La tarea (I)

El pasado 18 de enero, con ocasión de la posesión de Daniel Palacios como Ministro del Interior, el presidente Duque le dijo al nuevo integrante del gabinete que una de sus prioridades debería ser sacar adelante, en conjunto con la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, en el marco de la Mesa de Moralización, el proyecto que endurece las sanciones a la corrupción, con el fin de tener mayor eficacia operacional, administrativa y sancionatoria contra las empresas que se involucran en esta clase de escándalos y delitos. Sin embargo, para varios congresistas Colombia aún está “cruda” en materia de combate al llamado “velo corporativo”, sobre todo a la hora de vetar a empresas que cambian de razón social o se esconden en sociedades anónimas para esquivar sanciones por corrupción en contratación pública. Incluso se citan casos concretos relacionados con el escándalo de Odebrecht.

La tarea (II)

Pese a ello, el Gobierno considera que ese proyecto sí tiene “dientes” y se complementa con las nuevas herramientas legales para generalizar los Pliegos Tipo, obligar a la publicación de las declaraciones de renta o exponer abiertamente los conflictos de intereses de los servidores públicos. Todo ello unido a la reforma penal que restringe la posibilidad de que los condenados por delitos contra la administración pública puedan recibir el beneficio de casa por cárcel. Por el momento en el Parlamento están esperando que Palacios convoque a las comisiones respectivas para analizar más a fondo las implicaciones de levantar de una vez por todas el velo corporativo y que la responsabilidad penal de las personas jurídicas (es decir las empresas) se convierta en una realidad.

¿JAC politizadas?

Paradójicamente entre los más interesados en que arranque lo más pronto posible este tercer tramo de la legislatura están las asociaciones de Juntas de Acción comunal (JAC) ¿Por qué? Sencillo: el Gobierno se comprometió ya a presentar un proyecto de ley que no solo fortalecerá a estas instancias sino que abriría paso a que pudieran participar de modo más directo y determinante en proyectos de vías terciarias, agua y saneamiento y otros relacionados con el empoderamiento social. Para algunos expertos un año electoral no es el más adecuado para esta clase de iniciativas, ya que podría llevar a una politización de las JAC. No hay que olvidar que en el país hay más de siete millones de personas en más de 64 mil juntas.

La prioridad

Para terminar con la agenda legislativa que debe empezar a discutirse este año, pese a que en el segundo semestre ya estaremos en plena campaña electoral para los comicios legislativos de marzo de 2022, una de las iniciativas que se considera tendrá un camino más difícil es la relativa a la reforma de la Ley Estatutaria de Justicia. El Gobierno llamó a las bancadas y las altas cortes para empujar el proyecto pero en el Parlamento consideran que no será en este 2021 cuando sea posible avanzarla. De hecho se cree que el ministro Wilson Ruiz debería concentrarse en sacar adelante la iniciativa que reglamenta la cadena perpetua en Colombia para los asesinos y violadores de niños. Este proyecto fue anunciado para el segundo semestre del año pasado pero no fue presentado. El acto legislativo que aprobó la cadena perpetua, en junio de 2020, le dio un año al Gobierno y el Congreso para la respectiva reglamentación. Así las cosas, hay una contrarreloj en este flanco.