En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación alertó que las instituciones encargadas no están cumpliendo los compromisos adquiridos para atender la problemática ambiental y de gestión del riesgo en la ladera norte del Río Otún, argumentando temas presupuestales, de contratación y el cambio de gobierno.

En comunicación enviada por la Delegada de Asuntos Ambientales al gobernador de Risaralda, los alcaldes de Pereira y Dosquebradas, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y el gerente de Serviciudad, la entidad cuestionó el hecho de que según las actas no se evidencian mayores avances.

El Ministerio Público señaló que siguen sin tomarse medidas frente a las viviendas y establecimiento comerciales que vierten sus aguas residuales a la ladera, y que no se ha reemplazo la estructura hidráulica que evacúa las aguas pluviales y que podría colapsar en cualquier momento.

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En el mismo sentido ratificó que hasta el momento no se han reubicado a las personas que habitan en cercanías de la zona, ni gestionado los estudios técnicos sobre la ladera norte, necesarios para la realización de las obras.

Sobre la solicitud de información que hiciera desde marzo sobre los avances de las medidas adoptadas, en aras de evitar que se repita una situación como la que en 2022 provocó pérdidas humanas y materiales, la Procuraduría resaltó que no ha habido una actuación coordinada, en ocasiones no asisten a los espacios de trabajo concertados y proceden de manera negligente. 

Finalmente, el organismo de control reiteró la urgencia de atender de manera inmediata para contrarrestar los factores de riesgo y se garanticen los derechos colectivos de la comunidad y la conservación y cuidado del medio ambiente, especialmente ante el anuncio del incremento en las lluvias previsto para el segundo semestre de 2024.