UNO DE los principales elementos que definieron las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022 fue la explosión de personerías partidistas, así como de movimientos significativos de ciudadanos que compitieron en esos comicios.

Como se sabe, en marzo de 2022, antes de las elecciones para Congreso, había 22 partidos y movimientos políticos con personería jurídica, pero después, a raíz de los resultados de los comicios parlamentarios y presidenciales, se presentó un aumento sustancial, ya que entraron a tener vigencia poco a poco otras colectividades. Entonces, para diciembre del mismo año se contaba con 29 partidos reconocidos, mientras que para diciembre de 2023 eran al menos 38.

Una de las organizaciones que lograron legitimidad por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana, que obtuvo el reconocimiento al cual había renunciado años atrás aduciendo las difíciles condiciones de seguridad para hacer política en el país.

En 2021 se presentó un caso emblemático sobre la entrega de personerías. A partir de dos reclamaciones al respecto se generó la jurisprudencia que derivó en la explosión de este tipo de reconocimiento: una fue una tutela que presentó Gustavo Petro para que le fuera concedida al movimiento Colombia Humana, fundamentada en que en el pasado Congreso él llegó al Senado y Ángela Robledo a la Cámara por el estatuto de la oposición, que establece esta posibilidad a quienes integren la fórmula a la Presidencia que obtenga la segunda votación.

El Consejo de Estado y el CNE le habían negado a Colombia Humana la personería, fundamentados en que los más de ocho millones de votos que obtuvo Petro en 2018 fueron a la Presidencia y no al Congreso.

Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que de todas formas las curules en el Congreso que obtiene la fórmula que perdió en las elecciones a la Presidencia son un "mandato representativo" y por ello ordenó le concedieran la personería jurídica a Colombia Humana, lo que sucedió en octubre de 2021.

De la misma manera, en octubre de 2022 la Corte Constitucional ordenó reconocer la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, debido a que la violencia de la que fue objeto su militancia –comenzando por el asesinato de dos de sus fundadores, Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla– afectó su ejercicio político.

Las personerías jurídicas

De igual forma, obtuvo personería jurídica Esperanza, Paz y Libertad, perteneciente a un grupo desmovilizado de la guerrilla en los 90. Independientes, agrupación política encabezada por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, también alcanzó reconocimiento, al lograr con Álex Flórez una curul en el Senado de la República a través de la lista de la coalición del Pacto Histórico.

Otro partido en lograr personería jurídica luego de las elecciones de 2022 fue Todos Somos Colombia, encabezado por Clara López. Como se sabe, esta organización fue tomada en cuenta luego de que la exministra consiguiera una curul en el Senado por medio de la lista del Pacto Histórico.

El partido Creemos, del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue reconocido por el CNE, tras obtener en las últimas elecciones presidenciales al menos 5 millones de votos.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, también fundó su partido, denominado Gente en Movimiento. El reconocimiento fue logrado con el alegato de que su militancia fue objeto de la violencia. Es que el padre del alto funcionario, el entonces parlamentario Óscar Tulio Lizcano, estuvo secuestrado por la entonces guerrilla de las Farc.

Del mismo modo, el CNE restituyó la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia (PTC), que fue fundado en los años 70 en Medellín por organizaciones estudiantiles.

Si bien en las elecciones parlamentarias de 2022 el excongresista Roy Barreras se cobijó en el Pacto Histórico, después de esos comicios el CNE le otorgó personería jurídica al partido Fuerza de la Paz, el cual fundó junto con su exesposa, Gloria Arizabaleta.

Como se sabe, ambos fueron avalados por la Alianza Democrática Ampliada (ADA). No obstante, luego de obtener sus respectivas curules en el Congreso, anunciaron la conformación de su propia coalición.

Por su parte, Piedad Córdoba, quien falleció en enero de este año cuando era senadora, había manifestado la decisión de constituir su propio partido político. Se trata de Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, Unidad, Dignidad y Autoestima de los Negros, Poder Ciudadano, organización que empezó a gestarse en el año 2000, cuando ella hacía parte del Partido Liberal.

