Al menos tres males ensombrecen el panorama de la campaña: las amenazas y los atentados, el trasteo de votos y la falta de claridad en la financiación de las distintas aspiraciones

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Faltando poco más de un mes para que los colombianos acudan a las urnas para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles, se puede decir que la campaña electoral entró en su recta final.

El desarrollo de la campaña ha tenido varios lunares, entre los que hay tres que sobresalen por su dimensión y significado.

Violencia

Tristemente la principal característica de esta campaña ha sido la violencia política.

Con corte al 9 de septiembre, el informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) registró un aumento en la violencia electoral que se concentra en siete departamentos, con especial preocupación en Valle del Cauca y La Guajira, con 173 víctimas en 116 hechos victimizantes.

“En otras palabras, de los 20 asesinatos selectivos que se han presentado durante los 10 meses del calendario electoral, el 35%, siete de ellos han ocurrido en los últimos dos meses. Esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios”, señaló la investigación.

Actualmente, los hechos victimizantes se han presentado en 24 departamentos, es decir, el 75% de todo el territorio nacional. Siete de ellos concentran un 62,42% del total de víctimas: Valle del Cauca (24), La Guajira (20), Antioquia (14), Cauca (14), Tolima (13), Bogotá (12) y Nariño (11).

En el caso del Valle del Cauca y La Guajira, zonas que apuntan ser las más críticas en el mapa político y electoral, no han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, sin embargo, todo indica que se estarían reestructurando exintegrantes de grupos paramilitares y de narcotráfico en esos dos puntos, situación que estaría ocasionando un incremento en la violencia electoral.

Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (128), seguido por los asesinatos selectivos (20) y los atentados (17); pero en todo caso continúa ejerciéndose como un mecanismo de competencia política y sobre todo afecta contra los liderazgos de carácter local.

Otro aspecto por resaltar es que en septiembre ha tenido un arranque crítico con un creciente número de víctimas, y es que se deduce que los hechos se han individualizado y se han vuelto más letales, con el fin de sacar del camino a ciertos contrincantes políticos.

Pero para infortuna de las víctimas, gran parte de la identidad de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer: sería el 71% de perfiles no identificados.

El jueves, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, dijo que “en este momento estamos hablando de 1.616 protegidos y adicionalmente tenemos 1.100 solicitudes más” de casi 118.000 aspirantes.

González resaltó que en los comicios de 2015 la UNP brindó esquemas de protección a 473 aspirantes, o sea que para este año la situación “se ha multiplicado” en más de cinco.

“El tema de la seguridad es una percepción, colectiva o individual, y entonces muchos candidatos pueden tener esa percepción porque están en zonas de riesgo”, expresó el funcionario.

Trashumancia

Otro tema que ha sobresalido es el del trasteo de votos. La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló la inscripción de 915.853 cédulas por riesgo de trashumancia.

El presidente del CNE, Hernán Penagos, indicó que la decisión se tomó luego de realizar un cruce de bases de datos con Adres, Sisbén, Anspe, DPS, Uariv, empresas de telefonía móvil, cámaras de comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, jurados de votación y de 43.000 visitas que realizaron comisiones instructoras del ente electoral para verificar la dirección reportada en el trámite de inscripción por cambio de puesto de votación.

“Estas cédulas que se dejan sin efecto es posible que correspondan a figuras públicas. Si llega a ocurrir esto los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas para ser reincorporados al censo. Es mejor pecar por exceso y no por defecto, es preferible reincorporar a 5.000 ciudadanos que permitir que estructuras criminales incidan en los resultados electorales”, aseguró Penagos.

A comienzo de mes, el procurador Fernando Carrillo hizo un llamado a cerrar definitivamente la puerta a empresas criminales electorales que buscan apoderarse de corporaciones públicas con prácticas corruptas: “Gran parte de nuestra responsabilidad como Ministerio Público y de ustedes como jueces y magistrados, es cerrarle las puertas a las empresas criminales electorales, y más en un momento como el presente donde parece que por todas partes comienzan a florecer”.

El mismo día del anuncio del CNE, el Ministerio del Interior indicó que de las 2.060 quejas recibidas por la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), con corte al 13 de septiembre, el delito más reportado en esta etapa preelectoral es la trashumancia con 11,80% de las 15 conductas irregulares más informadas.

Financiación

Un tercer aspecto que ha salido a relucir es que a pesar de que la ley electoral obliga a los candidatos a reportar en tiempo real los ingresos y gastos de sus campañas a través del aplicativo Cuentas Claras que administra el CNE, hasta ahora solo el 3% de los inscritos ha rendido cuentas, según lo advirtió Transparencia por Colombia.

Según la ONG, de los 117.768 candidatos registrados en el aplicativo Cuentas Claras, solamente 3.289 (3%) han reportado sus ingresos y gastos de campañas en el mismo. De los 176 candidatos a gobernaciones, 107 no han cumplido con el registro oportuno y de los 5.186 candidatos para alcaldías, 4.808 lo han pasado por alto.

Detalla Transparencia por Colombia que las listas a cuerpos colegiados son las más atrasadas en el registro de los ingresos y gastos de campaña: el 95% de los candidatos a las asambleas, el 98% de los candidatos a los concejos y el 95% de los candidatos a las juntas administradores locales no han registrado ningún ingreso o gasto de sus campañas.

De igual manera la semana pasada la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó sobre el particular que “la extensión actual de fenómenos como el narcotráfico y la corrupción hacen palpable el riesgo de que dineros de estas actividades ilegales ingresen a las campañas electorales y sean utilizados para tergiversar la libre expresión de los ciudadanos a través de las urnas. A pesar de ello, la MOE señala su preocupación por el poco o nulo control que se está haciendo a la financiación de las campañas electorales”.

Por ello la MOE urgió que se exija a todos los candidatos el reporte en tiempo real de los ingresos y gastos de campaña, y que el CNE y el Tribunal Seccional de Garantías Electorales, con ayuda de otras autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), investiguen la veracidad de los reportes para identificar posibles casos de violación de topes o de financiación de campañas con fuentes prohibidas.