El senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, recordó que “desde hace varios años vengo denunciando las dificultades que hay en el municipio de Río Sucio, Caldas, que se ha ido agravando todos los días. Hoy tenemos que un municipio fundado por indígenas, negros, mestizos y blancos sufre los rigores de algunos indígenas que quieren imponer su voluntad y están generando un gravísimo conflicto”.

“Nosotros con el representante a la Cámara, Fernando Gómez, presentamos un proyecto de ley para conmemorar los 200 años del municipio, pidiendo la intervención de las autoridades para que este problema social no se vaya a ir a las graves consecuencias que uno puede esperar para un conflicto de tierras entre indígenas y campesinos”, anotó.

Para ilustrar su preocupación, Mejía presentó un video en el que el informativo Telecafé Noticias denuncia “que se presentan irregularidades en los asentamientos indígenas que se convirtieron, precisamente, en repúblicas independientes”.

Según la nota, 1.400 personas que no quieren pertenecer a las comunidades se sienten amenazadas por varios líderes indígenas que presuntamente les quieren quitar la tierra.

Sin embargo, el representante Abel David Jaramillo, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), aseguró que el video y las declaraciones de Mejía ya fueron desmentidas.

“Proyectan un video que desde el canal regional Telecafé retomaron una información afín al partido de gobierno y su posición ideológica. Pero se le olvida al señor Mejía que el movimiento indígena esclarece la información y el canal se retracta por las posiciones sesgadas que había manejado en materia de información”, dijo.

Jaramillo sostuvo que “el movimiento indígena siempre se ha ceñido a la Constitución y a la ley, a la sentencia T-530 de la Corte Constitucional, a la sentencia C-601 de 2011 de la misma Corte que aplica para ese municipio. Es importante que el señor Mejía le diga al país por qué él y el senador Uribe le piden un favor personal, que tiene que ver con el municipio de Río Sucio, a la directora de la Agencia Nacional de Tierras, teniendo en cuenta que es un tráfico de influencias y un prevaricato”.