La Contraloría General de la República, por medio de su Delegada para la Población Focalizada, realizó una evaluación a la formulación e implementación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), que evidenció ineficacia de las acciones desarrolladas y los recursos invertidos en este proceso.

Los pueblos indígenas afrontan históricamente, grandes brechas en salud respecto del resto de la población. Por ejemplo, en los últimos 10 años la tasa de mortalidad materna en la población indígena ha sido entre 6 a 2,5 veces mayor que en la población nacional. 

La creación del sistema de salud indígena fue concertada entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas a través de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010-2014”, como respuesta a la necesidad expresada por dichos pueblos, de contar con un sistema que respondiera a las necesidades reales de esta población, respetando y fortaleciendo la diversidad étnica y los conocimientos de la medicina tradicional propia.

Desde entonces, este Plan y los dos siguientes, (Todos por un Nuevo País 2014-2018, Pacto por Colombia Pacto por la Equidad 2018-2022), incorporaron acuerdos y metas específicas para estructurar e implementar dicho sistema, que reiteradamente se incumplieron.  

No existe regulación para operación del SISPI

El sistema fue creado mediante el Decreto Ley 1953 de 2014, ordenando su desarrollo en el marco del derecho fundamental a la salud, en articulación, coordinación y complementación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Protección Social.  Sin embargo, a la fecha, carece de una regulación que permita su operación.

Para este propósito, durante el período 2010-2022, el Gobierno Nacional asignó $20.193 millones (en precios constantes de 2022), de los cuales ejecutó el 47% equivalente a $9.467 millones. Esto indica bajo aprovechamiento de los fondos asignados para la implementación del sistema. 

De manera alterna a este proceso, el Ministerio de Salud y Protección Social en el mismo periodo, también giró recursos por valor de $50.043 millones (en precios constantes de 2022) a Gobernaciones y organizaciones indígenas, para el desarrollo de modelos de salud entendidos como experiencias propias del sistema, en distintos territorios.

Estos modelos se centran en la estrategia de atención primaria en salud, con un enfoque propio e intercultural, basado en la sabiduría ancestral y las prácticas culturales de cada pueblo indígena.

La evaluación permitió establecer que el Ministerio de Salud y Protección Social no lleva una clara identificación de modelos financiados, la población beneficiada, los recursos asignados por modelo y la continuidad de resultados. Esta falta de control dificulta la evaluación y rendición de cuentas efectiva. 

En 5 modelos se concentran los recursos girados 

El equipo evaluador de la Contraloría General identificó, a partir de la diferenciación de los pueblos indígenas y territorios beneficiados, 77 posibles modelos financiados, en 27 Departamentos y el Distrito Capital, pero sólo en 34 de ellos, se identifican comunidades o cabildos beneficiados. 

Los recursos girados se concentraron en 5 modelos: el 48% de los recursos se entregaron para el modelo del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, seguido del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU (10%), Emberá Chamí y Katio Caldas (8%), Wayuu (3%) y Pastos Nariño (2%).  El 28% restante de recursos se destinó a financiar otros 72 modelos.  

Los recursos se asignaron sin criterios técnicos sólidos y transparentes; así mismo, la distribución de fondos no guarda coherencia con los territorios donde se presentan las mayores brechas en salud de la población indígena, lo que podría resultar en una distribución inadecuada e inequitativa de los recursos públicos.

Falencias detectadas por la CGR

Se determinó que los avances en la formulación del Sistema de Salud Indígena, como política pública, presenta falencias como las siguientes:

• Ausencia de un sistema de indicadores sobre las condiciones de salud de los pueblos indígenas que permita medir resultados en este tema.  La Contraloría General de la República identificó que no se han establecido metas, líneas de base e indicadores sobre las condiciones de salud de los pueblos indígenas. Este factor limita determinar de manera objetiva si el SISPI, en articulación con el SGSSS, está maximizando los logros en salud para esta población. 
• Carencia de criterios y mecanismos para la verificación de resultados. Del análisis realizado se encontró que, a pesar de los lineamientos para la formulación e implementación del SISPI en los territorios, no se han identificado criterios y mecanismos efectivos y objetivos para verificar los resultados del Sistema y de los modelos en materia de: (i) logros en salud, (ii) articulación, coordinación y complementación con el SGSSS, (iii) desarrollo y fortalecimiento de la sabiduría ancestral y las prácticas propias en salud, que son elementos fundamentales de su propósito. 
• Falta de estudio de costos y sostenibilidad financiera: se encontró que no se ha realizado un estudio exhaustivo de los costos y la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto. Esto significa que no se tiene una comprensión clara de cuánto dinero se necesita para mantener y operar efectivamente el SISPI a largo plazo, lo que podría resultar en dificultades financieras en el futuro.
• Desarticulación con la UPC Diferencial Indígena: Se observó que, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) diferencial indígena creada para cubrir el gasto en atenciones diferenciales para los pueblos indígenas está desarticulada del SISPI, por cuanto su gestión y manejo depende de las Entidades Promotoras de Salud Indígena (EPSI), que en su mayoría no lideran los modelos SISPI. 

Problemas y dificultades más recurrentes

Por otro lado, la Contraloría General evaluó los avances de 5 modelos de salud específicos como muestra representativa (Modelos de Pueblo Nukak, Pueblo Pijao del Tolima, Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Pueblo Wayúu), a través de visitas de campo con mesas y conversatorios en las que se levantaron diagnósticos participativos (con participación de: Secretarías de salud departamental y municipales, EPS indígenas y no indígenas, IPS indígenas, hospitales públicos, organizaciones indígenas y sus equipos de salud, y Ministerio de Salud), para identificar, entre otros aspectos, las dificultades y problemas en la articulación y complementación de los modelos con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Estos diagnósticos revelaron que los problemas y dificultades más recurrentes que afectan el desarrollo general de los modelos y del SISPI son:

• Debilidades en la articulación, coordinación y complementación en la prestación de servicios de salud individual, porque: sólo las EPS indígenas reciben recursos de la UPC diferencial indígena para la prestación de servicios diferenciales, y el 33% de los indígenas está afiliados a EPS no indígenas; no se han definido criterios para establecer el alcance, la complementación y la transferencia entre la medicina propia, los servicios de salud interculturales y la medicina occidental; las EPS e IPS no indígenas en general no realizan adecuaciones culturales ni prestan servicios culturalmente adecuados y ajustados a las características y necesidades de los pueblos indígenas. 
• Carencia de políticas y programas de formación en enfoque diferencial, del talento humano en salud, lo que genera discriminación, desconocimiento de los saberes y las prácticas propias ancestrales.
• Desconocimiento de los lineamientos para el desarrollo del SISPI, tanto por actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud como de las comunidades indígenas, especialmente en sus bases. Los documentos son muy técnicos y los pueblos indígenas son de tradición oral. 
• Barreras normativas: la normatividad vigente en materia de salud, no se adapta a las características, necesidades y cosmovisión de los pueblos indígenas. 

Todas estas situaciones, conllevan a exhortar por parte de la Contraloría General, al Ministerio de Salud y Protección Social, y a los pueblos indígenas a través de sus espacios de concertación, a revisar el proceso que se adelanta para concluir la regulación y puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural SISPI, a fin de asegurar que se aborden de manera efectiva las necesidades de salud de las comunidades indígenas, y se pueda evaluar adecuadamente su impacto en el bienestar de estas poblaciones.