ESTA SEMANA ha sido noticia el lío en que se convirtió para la Cancillería la licitación de pasaportes, por lo cual fue demandada la nación por más de $ 117.000 millones. Se conoció ayer de otro problema en contratación para el Gobierno, pues la Procuraduría solicitó al SENA revocar una que abrió por más de $ 78.000 millones para una plataforma virtual de aprendizaje que sirva en sus procesos de formación, por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso.

Sobre los documentos y requisitos establecidos por el SENA en el proceso del contrato por $ 78.191.230.624 y que tiene un plazo de ejecución de 34 meses, la Procuraduría Delegada Para la Vigilancia de la Función Pública indicó que “si, en virtud de la vulneración del parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y por constituir una irregularidad manifiesta en las reglas del procedimiento de selección, es procedente revocar el acto administrativo de apertura, atendiendo lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011”.

El órgano de control se refirió entre otras preocupaciones a la exigencia establecida por el SENA sobre certificaciones ISO, “las cuales se encuentran expresamente prohibidas por el Estatuto de Contratación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007”, dijo.

Advirtió la Procuraduría que incluir este requisito en la licitación podría “vulnerar los principios de libre concurrencia, pluralidad y participación, cercenando a la entidad al mismo tiempo, la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual”.

Otras licitaciones

La Procuraduría informó ayer que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud) suspendió la licitación del contrato de interventoría para validar los pagos de reclamaciones a las IPS, después de que el órgano de control hiciera advertencias sobre inconsistencias en el proceso de selección.

Para la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la entidad no tuvo en cuenta, dentro del proceso, los factores de ponderación y verificación del ofrecimiento económico.

También se hallaron inconsistencias en la publicación de documentos en la plataforma de Secop y falta de claridad en la información de empresas oferentes.

Así las cosas, la entidad en cuestión, recogiendo las advertencias hechas por el ente de control sobre los riesgos que corre el proceso, decidió suspender la licitación del Concurso de Méritos Abierto Adres-CM- 001-2023, cuyo objeto es “realizar la interventoría integral técnica, administrativa, jurídica, médica y financiera a los contratos de auditoría de cuentas médicas en las zonas del país delimitadas por la Adres”.

Igualmente, el pasado 13 de diciembre, a pocos días de que se adjudique la licitación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica de las personas privadas de la libertad, la Procuraduría advirtió de situaciones que podrían contrariar los principios de la contratación estatal y pidió explicaciones a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-Uspec sobre el cambio de criterios para ítems que ya estaban definidos.

El órgano de control manifestó su preocupación por la expedición de una adenda en la que se modificaron las condiciones con respecto al incentivo a la industria nacional y la asignación de puntajes con el propósito, según denuncias públicas, de favorecer a una de las empresas participantes.

Revisadas las publicaciones en el Secop, asegura el Ministerio Público, se evidencia que se expidió la adenda en la cual la Uspec decide modificar los estudios del sector y los pliegos de condiciones asignándole puntaje a “los proponentes cuyos dispositivos electrónicos y/o solución tecnológica de hardware de rastreo y/o seguimiento GPS y/o vigilancia y/o vigilancia electrónica se produzcan en Colombia de conformidad con el decreto 816 de 2003 y 680 de 2021” y no a la oferta de talento humano.

Otro de los aspectos que preocupan al ente de control es la selección de la interventoría que sigue sin definirse.

Del mismo modo, en septiembre pasado, ante las alertas hechas por la Procuraduría a la licitación para adjudicar el proceso de chatarrización de sus mercancías y bienes, la DIAN decidió aplazar la decisión del proceso, mientras evalúa las observaciones hechas por el ente de control.

Para el Ministerio Público, la DIAN, como entidad contratante, no especificó claramente los requisitos en la selección, omitiendo exigir las autorizaciones previas de habilitación y los permisos ambientales que debe tener la empresa a seleccionar para encargarse de la desintegración del parque automotor y las mercancías de la entidad contratante.