El vaticinio de Santos

La afirmación ayer, en su gira por Alemania, del presidente Santos en torno a que creía que habría segunda vuelta en los comicios presidenciales colombianos, generó distintas reacciones políticas en el agitado ámbito proselitista local. Por ejemplo, al uribismo, que quiere ganar en primera vuelta con Iván Duque, es claro que no le hizo la menor gracia el vaticinio del Jefe de Estado, por el mensaje político que implica. En tanto en las toldas de Germán Vargas Lleras y de Gustavo Petro el análisis presidencial fue bien recibido porque, por obvias razones, descarta que el aspirante del Centro Democrático pueda imitar lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe en 2002 y 2016, cuando sólo necesitó una cita en las urnas para ganar la titularidad de la Casa de Nariño.

Las peleas antioqueñas

Uno de los principales baluartes políticos del uribismo en Antioquia ha expresado su inconformismo porque varios parlamentarios, dirigentes regionales y locales en ese departamento, en lugar de estar concentrados en la campaña presidencial y el anhelo de que Iván Duque gane en la primera vuelta el 27 de mayo, se están distrayendo en tempraneros pulsos y consejas políticas para situarse como candidatos a las principales alcaldías –incluyendo la de Medellín- y hasta para la gobernación paisa. Las quejas ya le habrían sido formuladas al propio expresidente Álvaro Uribe. En los comicios regionales y locales –los próximos serán en octubre del próximo año- no le ha ido muy bien al uribismo, especialmente por rifirrafes internos entre congresistas y candidatos que Uribe no pudo neutralizar a tiempo y luego le salieron caros en las urnas.

JEP y “campo minado”

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) “empieza a caminar sobre un campo minado”. Ese fue el diagnóstico que ayer dio uno de los congresistas que participó activamente en los debates en el Congreso al proyecto de acto legislativo que le dio vida a ese sistema jurídico excepcional. Según el parlamentario, que pidió la reserva de su nombre, cuando se estaba en la discusión sobre cómo los terceros civiles podrían someterse a la JEP, hubo mucha discusión en las comisiones primeras y las plenarias de Senado y Cámara en torno a “lo gaseosa” que era la definición de cuándo un delito podía estar relacionado “directa o indirectamente” con el conflicto armado.

La génesis del lío

“… Me acuerdo muy bien que ese tema se discutió y varios senadores indicaron que era absolutamente anti-técnico, anti-jurídico y atípico hablar una categorización de competencia jurisdiccional que partiera de semejante término (“directa o indirectamente”) y más complicado aún resultaba el hecho de que la decisión sobre qué conducta penal estaba o no relacionada por el conflicto se dejara a discrecionalidad de los magistrados de la Sala de Definiciones Jurídicas (de la JEP)… Sin embargo, el Gobierno y los ministros del Interior y de Justicia replicaron que, primero, esa terminología venía derivada del propio acuerdo de paz negociado en La Habana y, segundo, se partía de la base de que esta jurisdicción tenía la potestad de poder citar a los terceros civiles que considerara que estaban involucrados en delitos graves y atroces relacionados con el conflicto”.

El fallo de la Corte

Según la misma fuente “… el problema ahora se genera porque una cosa es lo que aprobó el Congreso en el acto legislativo que daba vía libre a la JEP y otra lo que pasó en la Corte Constitucional”. Explicó que en el fallo del máximo tribunal el tema de la competencia y la discrecionalidad se varió sustancialmente porque la Corte determinó que los terceros civiles no podrían ser obligados a comparecer ante la JEP sino que su sometimiento sería voluntario. Ese elemento, concluyó el parlamentario, cambió el escenario de aplicación de la jurisdicción y su ámbito de competencia, pero sólo hoy “estamos viendo sus consecuencias en la práctica”.