertencia de sus mismos compañeros, que les hicieron saber lo irregular de tal actuar. 

La sanción disciplinaria impuesta a los concejales elegidos para el periodo 2012-2015 fue notificada en audiencia pública y quedó en firme por cuanto los sujetos procesales no apelaron la decisión.