El revés de algunos partidos

Después de la explosión de partidos en el país tras las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022, el Consejo de Estado ha decidido este año quitar el beneficio a varias organizaciones políticas, reconociendo como válidas, hasta ahora, 34 formaciones.

El pasado 18 de abril, dicho tribunal retiró la personería jurídica a los movimientos Creemos, de Federico Gutiérrez, y Todos Somos Colombia, de Clara López.

El alto tribunal dijo que no tiene razón de ser la tesis del CNE de darle aval a un movimiento significativo de ciudadanos por el hecho de que hizo parte de una coalición que superó el umbral en las elecciones legislativas, en la cual se alió con partidos que tienen este reconocimiento.

El pasado viernes, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en decisión de única instancia, declaró la nulidad de las resoluciones 5527 del 15 de diciembre de 2022 y 1929 del 8 de marzo de 2023, expedidas por el CNE, por medio de las cuales se reconoció la personería jurídica al partido político En Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo, y se ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica.

Respecto a ello, la Sala refirió que el acto demandado desconoció las exigencias del inciso 5º del artículo 262 constitucional, al tener como fundamento la firma del acuerdo «Alianza Verde Centro Esperanza» por parte del representante legal de En Marcha. Se resaltó que, conforme a dicha norma, para hacer parte de coaliciones con el fin de presentar candidatos a corporaciones públicas se requiere contar con personería jurídica, atributo del cual carecía la referida organización política.

Además de la liquidación de partidos políticos se presenta otro escenario de cara a las elecciones de 2026, que es la advertencia sobre el Pacto Histórico de no poder participar en dichos comicios.

La posibilidad de que la coalición petrista sea la gran ausente en las próximas votaciones se debe a que no consiguió en las regionales de octubre de 2023 los mismos buenos resultados que en las parlamentarias y presidenciales de 2022, situación que puso en entredicho las estrategias con las que ocuparon la mayoría en el Congreso y con las que llevaron a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Es por esta razón que en el Congreso de la República transita un proyecto de transfuguismo, que permitirá a los congresistas cambiar de organización política por única vez sin incurrir en doble militancia, pero para ello se necesita que la propuesta sea aprobada por mayoría en menos de seis semanas, que es el tiempo que queda de esta segunda legislatura.

Como mucho se ha dicho, la iniciativa es crucial para el Pacto Histórico en un intento por ser un solo partido político. Aun cuando esta coalición ha sido conformada por varias organizaciones sin intención de dejar sus respectivas personerías, existen en ellas congresistas que sí se verían perjudicados, por lo que prima su intención de cambiar de colectividad.

<RECUADRO>

El pleito de la Alianza Verde

Constantes pleitos en la Alianza Verde ponen en riesgo de escisión a este partido. Las pugnas en su interior son básicamente ideológicas. Existe una parte que desea pasar a la independencia, mientras que otra quiere continuar en el Gobierno.

Por un lado, congresistas como Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Jota Pe Hernández defienden la tesis de que la colectividad se salga de la coalición de gobierno y marque distancia frente a Petro, demostrándolo con su oposición a las reformas en el Congreso. Otros, como Ariel Ávila e Inti Asprilla, por el contrario, han manifestado apoyo al Ejecutivo.

El destino del partido se decidirá luego del 20 de julio, le dijo a EL NUEVO SIGLO el senador Jota Pe Hernández. Y en caso de una división, desconoce quién se quedará con la personería.

Las pugnas de los verdes se agudizaron esta semana, luego de las denuncias del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, quien, por el escándalo de corrupción de carrotanques, vinculó al presidente del Senado, Iván Name, y a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz. Los dos hacen parte de dicha organización.

El escándalo alcanzó enormes proporciones, tanto que la senadora Angélica Lozano acusó, en un principio, al gobierno Petro de mantener secuestrada con cargos la coalición, razón por la que se había hecho difícil su tránsito a la independencia.

Después, dos figuras prominentes de la Alianza Verde, Antanas Mockus y Claudia López, ambos exalcaldes de Bogotá, renunciaron, al considerar que el partido estaba alejándose de sus principios y filosofías. Como era apenas obvio, en pleno el partido ordenó investigar y expulsar a los señalados.