La financiación del proselitismo será el plato fuerte de la reforma que está tramitando el Congreso

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La lista cerrada, financiación preponderantemente estatal y democratización interna de los partidos son los puntos centrales de la reforma política que llegará en los próximos días a la Comisión Primera de la Cámara para su tercer debate.

Sin embargo, el origen de los fondos que financien las campañas será una discusión clave, porque aunque lo que se ha aprobado en la iniciativa se inclina mayormente a que sea el Estado el que pague el proselitismo electoral, no se dan por vencidos los defensores de que una porción de esos recursos provenga de donantes privados.

Según le dijo a EL NUEVO SIGLO el presidente de la Comisión, el representante por Bogotá Samuel Hoyos, del Centro Democrático, la iniciativa “tiene aspectos muy positivos que además han logrado construir un consenso. Por ejemplo, en la necesidad de las listas cerradas para fortalecer los partidos, para reducir los costos de las campañas, que se han convertido en un factor de corrupción”.

Hoyos manifestó que él espera que el Congreso apruebe la reforma.

Sobre el tema de la financiación, aunque al congresista le parece importante que el Estado lo haga, “porque hemos visto cómo los contratistas financian campañas a cambio de contratos estatales y eso genera un vicio en la democracia y genera corrupción”, también le parece oportuno aclarar que no necesariamente la financiación privada genera malas prácticas, considerando legítima una representación de los sectores. En todo caso, “sí creo que debemos ir a una financiación exclusivamente pública”.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, también del Centro Democrático, afirmó que la reforma que ahora pasa a la Cámara “fue consensuada y que desde luego hay unos temas más de forma que deben ser modificados” en esta nueva etapa del trámite legislativo.

Como lo publicó oportunamente este Diario, la plenaria del Senado cerró la discusión tras negar 22 proposiciones que contenían artículos nuevos, entre ellos los que hablaban de la utilización de mecanismos electrónicos para las diferentes votaciones, del uso del sistema biométrico en el tema electoral y de la integración de un Senado mixto.

La reforma pasa ahora a estudio de la Cámara, donde se debatirán varios temas importantes y debe surtir antes del 14 de diciembre los dos debates restantes de esta primera vuelta.

Así mismo, se espera que se mantenga el espíritu de varios de los artículos del proyecto de reforma política y electoral, como por ejemplo la paridad de género gradual en la conformación de las listas cerradas, la democratización de los partidos políticos y la financiación estatal para las campañas electorales.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alexandra Barrios, manifestó que no se está planteando la eliminación de la financiación privada. Tras reiterar que la financiación debe concurrir entre la estatal y la privada, advirtió que lo que llama la atención es que no hay ni una sola medida que combata la corrupción, con la finalidad de  seguir la ruta de la financiación.

“La reforma política que avanza en el Congreso satisface la necesidad de algunos congresistas y no la necesidad de los ciudadanos”, expresó.

Tras manifestar que, además, se tiene que reformar la estructura del Consejo Nacional Electoral, porque no puede seguir siendo partidista, Barrios señaló que la reforma avanza con mucha dificultad: “Era un compromiso del Gobierno nacional, pero parece que el Congreso no lo quiere cumplir. Apenas está empezando la reforma. Tiene todas las oportunidades para que se puedan adoptar unos correctivos”.

Lo aprobado

La reforma aprobada señala que los ciudadanos no podrán pertenecer a más de un partido o movimiento político y se deben organizar democráticamente. Así mismo, insta a los partidos y movimientos políticos a fortalecer el régimen de bancadas y la democratización interna que debe realizarse en una misma fecha, siendo programada por la Registraduría. La lista de candidatos inscritos será revisada por la autoridad electoral en un plazo máximo de un mes.

Se establece responsabilidad a los partidos políticos por avalar candidatos que hayan sido condenados. Los directivos que no hayan procedido con el debido cuidado o diligencia también serán sancionados. Además, incluye la protección de la personería jurídica de la Farc.

La reforma les garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos y establece que el que quiera cambiarse de partido debe renunciar a su curul con un año de anterioridad. Los parágrafos que permitían el transfuguismo y la división de partidos quedaron eliminados.

Fueron aprobados los requisitos necesarios para obtener la personería jurídica de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. De acuerdo con la iniciativa, estos podrán inscribir candidatos para elecciones departamentales y municipales, acreditando una base de afiliados, según el potencial electoral.

Los estatutos de los partidos regularán el régimen disciplinario interno. De acuerdo con lo aprobado, nadie podrá ser elegido por más de tres períodos en Senado, Cámara, Asamblea, Concejo y Junta Administradora Local.

La plenaria aprobó la financiación preponderantemente estatal y las listas únicas, cerradas y bloqueadas a cuerpos colegiados. Para la elaboración de las listas, se llevará a cabo una votación, a través de un mecanismo de democracia interna acorde con los estatutos de cada colectividad, y la Registraduría fijará una fecha para su realización.

Podrán presentar listas en coalición, los partidos políticos que individualmente hayan obtenido una votación mínima del 15%. A partir de 2019, se debe garantizar el 33% de mujeres en las listas, lo que significa que cada tres renglones serán máximo de dos hombres o mujeres de forma consecutiva, mientras que en 2023 deben estar conformadas de manera intercalada o paritaria. Estas medidas se adoptarán en 2019.

Una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de Iniciativa Congresional, que se destinará a proyectos específicos, aprobados por el Departamento Nacional de Planeación. Será el Congreso con aprobación de las plenarias el que solicite dichos proyectos.