Nuevas mayorías en Senado y Cámara le permitirían a Casa de Nariño agilizar agenda legislativa para recuperar al país del impacto de la pandemia e impulsar las grandes reformas política, judicial y otros proyectos clave 

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A menos de seis semanas para que acabe esta legislatura es claro que la productividad del Congreso se ha visto fuertemente afectada por la emergencia sanitaria que comenzó en marzo, una vez se detectaron en el país los primeros casos de coronavirus.

Las sesiones del Senado y la Cámara no iniciaron el 16 de marzo y sólo el 13 de abril se reanudaron, pero en forma virtual. Desde entonces la agenda se ha centrado en un alud de debates control político, por demás desordenado, sobre el plan de contingencia. De hecho solo la semana pasada el Gobierno radicó ante el Parlamento el informe oficial de la declaratoria del Estado de Emergencia y los más de 70 decretos dictados a su amparo.

En cuanto a la actividad legislativa como tal, es decir la aprobación en comisiones y plenarias de proyectos de ley y acto legislativo, los resultados son muy parcos. Apenas tres iniciativas (cadena de perpetua para violadores y asesinos de niños, reforma al hábeas data y creación del Área Metropolitana de Bogotá) han sido votadas.

Visto todo lo anterior, desde varios partidos, además de la polémica en torno a si las sesiones deben ser virtuales o presenciales, se han multiplicado las voces que piden acelerar la actividad legislativa. Incluso se ha trae a colación que mientras en otros países latinoamericanos los Parlamentos -con marcos constitucionales distintos- han aprobado legislación de emergencia para enfrentar todos los flancos de la crisis sanitaria, en Colombia el Senado y la Cámara apenas si han realizado un control político desordenado y poco productivo. Es más, algunos congresistas, sobre todo de la oposición, han advertido que el Gobierno ya prepara una segunda declaratoria de Estado de Emergencia (ayer era inminente ese anuncio en la Casa de Nariño), lo que le permitiría al Ejecutivo seguir expidiendo decretos con fuerza de ley y de vigencia anual. Esto, según algunos parlamentarios, abre la puerta a que Duque siga legislando por vía de excepción, desplazando así la facultad propia y natural del Congreso, que ni siquiera ha abordado cuáles decretos podrían ser convertidos en legislación permanente.

Pacto partidista

¿Cómo acelerar la productividad del Congreso? De entrada, como lo anuncia la ministra del Interior, Alicia Arango (entrevista en la página anterior a este informe), ya hay un acuerdo con los presidentes de Senado y Cámara para citar a sesiones extras entre el 20 de junio y el 20 de julio. En otras palabras, no habrá vacaciones legislativas y esas cuatro semanas se dedicarán a recuperar parte del tiempo perdido en el inicio de la legislatura.

Sin embargo, para que ese plan funcione se requiere de un pacto político de amplio espectro entre el Gobierno y las bancadas. Un pacto que defina una agenda prioritaria de proyectos a tramitar, tanto de los relacionados con la estrategia sanitaria, económica, laboral, empresarial y social de mediano y largo plazos para reactivar el país tras el impacto de la epidemia de Covid-19, como de aquellas iniciativas legales y constitucionales que son urgentes, en especial las grandes reformas que se tenía previsto presentar al Parlamento en este primer semestre, como la judicial, política y laboral, junto a proyectos como la reglamentación de la reforma de regalías, la ‘cirugía’ al Sistema General de Participaciones y otras más ya en curso.

Sin embargo, hay que ser realistas: la posibilidad de que los partidos gobiernistas, independientes y de oposición acepten el llamado de la Casa de Nariño a un gran pacto nacional legislativo no es nada fácil. Por lo visto hasta el momento, la polarización política se mantiene en medio de la emergencia sanitaria y ello queda patente en los cada vez más álgidos debates y división de opiniones en torno a la eficacia y falencias del plan de contingencia que está implementando el Gobierno para afrontar la crisis. Las críticas de la Alianza Verde, Polo, coalición de Decentes y Farc contra el Ejecutivo son muy drásticas, al tiempo que el liberalismo (bancada independiente) cada vez es más duro en sus señalamientos.

En ese orden de ideas, la única forma de que un pacto legislativo de alto espectro funcione es que esté sustentado en la coalición gobiernista. Si bien es cierto que, como quedó en evidencia a finales del año pasado, el margen de gobernabilidad del presidente Duque sobre la agenda legislativa era muy estrecho y hasta crítico, con mayorías muy endebles y acumulando varias derrotas legislativas y políticas seguidas (incluso con un ministro que tuvo que renunciar para no ser censurado), ahora la situación es distinta.

¿Por qué? Porque la coalición duquista tendrá el refuerzo clave de Cambio Radical, partido independiente que ahora tiene participación directa en el gabinete, ya que a la designación en febrero de Fernando Ruiz en la cartera de Salud, se sumó la semana pasada el nombramiento de Karen Abudinen como ministra de las TIC. Quedaría pendiente, según trascendió, un acuerdo programático y político entre las partes.

Así las cosas, en el Senado la coalición oficialista, que tenía 54 votos de los congresistas del Centro Democrático, La U, conservadores, Mira y Colombia Justa y Libres (sumando al parlamentario Tamayo, de la ASI), ahora podrá contar con el apoyo de los 16 votos de la bancada de Cambio Radical. Igual pasaría en la Cámara, en donde el bloque parlamentario gobiernista pasaría de los 80 votos actuales a 110, con los 30 votos del partido cuyo jefe natural es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.

Así las cosas, es claro que si se confirma la entrada oficial de Cambio Radical a la coalición duquista, implicando incluso el cambio de estatus de partido independiente a oficialista, la Casa de Nariño contaría con mayorías holgadas en Senado y Cámara para adelantar un acuerdo político-legislativo de alto espectro, que no sólo lleve a confeccionar un paquete de leyes y reformas constitucionales para recuperar el país de la crisis de la pandemia, sino que le permita al Gobierno agilizar la aprobación de otras grandes reformas en el campo político, económico, judicial y otros rubros. Un pacto así salvaría el año legislativo.