Tras lo ocurrido con las campañas presidenciales de 2010 y 2014, que hoy están bajo la lupa por haber recibido, directa o indirectamente, aportes en dinero, servicios o especie pagados por la cuestionada multinacional Odebrecht, varios consorcios empresariales de primer nivel en el país, tanto de capital nacional como internacional, han advertido a sus más altos ejecutivos que en la medida de lo posible se abstengan de hacer donaciones o aportes particulares a las causas políticas, porque no se sabe qué pueda pasar más adelante con las nuevas legislaciones que se aprueben sobre financiación política y, sobre todo, si una colaboración económica puede llegar a afectar, directa o indirectamente, los procesos de contratación o licitación de privados con entidades gubernamentales en el próximo gobierno.

¿Quién será el nuevo Auditor?

Poco se sabe de hacia dónde soplan los vientos en cuanto a la elección del nuevo Auditor General de la República, ya que está a punto de vencerse el periodo bianual de Carlos Felipe Córdoba. Como se sabe, el pleno de la Corte Suprema de Justicia integró una terna con los nombres de Nora Fernanda Martínez López, Antonio Emiliano Rivera Bravo y Carlos Hernán Rodríguez Becerra. La elección está en cabeza del Consejo de Estado pero fuentes de ese alto tribunal le indicaron a un periodista de EL NUEVO SIGLO que pese a que la terna se conoce desde comienzos de agosto, no se ve “todavía” una corriente mayoritaria de magistrados a favor de alguno de los integrantes de la baraja.

Dos con pasado en cargos políticos

Mientras que Martínez López tiene una trayectoria más jurídica, Rivera Bravo, de clara procedencia liberal,  ya fue secretario general de la Comisión Primera de la Cámara y hoy es magistrado en el Consejo Nacional Electoral, teniendo incluso a su cargo una de las investigaciones por el caso de las campañas presidenciales y los aportes de Odebrecht. Rodríguez Becerra - quien ya estuvo ternado en 2011 por la Corte Suprema para este mismo cargo- fue concejal de Palmira, diputado del Valle, secretario de Planeación de la Gobernación del Valle, contralor departamental, defensor Regional y actualmente Director Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo. Aunque muchos ven como favorito a Rivera, no se descarta una sorpresa.

“Los colombianos tienen la palabra”…

El próximo jueves se cumplirá el primer año de la sanción de la Ley Estatutaria 1806, por medio de la cual se reguló la convocatoria del plebiscito para la refrendación del acuerdo final de paz con las Farc. Muchos recuerdan que ese día el Jefe de Estado fue enfático en afirmar que el objetivo de la citación a las urnas era que los “colombianos tuvieran la última palabra” sobre el pacto con la guerrilla, y que se “respetaría” el resultado electoral, ya que tendría carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo final ya firmado en La Habana. Este último condicionamiento, como se sabe, lo tumbó la Corte Constitucional y fue clave para cuando el No ganó en las urnas y se procedió a una nueva, polémica e inédita refrendación por vía del Congreso.

Cese sí, pero “Día D” se aplazó y aplazó

Y también el próximo jueves hará un año de que el presidente Santos no sólo llevara al Congreso la solicitud formal en la que pedía autorización para la convocatoria del plebiscito refrendatorio de paz, sino que también decretó el cese al fuego definitivo con la guerrilla de las Farc, que ya llevaba más de un año largo en tregua unilateral. Un exministro recordaba el viernes pasado que ese día hubo muchas reacciones, la mayoría de las cuales coincidía en que la guerrilla incumpliría, lo cual, a decir verdad, no pasó. Sin embargo, lo que sí ocurrió es que el “Día D”, es decir la fecha a partir de la cual las Farc debían empezar a trasladarse a las “Zonas Veredales” de concentración, se fue corriendo mes tras mes, pese a que se aspiraba a que hacia diciembre o enero terminara el desarme subversivo y el cese el fuego. Ello sólo se concretó la semana pasada.

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