Por Gabriel Melo Guevara
Especial para EL NUEVO SIGLO
Cualquier persona puede hacer declaraciones dubitativas en relación con la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, menos nuestro abogado, pues la más mínima manifestación suya, distinta del convencimiento absoluto en la solidez de la causa que defiende, socava la posición colombiana frente a los jueces.
Hace poco conocimos las consideraciones “salomónicas” de nuestra distinguida Canciller y ahora aparecen las del profesor australiano James Crawford cuyos conceptos, publicados en un extenso reportaje que concedió a El Tiempo, debilitan la presentación colombiana, por venir de un prestigioso internacionalista australiano, litigante asiduo ante esa Corte y, principalísimamente, por ser nuestro asesor jurídico en este caso.
Colombia defiende la integridad de sus derechos y a este fin deben encaminarse absolutamente todas sus acciones y las de sus abogados. Estos no pueden adoptar una posición neutral, que nos coloque en pié de igualdad con las pretensiones nicaragüenses. Nuestro derecho está respaldado por siglos de historia, consignado en documentos de hace más de doscientos años, ratificado por el ejercicio pleno e ininterrumpido de nuestra soberanía y reconocido por otros países en los tratados públicos que definen nuestra presencia en el Caribe.
Crawford explica, sustentado en el primer fallo de la Corte, que no hay manera de negar que San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen a Colombia. Pero no es igualmente explícito respecto a las demás islas, cayos y bajos: “lo que puedo decir es que muy probablemente Colombia tendrá éxito en validar su soberanía sobre todas las formaciones insulares del Archipiélago”.
El tímido “muy probablemente”, dicho por su propio abogado, golpea a Colombia. Y el “validar” implica que a la soberanía colombiana le falta algo todavía. ¿Acaso no la tiene a plenitud? ¿No la viene ejerciendo sin interrupciones durante más de doscientos años? Si continuamos por ese camino de vacilaciones y dudas, un fallo en contra, respecto a esta parte del Archipiélago o a uno de sus componentes, no es el atropello de un derecho sino una especie de “no validación” de algo que, para consolidarse, se tenía que validar y, por consiguiente, dejaba abierto el campo para una decisión en cualquier sentido.
Mostrar confianza
Cuando le preguntan cuáles son las posibilidades de éxito, el profesor Crawford responde: “No puedo decirle qué va a decidir un tribunal. Hay un dicho que dice que cuando se está ante la Corte y en alta mar, se está en las manos de Dios”.
Es cierto que nadie sabe como saldrá una sentencia, pero el abogado, por lo menos, debe mostrar confianza en la validez de su causa y trabajar decididamente por sacarla adelante. Para lo cual hay que creer en ella, promoverla con la máxima diligencia, sostener las pretensiones con los mejores argumentos, confiar en el buen criterio de los jueces y, por supuesto, hablar con firmeza. Lo contrario es lanzar a su cliente al agua, en alta mar, y esperar a ver qué zona le delimitan para que se ahogue.
El profesor reconoce que “Nicaragua no ha ejercido un solo acto de soberanía sobre el archipiélago y su carencia de títulos –a diferencia de Colombia—es manifiesta” y que “las islas y cayos del archipiélago están muy alejados de la Costa nicaragüense y no es la función de un tribunal internacional la de rediseñar la geografía tratando las islas como si no estuvieran allí”. Entonces ¿por qué cuando le preguntan si hay sentencias de la Corte en las que una parte obtiene el ciento por ciento de su pretensión, responde: “Lo más cerca que ha llegado es en Rumania y Ucrania, donde Rumania obtuvo el ochenta y tres por ciento del área que reclamaba”? ¿Y nada más? ¿Ningún comentario adicional? ¿Se deja flotando el porcentaje como si fuera un tope aceptable?
Si alguien tiene el ciento por ciento de razón, el juez debe reconocérsela completa. El ciento por ciento. Nada, absolutamente nada menos.
Pensar lo contrario es desconfiar de la imparcialidad y rectitud del tribunal, sanear por anticipado cualquier fallo, decirle que puede desconocer una porción de la verdad y no hacer el ciento por ciento de justicia sino apenas el ochenta y tres, bendecir cualquier recorte de los legítimos derechos de la parte que, teniendo del ciento por ciento de razón, debe conformarse con que le reconozcan solo el ochenta y tres, y admitir que la Corte puede regalarle a una de las partes el 17 por ciento de los derechos probados de la otra. Es, en fin, alentar las aventuras de pedir exageradamente, porque alguna cosa se conseguirá y eso, por mínimo que sea, representa una ganancia neta para quien pleitea sabiendo que, aun sin tener derecho, el fallador no lo dejará salir con las manos vacías.
Equivale a decirle a la parte que tiene la razón que su integridad territorial, respaldada en el derecho, en los puros hechos y en los hechos generadores de derechos, de todas maneras saldrá mutilada.
Error grave
Esto es una evidente injusticia y un grave error estratégico y táctico. Peor aun si se trata de lanzar globos de ensayo anunciando la mutilación, inflados con alusiones a juicios distintos, donde países que no intervienen aquí discutieron por motivos diferentes y alegaron otros argumentos.
Estas posiciones flojas nos debilitan ante la comunidad internacional, son un estímulo para que cualquiera intente darle un mordisco a nuestro territorio y abren la puerta para que Nicaragua nos desafíe con patrullajes en el meridiano 82.