Los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna, radicaron el proyecto que modifica la Ley de Orden Público. Con esta trasformación a la Ley 418, el Gobierno espera dar el piso jurídico para adelantar las negociaciones con grupos armados del país.

La iniciativa establece que la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia.

En tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes.

Con esta ley el Gobierno nacional, o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, una ubicación temporal en determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente.

Regiones de paz

Según el proyecto, el presidente Gustavo Petro podrá constituir regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, los diálogos.

De acuerdo al documento, se priorizará en su conformación los territorios de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado. 

Entre las zonas PDET se encuentran los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y Córdoba. 

De igual forma, en los territorios quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso.

De igual manera, las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogos, que tengan por propósito proteger a la población civil de los enfrentamientos armados, así como a quienes no participan directamente de las hostilidades, hacen parte del Derecho Internacional Humanitario.

La ley también señala que los ministerios que conforman el Gobierno nacional deberán definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia.

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Reacciones 

Las reacciones a este proyecto no se hicieron esperar. EL NUEVO SIGLO consultó al senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, quien aseguró que “en esta prórroga de la ley no hay nada del otro mundo, como cada gobierno tiene la posibilidad de meterle su impronta, lo que se hace con esta ley es darle vida a la política de paz total de la que tanto hablaba Gustavo Petro y no se había materializado en nada, lo que significa que la política de paz total queda integrada con la ley de orden público y trae la creación de las regiones de paz, la posibilidad de ir implementando los acuerdos parciales de paz, vuelve el ordenador de gasto de la oficina del alto comisionado, se acaba el archipiélago institucional de la paz y todo queda en la oficina del alto comisionado”.

“Modifica el servicio militar obligatorio, y no es que lo acabe, es que da otras alternativas del servicio, trae un montón de cosas que son nuevas en este proceso”, explicó Ávila.  

El parlamentario dijo, con respecto a las zonas de ubicación de los diálogos, que son las normales que se dan en todo proceso, “para la continuidad, sea con el Eln o sea con estructuras ilegales, es normal como se dieron las zonas veredales la vez pasada con el Eln”, sostuvo.

En lo referente al congelamiento de órdenes de captura y la extradición, dijo que “es lo normal tanto para los negociadores como para los gestores de paz, y una vez se entra en el proceso de paz, y comienza la justicia transicional, eso queda suspendido de forma total”, indicó.

De igual manera, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, mencionó que con este proyecto “se busca crear la figura del gabinete de paz. Por lo tanto, cada ministerio debe tener un componente en su política destinado para la paz”. 

Agregó que en cuanto a “las zonas de distención, que han tenido en vilo a diferentes sectores políticos, dentro del borrador que se reveló se habla de unas zonas donde se ubicará temporalmente a los integrantes de estas organizaciones. No hay tal cosa como ‘pequeños caguanes’, lo que se dice es que se podrá realizar conversaciones exclusivamente dirigidas a temas humanitarios en ciertas zonas del país”.

A juicio del representante Pedro Suárez Vacca, “este proyecto de ley que comienza por la Comisión Primera, de la cual hago parte, y es el primer paso para que alcancemos la llamada paz total”.

“De esta forma da la posibilidad de continuar con diálogos regionales, es decir, la participación de los sectores que han vivido las atrocidades de la guerra, de manera que haya una solución desde las propias víctimas”, indicó.

De igual manera, el congresista resaltó que el proyecto plantea la paz, ya no como una política aislada, sino como una política de Estado, transversal a todos los ministerios.

 “Nuestros jóvenes podrán prestar el servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, para realizar trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz y para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización”, explicó Suárez Vacca.

Borrador del proyecto

El borrador del proyecto de “paz total” para la negociación entre el Gobierno y los diferentes grupos armados al margen de la ley contempla las siguientes modificaciones:

-Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

-Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

-Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

-Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

-Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Es de resaltar que el Proyecto de Ley crea, además, el servicio social para la paz como una alternativa para la prestación del servicio militar.

Finalmente, será el Congreso de la República el que debata para darle luz verde al proyecto que desde ya ha generado polémica en el país.