Si bien es cierto que el Gobierno ya recibió una oferta de la banda criminal denominada “Clan del Golfo” para evaluar un posible sometimiento a la justicia, no sería la única estructura criminal que está pensando en este camino. Según lo que ha trascendido en algunas instancias cercanas a la Fiscalía, abogados de otros señalados cabecillas de bandas criminales han buscado acercamientos con el ente acusador para analizar su particular situación jurídica y evaluar que caminos podría tomar en caso de entregarse a la justicia y evitar ser capturados o abatidos por las autoridades que están tras su pista. La posibilidad de algún tipo de tratamiento político está descartada desde hace mucho tiempo, sobre todo después de que Néstor Humberto Martínez asumió la jefatura de la entidad.
El pulso por las fotomultas
Las empresas que manejan contratos relacionados con fotomultas en muchos municipios del país se encuentran analizando la posibilidad de pedir al Ministerio del Transporte y a la Superintendencia respectiva un ajuste a la normatividad que las rige, porque consideran que se están creando vacíos jurídicos que ponen en duda la estabilidad de los contratos firmados con las alcaldías e, incluso, las podría llevar a ser blanco de investigaciones penales y administrativas. Si bien es cierto que el Congreso ha legislado sobre el tema con el fin de frenar los abusos que se estaban cometiendo con las fotomultas y algunos contratos con particulares, hay varias demandas ante instancias contenciosas y administrativas para dejar sin efecto dichos contratos y anular el cobro de las multas.
Más ‘cartelización’ empresarial
Y hablando de superintendencias, en los altos círculos empresariales se rumora que la de Industria y Comercio tiene listas varias decisiones sobre nuevos presuntos casos de cartelización empresarial que incluiría, al menos en uno de los procesos, un producto de consumo masivo popular e involucraría a varias empresas de primer orden en el país. Incluso se rumora que ya algunas de las compañías que saben que estaban en la mira habrían buscado contactos con las autoridades con el objetivo de allanar posibles acuerdos de admisión de culpa así como de reducción o incluso exoneración de sanciones de distinta índole.
¿‘Blindaje’ a Tribunal de Aforados?
El Tribunal de Aforados que el Gobierno quiere revivir a través del proyecto de reforma política y electoral que se tramita bajo la modalidad de ‘fast track’ y está listo para ser abordado en segundo debate, por la plenaria de la Cámara, tendría la posibilidad de ser declarado exequible por la Corte Constitucional, pese a que un año atrás ese mismo alto tribunal tumbó esa figura por considerar que la norma que lo creaba, en el marco de la llamada reforma de “equilibrio de poderes”, sustituía la Constitución. “…. La misma sentencia de la Corte sobre el plebiscito refrendatorio de paz y otros fallos sobre el proceso de implementación normativa del acuerdo firmado con las Farc reiteran que se requiere una serie de instituciones nuevas y de cambios legales y constitucionales en aras de concretar el derecho especialísimo a la paz… Así, el Tribunal de Aforados es necesario para implementar el marco institucional del acuerdo de paz, pues es la instancia que va a juzgar a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sino porque la reforma de equilibrio de poderes era un acto legislativo normal, a diferencia de la reforma política y electoral que va por “fast track”, explicó un senador de La U en charla informal con varios reporteros políticos.
Incertidumbre en el agro
En algunos gremios del sector agropecuario consideran que el Gobierno está creando una especie de vacío de poder en la política sectorial, ya que hace varias semanas anunció el relevo del titular de la cartera, Aurelio Iragorri, pero nada que concreta la designación de su reemplazo ni tampoco, como se rumora en los corrillos políticos, echa para atrás esa decisión y ratifica al Ministro, que parece no tener ganas de asumir las riendas de La U.
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