El robode teléfonos celulares continúa siendo pan de cada día. Aunque ha disminuido el número de tragedias asociado a este delito, lo cierto es que desde muchos sectores nacionales se interrogan sobre qué tanta ha sido la efectividad de las medidas adoptadas el año pasado para combatir este flagelo.

Según las autoridades, gracias al paquete de medidas gubernamentales y el accionar de la Policía y la Fiscalía se viene reduciendo no sólo el hurto de estos aparatos sino la venta de esos equipos móviles a otras naciones de América Latina e incluso de Europa.

En el 2011 eran hurtados tres celulares cada sesenta segundos. Es decir, 180 cada hora y 4.324 al día. Ello implicaba casi 130 mil al mes y en el año 1.556.640 aparatos.

A pesar de las dramáticas cifras, las autoridades solo contaban con escasas 30 mil denuncias, pues los ciudadanos preferían acudir a su operador para adquirir otro móvil por reposición sin preocuparse el uso criminal que podría tener el aparato hurtado.

Sin embargo, según el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, coronel Fredy Bautista García, estas escandalosas cifras vienen registrando importantes descensos en las principales ciudades. Es más, el alto oficial sostiene que las medidas adoptadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son consideradas pioneras en el mundo en cuanto a lucha contra  el hurto de los celulares.

La administración de justicia también empieza a ser más drástica con estos delincuentes. En las últimas semanas ha tenido mucho eco mediático el caso del joven abogado Juan Guillermo Gómez Ospina, a quien le quitaron la vida de una puñalada por hurtarle el celular en  junio de 2012, en el barrio Los Rosales al norte de Bogotá.

Hace pocas semanas John Alejandro Puerto, uno de los homicidas del joven jurista, fue condenado a 44 años y cinco meses de prisión. Otro de los asaltantes, un menor de edad, fue condenado por un juez de Infancia y Adolescencia, mientras sigue en curso los procesos contra otros dos implicados.

Lo importante es que esta clase de medidas y procederes judiciales se multipliquen.

Según Bautista en el último trimestre del año pasado empezaron a regir todos los controles adoptados por los ministerios de las TIC, Defensa y Comercio, la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana, la Fiscalía y la Policía.

“Esas medidas buscan un control efectivo al hurto de los celulares... Las estrategias no solo se llevan a cabo en el país sino a nivel mundial con el propósito de frenar ese flagelo y los crímenes derivados”, precisó.

Entre esas medidas están los exigentes controles a quienes venden teléfonos móviles así como un registro masivo de todas las terminales, para poder generar listas negativas que permitan bloquear los aparatos reportados como robados.

El coronel recordó que las medidas garantizan la inscripción del registro único de los equipos de telefonía celular por parte de todos los ciudadanos y la entrada en funcionamiento plenamente de los sistemas de administración de las bases de datos con las listas positiva y negativa.

La primera contiene los equipos importados y en funcionamiento legalmente y la negativa recoge los teléfonos que registran un reporte de pérdida y por hurto.

“Anteriormente existía una facilidad de comercialización, pues cuando el aparato era hurtado, poco después era llevado a centros de acopio, lugares desafortunadamente ubicados en mercados informales, en diferentes sectores de las ciudades e incluso en el propio centro”, explicó el alto oficial.

Allí el IMEI (Código de identificación del teléfono móvil) era modificado o alterado y en cuestión de poco tiempo el aparato funcionaba de nuevo y podía rápidamente ingresar al ‘mercado del usado’ y ser activado en las redes, porque sencillamente no existía la posibilidad de confrontación por parte del operador de telefonía celular.

Obtener ese IMEI es fácil: basta con marcar desde el equipo celular *#06# o también buscarlo en los códigos de barras que vienen impresos en las cajas de los aparatos nuevos.

Estas medidas en vigencia van dirigidas a afectar directamente ese mercado clandestino, de forma tal que los aparatos hurtados no puedan ser reutilizados, lo que deprecia su valor y acaba con el negocio de las mafias locales que se formaron alrededor de este delito.

Hoy avanza a buen ritmo el proceso para que los tenedores de teléfonos acudan a  una página en internet y a líneas telefónicas de sus operadores para registrar sus equipos móviles y dar parte a las entidades correspondientes cuando ha sido hurtado.

El coronel Bautista agregó que, además, con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones ya se adelanta un proceso de censo de establecimientos comerciales dedicados a la venta de equipos terminales móviles. “Ese censo nos permite decirle a la ciudadanía que cualquier establecimiento que esté vendiendo equipos móviles debe tener una licencia de funcionamiento tramitada ante el Mintic”, indicó.

Para garantizar que la norma se cumpla la Policía realiza inspecciones periódicas. “Cerca de tres mil establecimientos se encuentran censados a nivel país y hasta el momento han sido blanco de intervención más de 1.400 con el ánimo de verificar la legalidad de los equipos móviles que están a la venta al público”.

De acuerdo con el jefe del Centro Cibernético de la Policía los uniformados pueden establecer en cuestión de segundos, por vía electrónica o radial si un  IMEI aparece en la lista negativa y si es así proceder a su incautación.

