POR VÍNCULOS a supuestos hechos de corrupción durante su administración, el gobernador del departamento de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, fue destituido de su cargo, según anunció ayer la Procuraduría General de la Nación. La sanción también incluye inhabilitación por 8 años, tiempo en el que no podrá ejercer cargos públicos.
A León Flórez se le acusa específicamente de suscribir un contrato de $ 1.700 millones con una persona inhabilitada, quien, además, figura como uno de los principales financiadores de su campaña electoral.
“El mandatario contrató de manera directa el suministro de mercados durante la emergencia por Covid-19, con un particular que se encontraba inhabilitado para contratar con esta entidad departamental por haber contribuido a financiar la campaña del hoy gobernador”, destacó el ente disciplinario.
Además de eso, destacó que “el valor máximo que podía aportar un particular, fuera persona natural o jurídica, era la suma de $ 22.096,965 pesos como cifra tope para no generar la inhabilidad para contratar con la Gobernación de Vichada”.
No obstante, el monto aportado sobrepasó los $ 40 millones, excediendo hasta un 2% del valor establecido por la ley para evitar sanciones al momento de contratar con organismos públicos en Vichada.
Las investigaciones realizadas por los organismos de control y entes disciplinarios revelaron que León Flórez incumplió con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación con el estado, por lo que dicha conducta fue calificada como una “falta gravísima a título de culpa gravísima”.
Asimismo, se supo que, tras la decisión, se interpuso un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular. Y adicionalmente, también se conoció que las indagaciones hechas por el Ministerio Público revelaron que el exgobernador de Vichada estaba al tanto de las contribuciones hechas por el particular durante campaña.
“Se demostró que, al interior de la campaña, se tenía conocimiento de esta contribución y donación en especie y en especial, el disciplinable quien suscribió, en su condición de candidato, el formulario de las contribuciones realizadas por particulares”, apuntó la Procuraduría.
Otras sanciones
No obstante, esta no es la primera vez que la Procuraduría sanciona a León Flórez. En agosto de 2020, el ente disciplinario emitió sanciones en contra del entonces gobernador de Vichada por haber demostrado irregularidades durante el proceso de contratación, el cual evidenció un sobrecosto superior a los $ 300 millones.
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El mencionado contrato establecía las condiciones para la entrega de alimentos durante la pandemia por Covid-19 para pobladores de zonas vulnerables. En aquella oportunidad fue suspendido por cuatro meses.
Según Procuraduría, el gobernador no cumplió con su deber, permitiendo la celebración de dicho acuerdo sin siquiera verificar “el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad”.
La función del contrato era adquirir ‘mercados básicos’ para zonas vulnerables en los municipios Cumaribo, Puerto Carreño, Santa Rosalía y La Primavera, los cuales serían entregados a la población en medio de la pandemia. El valor del contrato era de $ 1.714.041.000.
En esa oportunidad, se determinó que hubo una “deficiente planeación en la etapa precontractual”, por medio de la cual se incluyeron costos que no fueron justificados y que también resultaron ser inconvenientes en aspectos de relevancia como impuestos municipales, bodegaje, embalaje, logística y cargue, generando un sobrecosto de $ 312.103.470.
Otros gobernadores
De igual manera, otros dos gobernadores en este período también han salido del cargo: en el departamento de Arauca, José Facundo Castillo, quien fue destituido por la Procuraduría General de la Nación, y, Nemesio Raúl Roys Garzón en La Guajira, debido a que el Consejo de Estado declaró nulo el acto de elección al determinar que incurrió en doble militancia.
José Facundo Castillo, de Arauca, fue capturado en abril del año 2021 investigado por supuestos nexos con el Eln.
La Fiscalía imputó a Castillo por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos.