La propuesta del candidato presidencial Germán Vargas Lleras en torno a unificar los periodos de mandato del Presidente de la República y el de los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles, tuvo eco en muchos de los actuales mandatarios seccionales. Aun así, un gobernador, en charla confidencial con EL NUEVO SIGLO, indicó que hay muchos titulares departamentales que, contrario a lo que se pensaría, no estarían interesados en que, durante la transición de una reforma de este estilo, se les alargue el periodo por dos años más. Sin embargo, consideró que no existiendo reelección presidencial es necesario acompasar la marcha de las esferas ejecutivas a nivel nacional, departamental y municipal.

Choque de planes de desarrollo

El mismo mandatario departamental le dijo a EL NUEVO SIGLO que los 22 meses que aún les restan de mandato a los gobernadores y alcaldes serán muy complicados, no solo por la difícil coyuntura en varias regiones, sino porque el gobierno nacional que asuma en agosto próximo debe presentar su Plan de Desarrollo al Congreso, y cuando este sea aprobado, le tocará a los gobernadores ir a sus respectivas asambleas departamentales para armonizar ese nuevo mandato nacional con el que están aplicando las administraciones seccionales desde hace dos años. Así las cosas, recalcó la fuente consultada, un gobernador y un alcalde termina “gobernando dos años”, porque el primero se va en aprobar su propio Plan de Desarrollo y el último en armonizarlo con el nuevo del gobierno nacional entrante.

¿Limitar principios de oportunidad?

Tras el cuestionado acuerdo a que llegó la Fiscalía con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en cuanto a que solo pague cinco años de cárcel efectiva por los distintos delitos que se imputan tras el millonario desfalco en ese departamento a través de maniobras de corrupción como las del “cartel de la hemofilia”, se sabe que algunos congresistas van a presentar, tan pronto como comience el último tramo de la legislatura, a mediados de marzo, un proyecto de reforma a los códigos Penal y de Procedimiento Penal limitando la capacidad de los fiscales para negociar principios de oportunidad. “… La idea es que se reduzca la margen de negociación de los fiscales e incluso de aprobación de los jueces… No se podría, por ejemplo, reducir más de la mitad del tiempo máximo de pena de la sumatoria de los delitos”, precisó un parlamentario.

Mutismo por caso SENA

Tras las pesquisas disciplinarias que anunció el procurador Fernando Carrillo sobre más de 20 mil contratos en el SENA, la posibilidad de que exista una “nómina paralela” y la lupa sobre las actuaciones de seis congresistas, algunas voces uribistas le pedían ayer a la Casa de Nariño no solo que se pronunciara ante semejante escándalo, sino que reiteraron la necesidad de que renunciara el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, ex director del SENA y quien fue duramente señalado en su momento por su sucesora en el cargo, María Andrea Nieto, a quien el Gobierno removió. Por lo pronto, se sabe que la Fiscalía ya también le tiene el ojo encima a las presuntas anomalías contractuales y tráfico de influencias en esa entidad, por lo que en pocas semanas tomará las primeras decisiones al respecto.

Buscando el “articulito”

Varios juristas de primer nivel están dedicados a revisar artículo por artículo todos los actos legislativos, leyes y decretos que ha aprobado el Congreso o expedido el Gobierno en desarrollo de la implementación normativa del acuerdo de paz firmado con las Farc. “… Lo que estamos revisando es en cuál norma está taxativamente señalado lo relativo a qué le pasará a los desmovilizados que no hayan entregado los bienes de origen ilícito y para la reparación de las víctimas… Hay que sustentar una demanda de forma seria y objetiva… Por ejemplo, hay un tema todavía sin delimitar: ¿cómo se individualiza el nivel de culpabilidad en estos casos: en la cúpula o en la persona o personas desmovilizadas presuntamente relacionadas con los bienes no declarados?”, precisó un experimentado abogado.