7 más 7

Uno de los países sobre los que más dudas existen en torno a las cifras de la pandemia del covid-19 es Venezuela, ya que la curva de contagios y decesos que reporta es extremadamente baja y los sectores de la oposición acusan al régimen dictatorial de Nicolás Maduro de esconder la verdadera dimensión de la pandemia, sobre todo en una nación que tiene un sistema de salud con muchos problemas financieros, de talento humano y cobertura en servicios complejos. Paradójicamente, a partir del lunes pasado el gobierno chavista empezó a aplicar “el método 7 más 7 de flexibilización perfecta, ampliada y segura en todo el país, a excepción de los municipios fronterizos con Colombia”. La propuesta consiste en consiste en combinar 7 días de cuarentena radical y 7 de flexibilización.

Rifirrafe

Paradójicamente Maduro anunció que su gobierno ya firmó documentos de confidencialidad con los rusos, los chinos y los cubanos, para que Venezuela “se incorpore orgánicamente” en los procesos de pruebas en pacientes nacionales. Y, claro, aprovechó el tema para lanzarle un nuevo sablazo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que su gobierno sí está actuando con “rigurosidad y seguridad científica”, mientras que el titular de la Casa Blanca “anunció una vacuna antes de las elecciones presidenciales en ese país". Lo más grave es que la oposición sigue insistiendo en que el gobierno chavista estaría utilizando recursos de la emergencia sanitaria con sesgo político, priorizando la entrega de ayudas en las zonas en donde hay más partidarios del régimen.

¿Extras sin EPM?

Alfredo Ramos, exsenador uribista y excandidato a la Alcaldía de Medellín, y hoy concejal de la ciudad, tras haber quedado segundo en los comicios de octubre pasado que ganó Daniel Quintero, también está terciando en la polémica alrededor de la crisis en Empresas Públicas de Medellín (EPM). El martes, por ejemplo, indicó que las sesiones extraordinarias del Concejo deberían permitir un mayor control político a esta problemática de forma pública y abierta. “Los temas de EPM no pueden ser tratados en un café en privado con el gerente sino que requieren un debate de cara a la ciudad. No más silencio del Concejo”. Ramos se quejó que este martes comenzaron las “sesiones extraordinarias del Concejo, a las que fuimos citados por el gobierno, que tiene esa facultad legal. Como habíamos pronosticado, no se citó para hablar de EPM. Considero que el Concejo puede hacer control político en extras, pese a otras interpretaciones”.

Feria de contratos

Pero Ramos se no queda ahí. Denunció también que “… siempre hemos mantenido coherencia con la propuesta de que EPM debió inicialmente administrar CaribeMar para, en unos años, ejercer una opción de compra tras conocer el mercado y la operación. Son recursos muy grandes para seguir improvisando”. También sostuvo que hay una “Feria de contratos de EPM: este año se han gastado $7.600 millones en contratos con abogados externos, además de crear una nueva secretaría general llena de abogados. Llamativos contratos para oficinas de abogados sentadas esperando lo que les pida el Gerente”. Igualmente recalcó que hay “$16 mil millones en auditorías y consultorías durante estos meses. Incluye una revisoría fiscal que se ha quedado callada ante  extravagancias de gerencia”.