 

El Pacto

 

Para este proceso es clave el pacto global contra el robo de celulares que se firmó para atacar coordinadamente ese flagelo y evitar que los celulares robados en un país sean vendidos en otro.

Con la firma del pacto, recordó Bautista, autoridades, gremios, operadores y agentes tecnológicos trabajan en nuevos esquemas de seguridad y soluciones para atacar el problema del hurto.

El pacto lleva el nombre de “Declaración de Bogotá” y fue suscrito por los ministros de Comunicaciones de Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, España y Turquía, entre otras naciones así como autoridades internacionales, como Scotland Yard, Interpol, Ameripol y el FBI.

“Los países se comprometieron a compartir las bases de datos, prevenir y evitar la comercialización de equipos móviles en sus jurisdicciones. Además se firmó un acuerdo de cooperación con México para el mismo caso”, indicó el alto oficial.

“Hoy existe una mayor conciencia de los Estados y de los gobiernos para legislar y proferir controles administrativos que obligan a los entes reguladores de comunicaciones a establecer la lista negativa que al ser compartida entre las naciones dificultan la comercialización de los equipos hurtados”, precisó.

Ya se ha podido establecer, por ejemplo, que los celulares hurtados en el territorio nacional terminaban en Ecuador, Perú, Argentina,  Venezuela y Centroamérica.

También se detectó el ingreso de algunos equipos de telefonía robados en Estados Unidos que eran remanufacturados y traídos al país en forma ilícita por vía terrestre y por vía aérea.

Para frenar el flagelo se han redoblado controles en puertos y aeropuertos.

Asimismo a diario se hacen procesos de verificación en los pasos fronterizos, como en la ruta Cali-Ipiales; Medellín-Eje Cafetero hacia Cali; y Cúcuta-San Cristóbal.

Bautista García narró que en los buses internacionales se han encontrado “caletas” con dispositivos hurtados en Colombia.

“Todas estas medidas nos llevan a que hoyen día sea más difícil la actividad de los criminales frente a la comercialización de los equipos terminales móviles en Colombia. Con el Estatuto de Seguridad Ciudadana y la Ley 1453 de 2011 se sanciona como delito modificar, alterar y reprogramar celulares”, dijo Bautista, al reiterar que nuestro país es pionero en materia de castigos drásticos a este tipo de delincuentes.

Con base en todo lo anterior, enfatizó Bautista, “… hoy contamos con una tendencia a la baja en materia de hurto de teléfonos celulares, pues el objetivo principal era desestimular la comercialización de los equipos hurtados y enviar a la cárcel a quienes violen las nuevas normas de control”.

Recalcó que no sólo se ha evidenciado una reducción de hurtos sino en el aumento de denuncias y reporte de los casos de robos, lo que les permite a las autoridades adelantar las correspondientes investigaciones y establecer cuadros estadísticos sobre modalidades del accionar criminal y su modus operandi.

 

Microextorsión

 

Frente a todos estos controles y su creciente efectividad, las mafias dedicadas al hurto de celulares empezaron a mutar e incluso a cobrar pequeñas sumas de dinero para devolver los teléfonos celulares hurtados a sus propietarios ante la incapacidad de activar los aparatos o enviarlos al exterior.

Bautista García indicó que ya están en marcha medidas para enfrentar este nuevo fenómeno. “Esto quiere decir que vender móviles hurtados ya no es un buen negocio y se corre el riesgo de ir a la cárcel… Ahora (los delincuentes) llaman a los dueños para devolverles el equipo a cambio de una pequeña suma de dinero”, anotó.

Agregó el alto oficial que para enfrentar esta variable delictiva, también se trabaja en campañas de concientización para que los ciudadanos reporten los equipos perdidos o hurtados rápidamente, sin esperar posibles llamadas de los ladrones.

El alto oficial dijo que era preciso también recalcarle a la opinión pública que el hurto de celulares y su reprogramación es un crimen no excarcelable. Implica al delincuente entre seis y ocho años de prisión y una multa cuantiosa.

“El ciudadano juega un papel importantísimo en el tema de la prevención del hurto de celulares, pues encontrábamos que no denunciaban la pérdida o el hurto del aparato. Entonces las cifras que registran las autoridades en esta materia no concuerdan con la realidad. En este momento la tendencia de no denunciar se viene revirtiendo y ahora se incrementaron las denuncias porque los ciudadanos confían en sus autoridades y en las medidas que se vienen adoptando para enfrentar este crimen”, aseguró Bautista García.

Aseguró que “denunciar le permite a la Fiscalía y a la Policía constituir investigaciones contra organizaciones criminales que se dedican al hurto de los móviles. No es el robo aislado del que se roba un teléfono del bolsillo a un ciudadano que utiliza un sistema masivo de transporte o en un lugar de aglomeración, sino que aquí estamos con mafias que compran esos teléfonos a ese que es el primer eslabón y de personas que participan en la receptación acumulando grandes cantidades de equipos, personas con perfil técnico, ingenieros, que inicialmente reprogramaban el número IMEI para permitir la activación en el mercado local”.