Sería, a todas luces, lamentable que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se abstenga, por caducidad en los términos, de investigar el escándalo de Odebrecht y su proterva intervención en las campañas presidenciales, haciendo de palanca a la más lesiva corrupción de que se tenga noticia en los últimos tiempos. Frente a ello, por el contrario, las autoridades brasileñas condenaron esta semana al expresidente Luis Inácio Lula Da Silva a más de nueve años de prisión, y las peruanas enviaron a la cárcel al expresidente Ollanta Humala y su esposa.
Desde luego, muchos de los acontecimientos colombianos al respecto están en manos de la Fiscalía y en un comunicado se ha dicho que la entidad hará los esfuerzos propios para llevar a buen término una investigación que no puede, en modo alguno, dormir el sueño de los mortales. Pero al mismo tiempo sería un despropósito que el CNE, organismo al cual el Fiscal General trasladó las indagaciones para lo de su competencia, se camuflara en la prescripción a fin de no tomar las determinaciones del caso.
Hemos dicho reiterativamente que no necesita esa entidad una reforma al estilo de la planteada por la Misión Electoral, conformada por el presidente Santos con el fin de adelantar los cambios políticos derivados de los acuerdos con las Farc. Esto porque nada más lesivo a la estructura del Estado que la creación de una supercorte, agregando otro organismo a los varios que ya existen del mismo nivel. No obstante, de abstenerse el CNE de culminar las investigaciones de Odebrecht, sería la demostración palmaria de que en realidad no sirve para mayor cosa. Y en ese caso parecería prudente hacer una nueva corporación fruto de sumar las competencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado y las propias del CNE.
No creemos, en lo absoluto, que esto sea solución alguna. De tal modo, aquí y ahora, el CNE está en la facultad de producir los fallos del caso y con ello salvarse de la decapitación que se le quiere imponer en la próxima legislatura, a iniciarse el 20 de julio.
Sea lo que fuere, el CNE, más allá de discusiones bizantinas propias del laberinto jurídico al que lo quieren someter algunos magistrados, debe proceder para producir las sentencias administrativas, con las multas correspondientes y el traslado a los demás organismos para las actuaciones de su competencia, so pena de que la existencia del alto tribunal electoral se confirme completamente inane.
La corrupción electoral, que no solamente nace del fraude directo, sino de actitudes de este tipo, debe ser develada y castigada en toda la línea. Tal y como ocurrió esta semana, por igual, con las pretensiones del exdirector anticorrupción de la Fiscalía, cuyos propósitos de transacción con la justicia se fueron a pique por el temple de la autoridad competente.
La Procuraduría General de la Nación ha dicho, claramente, cómo no ha de vencerse ni de caducarse la investigación sobre el caso Odebrecht. Hacer lo contrario sería, de cierto modo, bordear el prevaricato por omisión, así se aduzcan prescripciones que no son del caso. Da fe ello, por cierto, la Fiscalía General de la Nación al decir que no puede haber caducidad en investigaciones que apenas vienen del 2014.
La América Latina, frente a lo que está ocurriendo en Brasil y Perú, exige de Colombia la misma diligencia. Semejante caso, donde se han visto comprometidos diferentes gobiernos al más alto nivel posible, no puede ser motivo de la manga ancha que parecería camuflarse en la prescripción. La política requiere de la recuperación de la confianza ciudadana, gravemente lesionada por circunstancias de este tipo. Los partidos políticos sufren de una erosión generalizada y sin distinción, con motivo de no llegar, en muchos casos, hasta el fondo de los temas. Pero en la cúpula de todo ello palpitan los sobornos de Odebrecht y la evidente correa de transmisión de ellos a partir de la intervención en las campañas presidenciales, lo cual amerita por supuesto que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
No puede el CNE ser cómplice, en forma alguna, de lo que bien han llamado en Brasil la corrupción pasiva, mucho menos sabiendo de antemano la corrupción activa que se dio en estos procedimientos de la cuestionada multinacional y que si no es por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se hubiera conocido nunca.
Tiene entonces en sus manos el CNE la oportunidad de su supervivencia o de la eliminación que se avizora. De sus magistrados depende, ciertamente, su vigencia vigorosa o su muerte por anemia y descréditos comprobados.
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